Acción, reacción. Los abogados de la asociación Guardianes de la Inocencia, que presentaron una querella por el escándalo de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) han hecho los deberes. Así, siguiendo la orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, la magistrada Alejandra Gil, del pasado 29 de diciembre, han presentado un escrito, de cuatro páginas y al cual ha tenido acceso El Món, en el que detallan cuáles son los hechos y las acusaciones concretas por las que solicitan abrir una investigación judicial.
Un trámite que la jueza considera necesario para tramitar judicialmente la querella, presentada en el mes de julio. A pesar de los meses que han pasado, la jueza aún no ha practicado ninguna diligencia ni ha dictado ningún auto sobre su tramitación, más allá de abrir las diligencias procesales. De hecho, aún no se ha trasladado a la fiscalía. Al fin y al cabo, la petición de la jueza fue la respuesta a la solicitud de impulso procesal de la defensa de la entidad querellante, representada por el abogado Octavio Candela.
Dos líneas de investigación
El escrito presentado ahora por los denunciantes concreta los hechos que atribuyen a cada uno de los primeros querellados. Así, relaciona la acusación de la exdirectora de la DGAIA, Ester Sara Cabanes, de los exconsejeros de Asuntos Sociales Chackir el Homrani y Violant Cervera, de ERC y Junts respectivamente, y del exsecretario del departamento de Asuntos Sociales y Familia, Josep Ginesta. En este sentido, cabe recordar que la querella se desdobla en dos hechos. En primer término, el caso de la menor que convivía con un adulto de 25 años a pesar de estar bajo la vigilancia de la DGAIA. Y, en segundo término, el escándalo de las supuestas irregularidades que detectó la Sindicatura de Cuentas. Un informe que ha generado una investigación por parte de la Oficina Antifraude de Catalunya así como una actuación del Tribunal de Cuentas, que ha dejado sobre la mesa de la fiscalía de este tribunal abrir un proceso de reparación o de reclamación patrimonial.
Además, el escándalo ha provocado, incluso, el cambio de estructura y de nombre de la DGAIA, que ahora se llama Dirección General de Protección y Prevención de la Infancia y Adolescencia, con una subdirección de Prevención y una que atenderá especialmente a los menores tutelados y extutelados. Y, a todo esto, cabe añadir el traspaso a la Dirección general de prestaciones sociales, que será la encargada de gestionar las tres ayudas que otorgaba hasta ahora la DGAIA, lo que hasta ahora ha sido un agujero negro para la Sindicatura de Cuentas. De hecho, estos cambios se incluyen en este escrito como «indicio» de las «disfunciones» de un servicio socialmente delicado.
Consejeros y secretarios
El escrito argumenta que el consejero El Homrani, al cargo del departamento desde mayo de 2018 a mayo de 2021, tiene responsabilidad en el caso porque durante su «mandato se consolidó un sistema deficiente de control de las prestaciones sociales». En definitiva, concluye que el consejero republicano permitió que la Renta Garantizada de Ciudadanía «operara en una situación de ausencia total de control efectivo, generando un perjuicio patrimonial masivo a la hacienda de la Generalitat». Por otro lado, lo acusan de «no haber ordenado las auditorías internas necesarias ni haber dotado al departamento de herramientas de control para evitar el grave perjuicio económico causado». Por tanto, interpretan que podría haber cometido un delito de prevaricación, y de malversación, en su modalidad de comisión por omisión del deber de protección o cuidado.
En cuanto a la exconsejera de Derechos Sociales juntera Violant Cervera, que ejerció el cargo entre mayo de 2021 y octubre de 2022, aseguran que dio «continuidad a las graves irregularidades en la gestión y control de las prestaciones sociales durante el año 2022». De hecho, aportan como indicio el informe 6/2025 de la Sindicatura, que fija el ejercicio del año 2022 como uno de los más problemáticos de la gestión. «A pesar de su conocimiento de pagos indebidos y expedientes irregulares durante su mandato, como sucesora de El Homrani, no se promovieron medidas eficaces de revisión ni reintegro de todos aquellos pagos indebidos», que han permitido la prescripción de cantidades relevantes de forma consciente, sin una correcta supervisión sobre la contratación de la Unión Temporal de Empresas (UTE) del Servicio de Evaluación y Apoyo a la Postacogida (SEVAP) que prestaban la Fundación Mercè Fontanilles y la Fundación Resilis.
En cuanto al exsecretario general del departamento Josep Ginesta, que ocupó el cargo entre 2016 y noviembre de 2020, le imputan «el diseño y mantenimiento de una estructura administrativa y tecnológica ineficaz para el control de prestaciones sociales y recursos destinados a la protección de menores». En la misma línea, entienden que durante su mandato se «consolidó un sistema de fragmentación tecnológica -con hasta 8 aplicaciones simultáneas e ineficaces- sin suficiente control ni auditorías de ciberseguridad que anteriormente habían sido denunciadas por la Sindicatura y que permitió el abono de ayudas incompatibles durante años».
Los abusos
Otra de las vigas de la querella es el caso contra, además de los exconsejeros y del exsecretario general, Ester Sara Cabanes, exdirectora de la DGAIA entre 2018 y 2024. Así, el escrito afirma que durante mayo de 2020 y octubre de 2021 era la responsable de la dirección cuando una menor de 12 años, bajo responsabilidad de la DGAIA y residente en un centro de protección, «sufrió abusos sexuales reiterados». «Durante este período», añade el escrito, y «a pesar de la existencia de fugas continuadas, acreditadas a través de los informes de los educadores sociales que actuaron, conductas de riesgo y alertas del personal educativo, no se adoptaron medidas eficaces de protección y se permitió la prolongación de la situación de desamparo».
En la misma línea, incorporan que la menor, con 15 años, abandonó el sistema de protección. Un abandono «permitido desde la estructura directiva de la DGAIA» y que supuso que fuera a vivir con un adulto de 25 años. Un hecho que «supuso una renuncia efectiva a la tutela administrativa, así como una grave desprotección contra los bienes jurídicos afectados de la menor». De la misma manera, el escrito implica por conducta y estructura en el caso a los exconsejeros El Homrani y Cervera y el secretario Ginesta. Ahora bien, también carga a la exdirectora de la DGAIA parte de la responsabilidad en el desbarajuste financiero porque permitió la duplicidad de pagos a las empresas encargadas del servicio de protección. De esta manera, el texto presentado al juzgado concluye que Cabanes cometió una prevaricación administrativa y una omisión dolosa, por el caso de la menor, y un delito de malversación por el desbarajuste financiero.
