El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha rechazado por quinta vez apartarse de la causa contra Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. En su resolución, Llarena tumba la recusación de los exiliados porque la considera “manifiestamente infundada” y les acusa de presentarla solo para atrasar una futura orden europea de detención, que el juez considera previsible desde el punto de vista procesal.
Los tres eurodiputados de Junts pidieron la recusación de Llarena por una conferencia que el magistrado pronunció en la Facultad de Derecho de Burgos, donde, según los exiliados, expresó su opinión sobre una hipotética amnistía y dio a entender que intentaría impedir la aplicación en la causa que instruye. El magistrado también recuerda que los exiliados han intentado recusar a la práctica totalidad de los jueces de la Sala de lo penal del Supremo y a buena parte del Tribunal Constitucional.
Los motivos de Llarena: conferencia académica y falta de competencias
Llarena insiste que impartió la conferencia en un contexto académico y se limitó a hacer un análisis de los criterios técnicos básicos que hay que aplicar para supervisar la constitucionalidad de cualquier norma. También defiende que en ningún momento se trató el caso concreto de una ley de amnistía. El magistrado argumenta que no avanzó ningún posicionamiento procesal. En cualquier caso, Llarena entiende que su imparcialidad no está comprometida.
“La actual causa de recusación busca apartar inmediatamente el instructor especulando sobre mi posicionamiento ante una previsión legal que no existe y que puede no llegar a existir, de forma que esta consideración no tiene hoy ninguna relevancia para la causa”, dice. El magistrado señala que, aunque se llegara a aprobar una ley de amnistía, él no tiene competencia para resolver sobre su constitucionalidad. De hecho, ni siquiera puede plantear una cuestión de constitucionalidad para que se pronuncie el TC.
