Nuevo frente judicial y político en Tarragona después de la victoria del exmiembro de Cs y ahora del PSC Rubén Viñuales en las elecciones municipales. El pasado 28 de junio, el nuevo alcalde firmó un decreto de alcaldía que ordenaba la retirada del consistorio tarraconense como parte personada y perjudicada en el caso Inipro. Un sumario con más de diez años de investigación que está a punto de tener fecha de juicio oral a la Audiencia de Tarragona. Una causa donde se pide prisión por varios delitos de corrupción al exalcalde socialista Félix Ballesteros y parte de su equipo de confianza, que ahora vuelve a estar por los pasillos del Ayuntamiento. El grupo municipal de ERC, que instó la personación en la causa, ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el decreto de alcaldía y ha pedido medidas cautelares para que se suspenda su efecto y que el Ayuntamiento continúe como acusación particular.
En un auto, al que ha tenido acceso El Món, la titular del juzgado del contencioso–administrativo 1 de Tarragona, Eila Soteras, ha admitido el recurso y ha dado tres días al Ayuntamiento de Tarragona para que alegue lo que considere pertinente. Además, ha notificado a la Audiencia de Tarragona, que tiene sobre la mesa el sumario, la presentación de este recurso y la petición de las medidas cautelares. Es decir, la jueza avisa el órgano jurisdiccional que, si le llega el desistimiento del Ayuntamiento, se espere a decidir hasta que su juzgado contencioso resuelva sobre la legalidad de la orden de retirar la personación el consistorio. El procedimiento ahora entra en una nueva dimensión después de que ERC y CUP, en cierto modo impulsores de la investigación judicial del caso Inipro, no escondieran su indignación por la decisión de Viñuales. En su momento, el PSC ya abonó las responsabilidades civiles pedidas cautelarmente por el juez instructor a los implicados del caso.
Un decreto que ya dicta sentencia
El contenido del decreto de alcaldía ha acabado de espolear al grupo de los republicanos a presentar el recurso, no solo por lo que califican de «clamorosos defectos de forma» –como por ejemplo que es una decisión que no ha pasado por plenario–, sino también por su contenido. Así, el decreto llega a afirmar que
El decreto, además, justifica la decisión porque «sería un contrasentido que el Ayuntamiento, ante la creencia de la carencia de responsabilidad penal, ejerza una acusación que la reclame». «Y todavía es más difícil de justificar la inversión de dinero público ante el convencimiento de carencia de responsabilidad penal», concluye. Y arguye que en caso de responsabilidad civil del Ayuntamiento, que no penal, ya está el ministerio fiscal para procurar su cumplimiento o condena.
Con el recurso, ERC alega el incumplimiento de la normativa municipal para aprobar un decreto de alcaldía de estas características y después de un proceso instructor donde el Ayuntamiento ha tenido un papel fiscalizador para constatar el dinero público supuestamente gastado en campañas de imagen encubiertas para potenciar la figura de Ballesteros en diferentes procesos electorales. De aquí que, además de señalar los defectos formales del decreto y de su contenido, diametralmente opuesto al del ministerio público, acusaciones e incluso juez instructor, ERC pida la inmediata suspensión de la orden del alcalde. También solicita medidas cautelares y la jueza lo ha trasladado al consistorio para que haga sus alegaciones. Además, ya ha enviado esta petición y el recurso a la Audiencia de Tarragona para que pare la oreja al que decida el juzgado del contencioso–administrativo. Si se aceptan las cautelares, de momento, el decreto quedaría sin efecto y el Ayuntamiento continuaría personado.
