A las oníricas declaraciones de Victoria Álvarez o de Javier de la Rosa, que no se atrevió ni a ratificar, a los audios del comisario de inteligencia ahora jubilado José Manuel Villarejo, al caso del pendrive, a las decenas de notas de inteligencia, la búsqueda y pago de falsos delatores y a la extravagante causa de los «tres mil millones del Pujol», finalmente archivada, ahora se debe añadir el caso Cristóbal Montoro para rematar la faena. Ni en las apuestas más atrevidas nadie habría alimentado la tesis de que el gabinete político del ministerio de Hacienda también estaba detrás de la causa abierta contra la familia del expresidente de la Generalitat.
Así lo apuntan los dos atestados emitidos por la Unidad Especial de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado del 27 de enero de 2023, a los que ha tenido acceso El Món, y que se han aportado al sumario que el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, que ha imputado al exministro de Hacienda de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, por haber traficado con leyes y expedientes para beneficiar a determinadas empresas. Los informes elaborados por técnicos de la misma Agencia Tributaria adscritos a la Fiscalía destapan decenas de casos en los que el gabinete político del entonces ministro quería tener informes confidenciales de personalidades investigadas por Hacienda o por los juzgados.
Estas peticiones se acreditan, por parte de la Fiscalía, a través de correos electrónicos entre los imputados en la causa y los funcionarios de Hacienda que tenían acceso a los documentos que les interesaban. En estos dos atestados, hay dos comunicaciones donde se reclaman los informes «de los Pujol» por parte del gabinete del ministerio, aunque en teoría eran exclusivamente para la investigación policial y no podía tener acceso nadie más que los participantes en la instrucción. Eran documentos que los analistas de la agencia tributaria adscritos a la Fiscalía debían presentar al juez instructor de la causa en la Audiencia Nacional, José de la Mata. De hecho, sería como si el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidiera a los mandos de la UCO de la Guardia Civil los informes que hacen para el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, encargado del caso Cerdán.
El informe que saca a la luz las actividades oscuras del gabinete de Montoro recoge correos sobre investigaciones a Esperanza Aguirre, Luis Bárcenas, la cantante Rosario, las empresas de la pareja de la que había sido delegada del gobierno español en Cataluña y después ministra Júlia García Valdecasas, el exministro Rodrigo Rato o el tenista Rafael Nadal, de los cuales envían informaciones reservadas al jefe de gabinete del ministro Montoro, Felipe Martínez Rico.
Los correos electrónicos que esbozan la trama
En estos dos informes, que han servido de base para la imputación de Montoro y miembros de su gabinete político, los investigadores recogen una serie de correos que señalarían las «cadenas de mando», el «modus operandi», los «roles de los intervinientes» y las «matrices de decisión». Es en este punto donde estudian las comunicaciones entre miembros de la dirección técnica de la poderosa Agencia Tributaria que trabajaban en casos judicializados y el ministerio de Hacienda.
Entre estos mails destaca uno firmado por Santiago Menéndez, director general de la AEAT nombrado el 28 de junio de 2013 y que fue destituido en junio de 2018, con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Menéndez, cargo de confianza de Montoro e imputado en la causa, cobró, de 2010 a 2011, de la empresa Equipo Económico, la consultora del ministro. Y formaba parte de la dirección de la Agencia Tributaria cuando una de las patronales del gas investigadas, AFGIM, contrató la asesoría del exministro. Menéndez era los ojos y los oídos de Montoro en Hacienda y escribió un correo electrónico a José Manuel de Alarcón Estrella, uno de los funcionarios más poderosos del entramado de la hacienda española. Alarcón era, desde junio de 2017, el jefe de la omnipotente Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF).
El correo lleva como asunto: «PUJOL. Nota resumen facturas JPF.» Es decir, una nota con información contable sobre Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del presidente Pujol y diana principal de la Fiscalía en el juicio que debe comenzar el mes de noviembre de este año. De hecho, en 2018 todavía se estaban elaborando los informes de la ONIF y Jordi Pujol Ferrusola ya había salido de la prisión de Soto del Real, donde había estado recluido preventivamente. «José Manuel, un resumen, y sólo de los pujoles. Abrazo», le escribe brevemente en referencia a la demanda de documentación. La respuesta no se hace esperar. A las 9.18 horas de la mañana del mismo día, Alarcón responde «De acuerdo, Santiago. Me hacen notas de todos los informes de auxilios como los del Pujol o los de la Gürtel antes de enviarlos al juez. Si no te las envío todas es para no saturarte de papel. De ahora en adelante te las enviaré. Un abrazo, José Manuel». Es decir, informes confidenciales y reservados dirigidos a los jueces se hacían llegar a la mesa del ministro.
«Tener conocimiento de estos informes»
A mediodía del mismo día, Menéndez insiste a Alarcón en la importancia de tener esta información. «Buenos días, José Manuel, es muy importante que antes de que se envíen este tipo de informe de auxilio yo tenga conocimiento de su contenido, un abrazo». Alarcón le remite un informe que se emitió el mes de febrero. Un informe que, detalla, se escribió a través de las «indagaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera del Cuerpo Nacional de Policía (UDEF) en la fase de instrucción y en el análisis de documentación que obra en la causa». El mail destaca que se llega a la conclusión de que «las facturas emitidas por dos sociedades amparan en realidad servicios prestados directamente por Jordi Pujol Ferrusola».
Por otro lado, Menéndez también se indigna por otro informe en este caso de Oleguer Pujol y el caso de la pieza separada Drago, que finalmente fue archivada por el juez Santiago Pedraz, después de nueve años abierta. En un mail dirigido a Alarcón y a dos funcionarios más, Menéndez se enfada porque descubre un informe confidencial de Hacienda porque se ha filtrado a El Mundo, y pide una explicación «inmediata». El correo tiene fecha de 4 de marzo de 2017 y pregunta por qué se ha enviado un informe de «trascendencia mediática» que él no conoce. Y lo que considera «peor aún» es que «nadie» le había dicho nada del criterio fijado cuando se trata de un delito fiscal, y tilda «de indecente» que la dirección de la agencia tributaria no tuviera conocimiento del criterio fijado, «aunque sea el de dejar la decisión que se haya de tomar en manos del juez.
En el mismo informe, los investigadores se refieren a un «traslado de información reservada de la Agencia Tributaria al ministerio, informe caso Pujol que es reenviado a Felipe Martínez Rico», con mediación de Menéndez. Es decir, que el informe reservado se envía directamente al jefe de gabinete del ministro Montoro, el jefe de su oficina. Una serie de indicios que apuntan como la Agencia Tributaria sería una fuente de información para el ministro Montoro para obtener datos de adversarios políticos o de personalidades, incluso aunque estuvieran judicializadas, como es el caso Pujol.
