Los Mossos d’Esquadra llevarán a juicio un ciudadano, Álvaro de Marichalar, un aristócrata unionista, que protagonizó una protesta contra el independentismo en la plaza Sant Jaume. Lo acusan de resistencia a la autoridad y la Fiscalía reclama que le sea impuesta una pena de 9 meses de cárcel. Una petición de pena sustancialmente menor respecto de las que el ministerio público pide por hechos similares cuando los acusados son independentistas. Según el escrito de acusación del fiscal, al cual ha tenido acceso El Món, el acusado no solo se resistió a la policía, sino que los agentes lo tuvieron que esposar hasta que se calmó. El juicio se celebrará entre el 17 y el 19 de abril en la sección tercera de la Audiencia de Barcelona.
Los hechos se registraron un día de máxima tensión política, a las tres de la tarde del 26 de octubre de 2017, el día previo a la rotura de la declaración de independencia en el Parlament de Cataluña y en un ambiente enrarecido por las declaraciones y contradeclaraciones de los grupos políticos, tanto independentistas como unionistas. El aristócrata acusado tuvo la idea de dirigirse a la plaza Sant Jaume, con una bandera española, que aquel día llena de activistas independentistas y de prensa de guardia a la espera de la evolución de las reuniones. Los Mossos intentaron protegerlo e incluso lo hicieron entrar en el Palau de la Generalitat, con la bandera y la pancarta que lo acompañaba.
«¡No sois policías!»
En el momento de los hechos, había en la plaza Sant Jaume un numeroso grupo de independentistas que hacían guardia ante la Generalitat a la espera de noticias sobre si se convocaban elecciones o se levantaba la suspensión del 9 de octubre de la Declaración de Independencia. El acusado se presentó con una bandera española y una pancarta con lemas unionistas. Atendido el relato del fiscal, alguno de los manifestantes independentistas estaban «exaltados» y lo increpaban. El subinspector de los Mossos d’Esquadra presente al lugar de los hechos, máximo mando en la plaza, ordenó a sus agentes que hicieran el favor «de acompañar el acusado» en palacio para evitar que la cosa saliera de madre por el «riesgo que corría».
Pero el acusado no se lo tomaron bien. Antes al contrario, la Fiscalía asegura que con «el ánimo de debilitar el principio de autoridad, el acusado los negó su condición de policías», en cuanto que Mossos d’Esquadra catalanes, y se negó a entrar al Palacio, como si fuera un sacrilegio para sus convicciones. Los agentes no estuvieron por romances y lo introdujeron adentro «arrastrándolo». Pero una vez dentro, lejos de serenarse, se «negó reiteradamente a permanecer en el interior hasta encararse con los agentes». El subinspector, tip de su conducta, lo intentó coger por el brazo izquierdo y otro agente por el brazo derecho, sin éxito, porque Marichalar forcejeaba con ellos para evitarlo.
Cuando los agentes intentaban llevarlo a una sala de Palacio, el acusado se topó con el marco de la puerta y «empezó a menear todo el cuerpo de manera muy alterada». Los agentes lo tuvieron que reducir y ponerlo boca abajo y esposarlo hasta que se serenó.
Los hechos, que fueron instruidos por el enjuiciado número 16 de Barcelona, constituyen, según el fiscal, un delito de resistencia del artículo 556.1 del Código Penal. Una autoría por la cual fiscalía pide 9 meses de prisión y 9 de inhabilitación para poder presentarse a unas elecciones.
