La Policía Nacional ha realizado varias entradas y registros en domicilios particulares y dependencias del Ayuntamiento de Sitges por presuntas irregularidades en la adjudicación de subvenciones y contratos a dos entidades, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El Juzgado de Instrucción 8 de Vilanova i la Geltrú investiga a la alcaldesa de Sitges, Aurora Carbonell (ERC), y a 12 personas más, entre ellas ocho regidores municipales del periodo 2017-2022. Se les acusa de prevaricación, malversación y falsedad documental. De momento se han producido cuatro detenciones, entre ellas el regidor de ERC, Jaume Monasterio, así como el secretario del consistorio, una técnica de playas y el jefe del Área de Territorio en anteriores mandatos.
La policía española ha registrado un edificio municipal en la zona de Pruelles, en las afueras de Sitges, donde hay el Área de Promoción y Territorio del Ayuntamiento, y ha registrado el Departamento de Informática, situado en el edificio que hay en la calle Nuevo. El juzgado investiga numerosos contratos menores y subvenciones que el Ayuntamiento otorgó a la Taula del Tercer Sector y a una cooperativa. Las diligencias se abrieron hace un año, después de que el juzgado recibiera un informe policial que alertaba de las prácticas irregulares con estas entidades, que podrían haber cobrado dos veces por el mismo trabajo.
La UDEF sospecha de posibles sobornos a políticos y funcionarios
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga si entre la documentación y la información volcada de los ordenadores confiscados hay indicios de soborno, puesto que sospechan que algún político o funcionario podría haber recibido dinero o contraprestaciones por estos contratos, según explica la periodista Anna Punsí. La Intervención del Ayuntamiento de Sitges había avisado varias veces de irregularidades en el fraccionamiento de los contratos y finalmente algunos funcionarios lo denunciaron a la policía.
Entre las presuntas irregularidades detectadas por la UDEF destaca que una de las entidades ejecutaba tareas de limpieza a partir de pactos verbales y la documentación no se formalizaba hasta meses más tarde. Los investigadores también denuncian que Taula del Tercer Sector no hacía las memorias justificativas que se tienen que hacer cuando recibes dinero público. Se calcula que las dos entidades, vinculadas a la misma familia, habrían podido percibir más de 600.000 euros entre subvenciones y contratos menores.
