Josep Pagès y Jordi Matas, ambos profesores de la Universidad de Barcelona, han presentado sendos escritos en los juzgados reclamando a los jueces que les apliquen la amnistía después de que hayan pasado con creces los dos meses previstos por la misma ley. En dos escritos, muy duros, la defensa de los dos profesores que están procesados por actuar como síndicos del referéndum del Primero de Octubre recuerdan a la judicatura la aprobación de la ley y la inacción a pesar de las reiteradas peticiones de aplicación. En este marco, los abogados defensores, Gonzalo Boye e Isabel Elbal, alertan que los responsables judiciales de los casos están «incurriendo en una dilación clara e indebida y, todo esto, sin perjuicio de las responsabilidades que se puedan exigir fuera del presente procedimiento».
De hecho, los escritos dirigidos al Juzgado Penal 11 de Barcelona, de cinco páginas y a los que ha tenido acceso El Món, aseguran que «las dilaciones indebidas son claras y la decisión de no tramitar ni resolver la petición también». Un hecho que les lleva a «exigir» la aplicación de la ley del olvido penal para que, como mínimo, queden abiertas las posibilidades tanto de recurso de amparo directo ante el Tribunal Constitucional como el ejercicio de las acciones legales que se consideren oportunas. «Creemos que hemos llegado al punto en que la paciencia deja de ser una virtud», advierten las defensas que reprochan que el juzgado incluso omitió la posibilidad de presentar una cuestión prejudicial a la justicia europea o al Tribunal Constitucional.
El caso de los Síndicos del 1-O es un caso complejo. Los cinco – Tània Verge, y el jurista Marc Marçal; Marta Alsina; Josep Pagès y Jordi Matas fueron juzgados y absueltos de desobediencia y usurpación de funciones. Pero tras un recurso de la fiscalía, la sección octava de la Audiencia de Barcelona ordenó repetir el juicio al estimar la nulidad de la vista. Se pidió un esclarecimiento de la sentencia porque era confusa respecto al recurso que se podía interponer. Una vez aclarada la duda, prosiguió el procedimiento para celebrar un nuevo juicio. Entre tanto, cambiaron las defensas, además, se añadió un problema de aforamiento porque Pagès es diputado en las Cortes, y por lo tanto, le correspondía el Tribunal Supremo, o Tània Verges, como consejera le correspondía el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Como el nuevo juicio no se ha celebrado, la causa se mantiene aún en el Juzgado 11, que es donde creen las defensas que se debe aplicar la amnistía.
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