Poco a poco, la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha comenzado a hacer suya la poderosa institución de la Fiscalía General del Estado. Movimientos cuidadosos que deben enmarcarse en el contexto de una sentencia que ha inhabilitado a su antecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, a raíz de un polémico asunto sobre la información relativa a un procedimiento que implica a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid y líder espiritual de buena parte de la extrema derecha española.
De hecho, uno de los primeros cambios de comportamiento del ministerio público ha sido su política de comunicación, que ha pasado de cierta apertura hacia la transparencia a volver a cerrar las puertas de una información general y generosa. Sea como sea, más allá de su equipo técnico, Peramato ha nombrado los 17 primeros cargos o destinos con peso dentro de la estructura jurisdiccional española.
Una selección y nombramiento que ha procurado no abrir batallas entre sectores, pero tampoco premiar al sector más duro de la fiscalía, como los defensores de la inaplicación de la amnistía. Además, dos de los nombramientos son importantes para la fiscalía destinada a Cataluña. La Fiscalía Superior de Cataluña que dirige el eterno Francisco Bañeres ve cómo fiscales formados en su jurisdicción alcanzan altos niveles de poder en la alta judicatura española.
Diecisiete cargos de altura
Así, en el Consejo Fiscal celebrado el pasado viernes, Peramato anunció el nombramiento de 17 cargos de altura del ministerio fiscal, que propondrá al gobierno español para que sean confirmados. Unos nombres que provienen de la selección entre los 86 candidatos que se presentaron. Teóricamente, la elección se ha hecho sobre la base de criterios técnicos, de conocimiento, experiencia y de los planes de actuación presentados por cada candidato y si se alineaban con lo que se conoce como «política criminal de la fiscalía».
En primer lugar, Peramato nombró como fiscales de sala, jefes de sección penal de la fiscalía en el Tribunal Supremo. Uno de los lugares de los podios operativos de los fiscales más valorados. Los elegidos han sido José Javier Huete Nogueras, fiscal desde 1981 y que conoce bien la sala Penal del Tribunal Supremo, donde ha trabajado desde 1997 hasta ahora, salvo los cinco años que fue Fiscal de Sala Coordinador de Menores de la Fiscalía General del Estado, desde 2015 hasta 2020.
Otro de los fiscales de sala en jefe será Ana Isabel García León, que ingresó en la carrera fiscal en 1999 y su primer destino fue la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de donde saltó a la de Madrid y luego a la Secretaría Técnica de la Fiscalía, donde ahora ejercía de fiscal de sala en jefe. El otro nombramiento ha sido para María Farnés Martínez Frigola, fiscal desde 1986 que, después de estrenarse en la fiscalía de Donostia, fue destinada a Canarias, donde ha desarrollado toda su carrera al acecho de casos de corrupción. Entre los nombramientos de especialización, Peramato ha elegido como fiscal de sala de delitos contra el medio ambiente a un especialista como Javier Rufino, que hasta ahora llevaba la secretaría técnica de esta materia. Y como fiscal de sala de personas mayores y discapacitadas, María José Segarra, exfiscal general del Estado y una pionera en la materia.
Más infantería en el Supremo y la Audiencia Nacional
Como fiscales del Tribunal Supremo, Peramato ha elegido a Antonio Colmenarejo, que es fiscal desde 1993 y hasta ahora también prestaba servicios en la Secretaría Técnica de la Fiscalía. En este equipo en el Supremo también añade a María Isabel Gómez López, que ingresó en la carrera fiscal en 2002, especializada en delitos de odio y discriminación y en el orden contencioso administrativo.
El tercero de este equipo será Diego Villafañe Díez, que proviene de la cantera catalana. Villafañe fue nombrado fiscal en 2007 y su primer destino fue Gavà. Tras una estancia en León, regresó a Cataluña, a Badalona, y posteriormente a Hospitalet de Llobregat. Finalmente se integró en la fiscalía de Barcelona, pero en 2020 se incorporó a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General como responsable de «doctrina».
Se añade a la nómina catalana de los ascensos a Beatriz López Pesquera, fiscal desde 2007 y que tuvo como primer destino Mataró. Luego fue enlace de delitos económicos de la Fiscalía de Barcelona. En 2018 se incorporó como miembro de la fiscalía de Barcelona y en 2020 también ingresó en la Secretaría Técnica, donde coordinaba el grupo europeo de fiscalía.
TC y especializadas
Por otra parte, Peramato también ha nombrado fiscales de las fiscalías especiales Antidroga, como Marcelo Juan de Azcárrega, forjado en la persecución del narcotráfico en Galicia y actualmente en comisión de servicios en la Fiscalía Especial Antidroga. En cuanto a la Fiscalía Especial contra la Corrupción, se integra otra fiscal con hoja de servicios en Cataluña, Virna Maria Alonso Fernàndez, que al ingresar en la carrera fiscal en 1999 fue enviada al TSJC. También se encontraba en comisión de servicios en esta fiscalía.
En cuanto al Tribunal Constitucional, Peramato ha propuesto a Raquel Muñoz Amanz, una fiscal con diversas especializaciones, así como a Ignacio Rodríguez Fernández, que ejerció en Hospitalet antes de ser nombrado en 2014 letrado del Tribunal Constitucional. Por otra parte, ha elegido a Santiago Mena, que también ejerció en Cataluña, como fiscal superior de Castilla y León, así como los fiscales en jefe de Córdoba, Fernando Sobrón; de Palencia, Arturo Cerrillo y de Guipúzcoa, Mercedes Bautista.
