Más misterio alrededor del operación Cataluña. A medida que pasan los años, más opacidad. La prueba es un último documento aportado a la macrocausa Tándem, que investiga las operaciones del comisario de inteligencia jubilado José Manuel Villarejo. Un sumario con unas cuarenta causas separadas que ha permitido rendijas donde se han detectado detalles de los operativos clandestinos del Estado contra el Proceso soberanista. El pasado viernes, se incorporó el documento que certifica como el dos de febrero de 2021, el gobierno español de Pedro Sánchez declaró secretas las «notas informativas» realizadas por la policía patriótica en su persecución contra la familia Pujol-Ferrusola, que la representación del expresidente había reclamado al juzgado.
El documento, al que ha tenido acceso El Mundo, está firmado por Eulalia González Peña, subdirectora general del Gabinete Técnico de la Dirección Adjunta Operativa, el directorio supremo del Cuerpo Nacional de Policía. Este documento detalla la necesidad que tuvo el ministerio, por un principio de seguridad pública, clasificar como secreta la información de estas notas y el resto de documentos. Fuentes de los miembros de la policía patriótica, aseguran en El Mundo, que se trata «de un conjunto de 72 documentos que relatan de pe a pa todas las acciones e informaciones utilizadas para entorpecer lo proyecte independentista».
Estos documentos se digitalizaron en un DVD que ahora custodia el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), los servicios secretos del Estado, y que, supuestamente el juez ha expurgado de la causa. Este conjunto documental incluye «notas informativas y notas de inteligencia policial», así como datos de las fuentes empleadas para obtener la información, contactos, y los recursos invertidos tanto económicos, como humanos y técnicos. De hecho, son documentos que aducen todo el material y las personas de la policía patriótica que participaron en la acometida subversiva contra el independentismo.
«Afectos a la la legislación de secretos oficiales»
En el informe remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel Garcia Castellón, no se entra al por menor del contenido de la información, pero prohíbe que sea para uso judicial. Sobre todo, evita que vaya a parar a manos de partes personadas que lo reclaman, especialmente en la pieza separada número 28 que continúa misteriosamente escondida y con intentos de cerrarla a cerradura y cerrojo continuamente. Una pieza que investiga un supuesto intento de venta de esta información, en posesión hipotéticamente del policía, desde la prisión a quien estuviera interesado. Un caso donde salen los diversos protagonistas de la trama que han emergido desde el año 2012, como el asunto de Método 3 o las operaciones contra, además de los Pujol, de Artur Mas i Oriol Junqueras así como una muchedumbre de empresarios.
«Una vez analizada la documentación facilitada, y en particular, las notas informativas que lo integran», escribe González Peña, «esta dirección general considera que los datos e información que contienen están afectas a la legislación sobre secretos oficiales». La base normativa que utiliza la Dirección Adjunta Operativa, el máximo mando uniformado del CNP y mano derecha del ministro y secretario de Estado de turno, -entonces Marlaska- es el acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986. Un acuerdo que prevé sellar la carpeta y estampar el sello de «secreto» , como es el caso, «los documentos que contienen datos concretos sobre fuentes de los servicios de información y otras informaciones y datos que puedan revelarlas».
Más aval jurídico como «delincuencia organizada»
La decisión de la División Adjunta Operativa también arrecia su decisión en el acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 2014 por el que se calificaban determinados asuntos y materias de acuerdo con la Ley 9/1968 de 5 de abril- encara con el general Francisco Franco vive y mandando- sobre secretos oficiales. En detalle, subsumía el carácter de «secretos los medios y técnicas operativas utilizadas en la lucha contra la delincuencia organizada por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como de sus fuentes y todas las informaciones o datos que pudieran revelarlas».
Es decir, de manera tácita, el ministerio entiende que en la lucha contra el independentismo se utilizaron las mismas técnicas que contra la lucha de la «delincuencia organizada». Por otro lado, también se admite oficialmente las técnicas de guerra encubierta por parte de las fuerzas del Estado en cuanto que la ley y los dos acuerdos del consejo de ministros miran de proteger «la estructura, la organización, los medios y los procedimientos operativos específicos de los servicios de información, así como sus fuentes y todas las informaciones o datos que las puedan revelar».
En esta línea, y siguiendo la justificación argumental de la declaración de secreto esta «clasificación se otorga con la categoría de secreto, al precisar estas materias lo más alto grado de protección por su importancia y a efectos de evitar que su conocimiento por personas no autorizadas pueda generar riesgos o perjuicios a la seguridad del Estado». Además, esta calificación se razona para «proteger la vida y la integridad de los agentes que habrían actuado y de sus familias».
Desclasificar los documentos
La circunstancia que las pruebas determinantes están protegidas como «secreto de Estado» complica la investigación judicial de la Operación Cataluña. Solo hay que ver, la problemática por la desclasificación de los documentos del CNI sobre el uso del Pegasus en los diferentes juzgados de instrucción de Barcelona que investigan el caso. Al final, tendría que ser el Consejo de Ministros quienes desclasificara estos documentos para que pudiera ser aportada al caso judicial y siempre que el juez instructor así lo ordenara, hecho que hoy por hoy es menos que probable con García Castellón en la instrucción. De hecho, el juez siempre ha sido refractario a investigar la operación Cataluña y se ha rasgo de sobre los diferentes intentos de personación de varios espiados o utilizados en la guerra sucia contra el independentismo.
La hiperprotección de este paquete documental va por largo porque la ley de secretos oficiales actuales ya ha sufrido hasta tres intentos de reforma para flexibilizar la custodia y poner plazos a la difusión de los secretos. Jefe de los intentos ha salido bien, a pesar de que la mayoría de democracias occidentales prevén la desclasificación de manera automática a partir de un plazo de 50, 75 o ciento años. En cualquier caso, la familia Pujol Ferrusola ha reclamado estos documentos para poder defender su personación en la causa Tándem como perjudicados de las operaciones contra el Proceso que llevó a cabo la policía patriótica.
