El caso Bomberos, que investiga las irregularidades con la concesión del mantenimiento de los vehículos de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos (DGPEIS), está parado. Tanto es así que, hace diez días, la titular del juzgado de instrucción número 14 de Barcelona, Júlia Tortosa, emitió una diligencia para espolear a los Mossos d’Esquadra para que se apresuren a terminar la investigación. Hoy por hoy, queda pendiente solo de diligencias policiales y de su resultado depende la petición de más pruebas o bien la decisión de cerrar la instrucción.
En concreto, la jueza reclama a los Mossos que libren su último atestado, que agruparía toda la documentación confiscada en la sede de la empresa de mantenimiento de camiones investigada, Iturri, en el registro de julio de 2022. De hecho, este último oficio de la policía es imprescindible para que el perito contable judicial que tiene que revisar los papeles pueda acabar su trabajo. Por otro lado, la jueza también ruega a los Mossos que reclamen a la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) el informe sobre la supuesta creación de una plaza a medida del exdirector del servicio, Manel Pardo, un caso que supone la apertura de una nueva pieza separada en la causa.
Acabar la instrucción
El caso se destapó en abril de 2021 a raíz de una investigación interna del Departamento de Interior, entonces en manos del consejero Miquel Sàmper. Todo ello por los números de la contabilidad del mantenimiento de los vehículos de Bomberos y un mail que hizo disparar las alarmas. Después de abrir la investigación interna, los servicios jurídicos de Interior llevaron el caso a la Fiscalía y el ministerio público lo remitió al juzgado de guardia. Después de unos meses en secreto de sumario y escuchas telefónicas, la jueza decidió imputar al exdirector Manel Pardo y casi todo el equipo técnico de la DGPEIS.
A partir de aquí, las declaraciones se han ido sucediendo, así como varios atestados de los Mossos d’Esquadra en los que la policía se quejaba de que Interior «obstaculizaba la investigación». De hecho, los agentes iban cosiendo la información que habían obtenido y detectaron un gran «follón» administrativo en el control de los presupuestos de mantenimiento de los vehículos –una opinión compartida por Interior. De aquí que los Mossos pidieran a la jueza poder registrar la sede de la empresa investigada. Pero después de más de un año de la entrada y registro a Iturri, los agentes todavía tienen que librar a la jueza un atestado definitivo del análisis de los documentos.
El informe es imprescindible, sobre todo para el perito nombrado por la jueza, que tiene que calcular el importe de la supuesta malversación que se investiga. Una decisión que se enmarca en los documentos presentados por los investigadores, que revela un embrollo de albaranes y facturas y alguna confusión de interpretación de la policía que ha subrayado la defensa. Hay que destacar que, a raíz de este caso, Interior ha creado un equipo especializado con funcionarios de otras áreas que controlan la contabilidad del mantenimiento tanto de los camiones como de los parques o el material utilizado por los Bomberos de la Generalitat.
Antifraude también hace esperar
Por otro lado, la instructora comisionó a los Mossos d’Esquadra y a la Oficina Antifraude para que elaboraran un informe sobre el asunto que podría haberse convertido la tercera pieza separada del caso: la segunda pieza es un mecanismo detectado para retirar multas a los jefes de los Bomberos cuando eran sancionados por infracciones de tráfico cometidas en momentos en los que estaban fuera de servicio y, por lo tanto, no estaban justificadas por ninguna emergencia.
En concreto, esta tercera rama del caso sería la iniciada a raíz de las peticiones de documentación de los Mossos en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI), que registra las comunicaciones electrónicas de la administración catalana. Los documentos obtenidos se relacionan, según la policía, con un concurso del año 2019 para adjudicar una plaza de nueva creación, dentro del mismo departamento de Interior, a Manel Pardo, exdirector de la DGPEIS y ahora imputado en el caso de los contratos de mantenimiento. Los Mossos entendieron que el departamento de Interior había creado una “plaza a medida” para Pardo que le aumentaba el nivel como funcionario. Los requisitos serían, según fuentes judiciales, un “copiar y pegar” de las condiciones profesionales que tenía Pardo al departamento de Interior y que él mismo habría enviado por mail a los responsables de crear la plaza. Así es como le habrían hecho la «plaza a medida».
En esta línea, los Mossos entendían que la convocatoria de director de la Oficina de Coordinación de la Red Rescate, con un nivel 28, y de director de servicios, era superior a las condiciones laborales que ya ostentaba Pardo. La policía elaboró un atestado con los correos electrónicos donde esbozaban la presunta irregularidad de la provisión de la plaza. Pardo nunca ocupó esta plaza. Para acabar de detallar la investigación, la instructora ordenó a los Mossos que pidieran ayuda a Antifraude, pero todavía està pendiente el informe. Ahora la jueza les ha hecho saber que tiene prisa porque el caso Bomberos se está eternizando por estas dilaciones.
