Dentro de quince días se cumplirán dos años del regreso fugaz a Cataluña del presidente en el exilio, Carles Puigdemont. Fue aprovechando el debate de investidura del 8 de agosto de 2024, en el que se acabó eligiendo como presidente al actual inquilino de la casa dels Canonges, Salvador Illa. Aun así, hay efectos colaterales del regreso que todavía persisten. Como el procesamiento de los tres mossos que supuestamente acompañaban a Puigdemont en su regreso. Una causa que fue archivada, pero que el pasado 3 de julio la Audiencia de Barcelona obligó a reabrir. A este caso, se suman los once expedientes sancionadores que el Departamento de Interior, dirigido por la consejera Núria Parlon, mantiene abiertos contra ciudadanos participantes en el acto de bienvenida al presidente en el exilio.
Así lo expone la misma consejera en una respuesta parlamentaria al portavoz de Junts en la comisión de Interior, Josep Rius, a la cual ha tenido acceso El Món. En el texto, Parlon informa de los once casos que tiene sobre la mesa la Dirección General de Administración de la Seguridad. De los tres casos incoados, tres se dan por cerrados por pago voluntario de la multa por parte de la persona denunciada. Los otros ocho continúan en tramitación. Todos los expedientes se abrieron por supuestas infracciones de la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza. Ahora bien, Parlon no concreta qué hechos son la base de los expedientes en la respuesta parlamentaria.
Expedientes con «proporcionalidad»
En las explicaciones, la consejera insiste en que los expedientes se han tramitado de acuerdo con los «principios de irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, concurrencia de sanciones y de legalidad». Solo apunta que los expedientes se abrieron por «resistencia a la autoridad» y «desobediencia». Una conducta que asegura se «registró» y que las imágenes y unos atestados explicativos fueron remitidos a la autoridad judicial, sin que hasta el momento haya ninguna diligencia judicial abierta. De hecho, unos manifestantes fueron denunciados e incluidos en un procedimiento de instrucción judicial que finalmente fue archivado. Fue el caso conocido como «la mordida», porque un miembro de la Brigada Mòbil aseguraba que un manifestante lo había mordido cuando intentaba contener la línea policial.
En todo caso, Parlon insiste en que las identificaciones y apertura de los expedientes son el resultado de un «dispositivo policial» que tenía «como principal objetivo garantizar el normal desarrollo de la actividad parlamentaria, preservar la seguridad de las personas asistentes y evitar incidentes de orden público derivados de la concurrencia de diferentes movilizaciones convocadas ese día, así como de la elevada concentración de personas alrededor del Parlamento de Cataluña». Un detalle interesante, porque según Parlon el dispositivo policial nunca tuvo como objetivo la detención de Carles Puigdemont.
En esta línea, justifica las identificaciones porque «en el transcurso de las movilizaciones se desarrollaron situaciones de tensión operativa sobre los dispositivos policiales de seguridad, así como varios intentos de acceso no autorizado al interior del parque de la Ciutadella». Una circunstancia que, según la consejera, «requirió la adopción de medidas policiales dirigidas a contener estas actuaciones y a garantizar la seguridad del espacio protegido». Unas identificaciones que se llevaron a cabo de manera «individualizada y vinculadas a conductas concretas observadas por los efectivos policiales actuantes». Ahora bien, según explican algunos de los afectados, las resoluciones de incoación son idénticas para los 11 manifestantes sin especificar cuál fue su actuación concreta por la cual fueron identificados.
