El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregado al magistrado del Tribunal Supremo en la investigación que afecta al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el ya exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán es tan demoledor como directo. Los audios incorporados de las diez primeras licitaciones investigadas dejan en evidencia empresas y empresarios que representan sociedades integradas en el Ibex-35 y en lo que se llama la economía del BOE, es decir, obras y servicios públicos adjudicados por instituciones. Aunque hay más audios, ya transcritos por los investigadores del instituto armado, donde también aparecen otras grandes empresas del mismo sector.

En concreto, la UCO fija la vista en Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniaría y Construccion (LIC), pero ya deja entrever que en las conversaciones aparecen SACYR, COMSA, FINSA y Ferrovial. De hecho, en una de las conversaciones grabadas entre Santos Cerdán y Koldo García el 21 de enero de 2021, Koldo llega a señalar que tiene un listado de 47 empresas a las que ha «arreglado» problemas aprovechando su posición dentro del ministerio y su influencia en la Dirección General de Carreteras o AENA. El magistrado instructor, Leopoldo Puente, ya ha ordenado el registro de los domicilios de los responsables de las empresas encargadas de las cinco licitaciones investigadas de momento.

Parte de una de las transcripciones de los audios donde hablan del listado de empresas que piden cosas a Koldo
Parte de una de las transcripciones de los audios donde hablan del listado de empresas que piden cosas a Koldo

Acciona, un clásico

Cinco de las diez licitaciones investigadas cayeron en manos del grupo Acciona a través de sus filiales, como Acciona Construcción o Corporación Acciona Infraestructuras. Un grupo clave en la estructura empresarial española presidido por José Manuel Entrecanales Domecq. Un grupo empresarial que proviene de la histórica Entrecanales y Távora, que se fusionó en 1997 con Cubiertas y MZOV S.A, que a su vez provenía de la fusión de Mzov y Cubiertas y Tejados.

Cuatro grandes empresas dedicadas a la obra pública que crecieron al amparo de la monarquía de Alfonso XIII y, posteriormente, del franquismo con el uso de trabajo forzado con presos políticos. De hecho, Entrecanales y Távora tuvieron el favor del establecimiento fascista para poder internacionalizarse con contrataciones en Portugal, Marruecos y Guinea Ecuatorial. Con la llegada de la Transición, lo que sería Acciona no perdió fuerza y se llevó un gran pedazo de las obras del AVE de Madrid-Sevilla. Ahora tiene diversificada su actividad en más de 40 países diferentes.

No es la primera vez que Acciona sale salpicada por un caso de corrupción. El famoso caso Azud, sobre el saneamiento de la ciudad de Valencia con Rita Barberà de alcaldesa, fue uno de los más sonados, con acusaciones de reparto de hasta 7 millones de euros en comisiones irregulares. En el caso que implica a Ábalos, Koldo y Cerdán, Acciona Construcción se habría adjudicado contrataciones por un importe global de 537 millones de euros: dos en Murcia, una en Logroño, una en Sevilla y una en Sant Feliu de Llobregat, conocida como la primera trama catalana del caso. De momento, esta rama del asunto ya se ha cobrado una primera víctima, Justo Vicente Pelegrini, hasta ahora responsable de Acciona Construcción para España, despedido de manera fulminante por su falta de diligencia en estos procesos.

Un ex alto cargo de Acciona, la clave de bóveda

Otro excargo de Acciona Infraestructuras y Acciona Construcción, Fernando Merino, es uno de los objetivos identificados por la UCO. En su informe, los agentes elaboran, «con ánimo de contextualizar la vinculación de esta sociedad con los investigados», una descripción de cómo la relación entre Koldo y Merino es previa a la entrada de Ábalos en el ministerio. Merino se identificaba como el director del departamento de Navarra y La Rioja de Acciona. A menudo, Koldo se refiere a él como «cordobés» o el «cordo«.

Según la fiscalía, y dado el atestado de la UCO, «su participación en los hechos tiene relación con la posible influencia ejercida sobre Koldo con la finalidad de procurar la adjudicación presuntamente irregular de obra pública a favor de esta sociedad». De ahí que el ministerio público pida investigarlo a fondo porque todo apunta a que gestionaba las comisiones que habrían de percibir los políticos.

La UCO recuerda que el primer contacto constatado entre Koldo y Merino data de 2015. En concreto, un correo electrónico que el directivo envió a Koldo con una “serie de dudas sobre un pliego y un futuro contrato”. Así como diversas anotaciones en la agenda donde apunta citas y referencias como «llamar a Acciona tema pago» o «llamar a Fernando Acciona tomar café tema dinero». Acciona ya avanzó que había terminado su relación laboral con Merino en abril de 2021.

Anotaciones en la agenda de Koldo García de sus relaciones con Merino por Acciona recogidas por la UCO/QS
Anotaciones en la agenda de Koldo García de sus relaciones con Merino por Acciona recogidas por la UCO/QS

Noran Coop y Servinabar

Dos de las otras empresas señaladas por la UCO son Noran Coop y Servinabar, que junto con Acciona Construcción, en forma de UTE, tendrían muchas adjudicaciones en Navarra. El nexo personal de estas empresas con la terna de Koldo-Cerdán-Ábalos es José Antxon Alonso Egurrola, alias Guipuchi, Guipu o Gui, que, según la UCO, habría abonado las contraprestaciones a cambio de las adjudicaciones a través de Noran Coop, donde estaban asociados Koldo y Alonso.

Según los números de la UCO, Noran Coop recibió 360.165,62 euros directamente de Servinabar entre el 14/03/2016 y el 31/01/2023 y envió 177.000 euros a Alonso. Para la Guardia Civil es relevante destacar que, si bien Koldo y Alonso eran socios al mismo porcentaje de Noran Coop, Alonso percibió 177.000 euros, mientras que Koldo solo percibió 8.738 euros en nueve abonos.

Whatsapp de Ruz a Koldo explicándole cómo ha ocultado a Aldama sus negocios/QS
Whatsapp de Ruz a Koldo explicándole cómo ha ocultado a Aldama sus negocios/QS

La constructora LIC

La constructora Levantina, Ingenieria y Construcción (LIC) es una empresa que comenzó a operar el 4 de agosto de 2000 y tiene su sede en Valencia. La relación con la terna investigada se realiza a través de José Ruz, que, según el registro mercantil, tiene el 20% de esta constructora. Ruz mantiene reuniones con los tres investigados, pero tiene una especial relación con Koldo, a quien en diferentes mensajes de WhatsApp trata de «jefe«. Y muestra una cordialidad y una colaboración máxima con las propuestas que hace el asesor de Ábalos. De hecho, en los terminales de Koldo han encontrado los contactos entre Ruz, Koldo y el empresario Víctor de Aldama. Incluso, llegó un momento en que Koldo y Ruz se encontraban a escondidas de De Aldama para ahorrarse futuras comisiones.

Según los agentes, Koldo García intercedió ante Isabel Pardo de Vera, entonces directora de ADIF, y con Javier Herrero, exdirector general de carreteras, para adjudicar a LIC varias obras públicas. La UCO ha localizado tres licitaciones que habrían generado comisiones. Una reparación de urgencia en ADIF en Asturias, una licitación de 5.770.068 euros para el mantenimiento de carreteras en Teruel y una de la autovía A-12 en Santiago de Compostela, por un importe de 72.447.574,63 euros, aunque LIC participó en una UTE con empresas como Torrescámara y Cia de Obras SA y Oriz Construcciones y Proyectos, SA.

Uno de los whatsapp donde celebran haber hecho bingo en una de las licitaciones/QS
Uno de los whatsapp donde celebran haber hecho bingo en una de las licitaciones/QS

Obras Públicas y Regadíos… y un cuñado

La otra gran empresa investigada es Obras Públicas y Regadíos que nació en 2004 y tiene su sede en Madrid. El nexo con esta empresa y los tres investigados son dos hermanos, Daniel y Antonio Fernández. Cabe tener en cuenta que Koldo inicia su relación con estos dos apoderados de la sociedad porque son cuñados de Fernando Merino, el directivo de Acciona que mantenía negocios con los investigados. Su esposa, Susana Fernández, es la hermana de los dos empresarios. Gracias a Merino, la empresa OPR entró con comodidad en el ministerio de Ábalos y Koldo.

En concreto, esta empresa está investigada en referencia a tres contratos, uno en Asturias, uno en Andalucía y otro en Galicia. En primer término, una reparación por importe de 7.383.932,05 euros en la autovía A-63. De hecho, OPR concursó allí, a través de una UTE, con Construcciones Pérez Jiménez, una sociedad de la que Antonio Fernández había sido apoderado. Uno de los mensajes de WhatsApp entre miembros de la trama es contundente: «¡Hemos hecho bingo en Asturias!». Las otras obras fueron en Úbeda (Jaén), por 1,9 millones de euros, y en Galicia, un contrato de emergencia por valor de 1.454.617,50 euros que se formalizó en una UTE con ASCH Infraestructuras y Servicios con OPR.

Comparte

Icona de pantalla completa