Òmnium Cultural y los ayuntamientos del municipio de la Cataluña Norte han presentado un recurso al Consejo de Estado francés en contra de la prohibición de hablar en catalán en los plenos municipales. El recurso se ha elevado a la máxima instancia después de que el prefecto de los Pirineos Orientales y los tribunales administrativos de Montpellier y Toulouse hayan mantenido la decisión de impedir el uso de la lengua catalana en primer término. El recurso se ha presentado en defensa de la protección de la libertad de expresión de los cargos electos, tanto de lo que se dice como del idioma utilizado.
El presidente de la entidad, Xavier Antich, asegura que está preparado para “confrontar al estado francés”. Además, Antich añade que esta decisión “alimenta las tesis del populismo y la extrema derecha” que están creciendo en la Cataluña Norte, en Francia y el resto de Europa. Por eso el presidente de la entidad ha asegurado que “seguirán combatiendo los discursos de odio” que quieren “minimizar la lengua y cultura catalanas”.
Las lenguas regionales de Francia en su constitución
En el recurso que ha presentado Òmnium Cultural en nombre de los ayuntamientos se alega que el artículo 2 de la Constitución francesa dice que la lengua de Francia es el francés, pero no estipula ningún obstáculo para usar el catalán ni limita la libertad de hablarlo.
Además, la entidad añade en el escrito judicial que hay un artículo en la misma constitución (el número 75) que determina que las lenguas regionales forman parte del patrimonio de Francia, y por eso creen que no hay ninguna disposición legal que prohíba la coexistencia del catalán y otras lenguas minoritarias.
El caso se remonta a 2022, cuando los ayuntamientos de Elna, Portvendres, Tarerac, Sant Andreu de Sureda y Banys d’Arles modificaron los reglamentos municipales para poder usar el catalán en sus intervenciones en los plenos. Esto provocó que se abrieran recursos judiciales, haciendo que el Tribunal Administrativo de Montpellier diera la razón al estado francés y declarara en 2023 inconstitucionales los reglamentos municipales que permitían a los concejales expresarse en catalán –siempre con traducción simultánea al francés– por vulnerar la “primacía de la lengua francesa”.
