La Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, ejercida por el PP, han solicitado prisión provisional sin fianza para el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien ha declarado este lunes en el Tribunal Supremo por el caso Koldo. Fuentes judiciales explican a la Agencia Catalana de Noticias (ACN) que reclaman estas condiciones porque hay riesgo de fuga y temen que destruya pruebas. El Supremo lo había citado como investigado en la trama de cobro de comisiones ilegales del caso Koldo. Cerdán llegó al tribunal poco antes de las 10.00 acompañado de su abogado, Benet Salellas, y fue recibido con gritos de “corrupto” por un grupo de curiosos que se habían acercado a la entrada al ver la multitud de periodistas y cámaras que lo esperaban. La declaración de Cerdán llega después de que los otros dos implicados, el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, ya hayan comparecido ante el tribunal. En principio, está previsto que el exnúmero 3 del PSOE defienda su inocencia y cuestione la validez de los audios como prueba para imputarlo en la trama de corrupción.

La declaración de Cerdán llega justo antes de unos días clave para el futuro de Pedro Sánchez como presidente y del PSOE como partido. El próximo día 5 de julio el PSOE celebra el comité federal para hacer control de daños. Los dos últimos secretarios de Organización de la formación, Cerdán y Ábalos, están implicados en la misma trama de corrupción y Ferraz necesita poner distancia. Está previsto que en el encuentro se apruebe un paquete de medidas de regeneración interna para endurecer la lucha contra la corrupción. Pocos días después, el 9 de julio, Sánchez comparecerá en el Congreso para dar explicaciones sobre el caso y llevará bajo el brazo toda una serie de medidas anticorrupción que le han trasladado sus socios parlamentarios a cambio de no fulminar la legislatura.

Santos Cerdán llega al Supremo acompañado de su abogado, Benet Salellas / ACN

Antes de que todo esto suceda, en la Moncloa y en Ferraz están muy pendientes de lo que diga Cerdán y qué estrategia de defensa plantea su abogado, Benet Salellas. Sánchez y su entorno están preocupados por si el escándalo salpica a más dirigentes socialistas y por si alguno de los audios de Koldo García menciona al presidente. Por eso siguen el caso con gran expectación. El exnúmero 3 del PSOE debería haber declarado la semana pasada, pero el juez Leopoldo Puente aceptó la petición de su defensa de posponerla unos días para preparar mejor la comparecencia. “Entendemos que esta solicitud se encuentra justificada por el volumen y la complejidad de la causa, la diversidad de los hechos imputados, la pluralidad de delitos e intervinientes, así como por la relevancia pública y social del asunto”, justificó Salellas, quien también amenazó con recomendar a Cerdán que se acogiera a su derecho a no declarar si no se posponía la citación.

El exministro Ábalos, a las puertas del Supremo después de comparecer / ACN

El informe de la UCO, clave para investigar a Cerdán

El informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado al Tribunal Supremo ha sido clave para forzar la dimisión y la renuncia al escaño de Cerdán. El documento señala directamente al hombre de confianza de Sánchez como parte central de la trama que cobraba comisiones a cambio de adjudicar contratos millonarios de obra pública que licitaba el Ministerio de Transportes. El informe contiene numerosas conversaciones grabadas por Koldo donde se oye a Cerdán hablar de comisiones cobradas y deudas pendientes de constructoras. La Guardia Civil acusa a Cerdán de «gestionar los supuestos pagos» de estas comisiones a Ábalos y García.

En las declaraciones de la semana pasada, Ábalos y Koldo García siguieron estrategias diferentes. Mientras el exasesor se negó a declarar, Ábalos respondió las preguntas del juez, de la fiscalía y de su defensa y negó su participación en ninguna trama corrupta. También dijo que no se reconocía en los audios e insinuó que podían haber sido manipulados. La acusación popular, liderada por el PP, había solicitado el ingreso en prisión sin fianza de ambos, pero finalmente el juez acordó dejarlos en libertad con la prohibición de salir del país, entregar el pasaporte y presentarse periódicamente en el juzgado.

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