El Estado lleva dos semanas sentando en el banquillo a las dos Españas. Por un lado, el juicio por las comisiones en la compra de material sanitario durante la pandemia al exministro de Transporte y ex mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE, José Luis Ábalos. Una vista oral celebrada en la sede del Tribunal Supremo. Y un segundo juicio, el de la operación Kitchen, en este caso en la Audiencia Nacional (AN). Un asunto que destapó las cloacas policiales y que supone un salto cualitativo, ya que un exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su secretario de Estado, Francisco Martínez, utilizaron la policía patriótica para ocultar pistas de la corrupción de su partido. Un caso que se podría calificar de metacorrupción.
De momento, la vista oral de la causa Kitchen lleva dos semanas con el menú bien lleno, pero los platos más fuertes -políticamente hablando- llegarán esta semana. De hecho, a partir de este lunes se celebrarán las declaraciones más esperadas y donde las defensas afilarán el lápiz para argumentar que, simplemente, cumplieron órdenes políticas para recuperar información delicada sobre la financiación irregular del PP. Una operación que consistía en sustraer los famosos «papeles de Bárcenas», es decir, los documentos que constataban las irregularidades de los populares, por las cuales, al final, el partido fue condenado como partícipe a título lucrativo por la trama de corrupción de la Gürtel, lo que propició la moción de censura contra Mariano Rajoy y el ascenso al poder de Pedro Sánchez en el verano de 2018. Un poder que, a trompicones, aún conserva el líder socialista.
De Rajoy a Cospedal
Esta semana, la tercera de la vista oral, la programación en la Audiencia Nacional será intensa. Subirán al estrado para declarar el expresidente del gobierno español Mariano Rajoy; el extesorero del PP Luis Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, y la exsecretaria general de los populares y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. De hecho, tanto las acusaciones populares como el ministerio público quisieron imputar y procesar a la exministra de Defensa, pero el juez de Instrucción, Manuel García-Castellón, ahora jubilado, se negó rotundamente. Ahora el tribunal ya no tiene margen para ampliar el número de procesados, tal como reclamaba la representación del PSOE, acusación popular en el juicio.
Tanto Rajoy como Cospedal no testificarán hasta el jueves, el mismo día que el exministro del Interior que sucedió a Fernández Díaz y ariete policial contra el 1-O, Juan Ignacio Zoido. El día anterior, sin embargo, habrán declarado –si nada cambia– el empresario Ignacio López del Hierro, exmarido de Cospedal y amigo del comisario de inteligencia ahora jubilado José Manuel Villarejo, además de Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid), y el abogado Javier Iglesias, alias el Largo. El martes, terminarán de explicarse varios policías que participaron en la instrucción. El juicio no terminará esta semana: la lista de 150 testigos va para largo y, si la presidenta del tribunal, Teresa Palacios se mantiene firme, no terminará hasta el 30 de junio.
Una semana intensa
La tercera semana viene precedida de dos semanas intensas. Una primera, dedicada a las cuestiones previas y los agujeros negros de la instrucción así como al debate sobre si el caso debe ser juzgado por la Audiencia Nacional. Y una segunda, donde comenzó a servirse el corte. El lunes de la semana pasada, el inspector del Cuerpo Nacional de Policía que coordinó la investigación se llevó el titular. El tip 116967, que tenía el sumario en la cabeza, implicó a Mariano Rajoy en la trama, y recordó los audios y las grabaciones en los que lo llaman «el Barbas» o «el Asturiano«.
Los policías han tenido bastante protagonismo describiendo cómo construyeron la trama para convencer y fichar con fondos reservados a Sergio de los Ríos, el chófer de Bárcenas, para poder cumplir la misión de robar los documentos. Así, radiografiaron a lo largo de 12 horas de declaración cómo fueron los controles y los seguimientos al extesorero del PP y a su esposa, y qué papel central ha tenido en la investigación no solo Villarejo, sino el ministro del Interior, su segundo, Martínez, y el exdirector adjunto operativo (DAO) del CNP Eugenio Pino, condenado por la única sentencia contra la operación Cataluña en el marco del caso Pujol. Ignacio Cosidó, director general de la Policía en el momento, solo es testigo en el caso y en su declaración aseguró que no tenía ningún conocimiento de este operativo.
Penas altas
El juicio viene marcado por una petición de penas bastante altas por parte de la Fiscalía Anticorrupción. En este sentido, pide 15 años de prisión y 33 años de inhabilitación para Fernández Díaz por los delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad. Para su número dos, para el ex DAO y para Andrés Gómez Gordo, jefe de seguridad de Cospedal, 15 años de prisión. Para Villarejo, solicita 19 años de prisión, para Ríos 12 años y cinco meses de prisión y la nulidad de su nombramiento como agente de policía sin pasar por una oposición regular. Y, para el exjefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, dos años y medio de prisión. También están acusados los inspectores policiales José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez y el comisario José Luis Olivera, pero solo por las acusaciones populares y particulares, porque la Fiscalía pidió el archivo de la acusación contra ellos al considerar que no había «suficientes indicios» de su implicación en el caso.
