El juez Pablo Llarena ha enviado a los juzgados de Barcelona la causa sobre la detención fallida de Carles Puigdemont cuando visitó Barcelona el pasado 8 de agosto, el día de la investidura de Salvador Isla. Llarena les ha remitido los informes de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil sobre el dispositivo. En una breve pero dura providencia, el magistrado del Tribunal Supremo critica el dispositivo de la policía catalana y asegura que era perfectamente posible detener a Puigdemont. Además, considera que el contenido de los informes “impide excluir” que el presidente catalán en el exilio evitara la detención gracias a la participación de “responsables no aparentes” que lo habrían ayudado a escaparse.
Hace unos días, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) explicaron en El Món que no ven delito en la preparación del dispositivo por parte de los mandos de los Mossos. El tribunal circunscribe las responsabilidades de la cúpula a una “cuestión puramente administrativa”. La providencia de Llarena, en cambio, iría más dirigida a los agentes en activo que ayudaron Puigdemont a evitar su detención. Tres agentes de la policía catalana están suspendidos por su posible participación en la fuga del presidente en el exilio.
Llarena cuestiona la versión de los Mossos
De este modo, Llarena se quita de encima el caso de la detención fallada de Puigdemont, que viajó a escondidas a Barcelona, dio un breve discurso de cinco minutos en Arc de Triomf y, al ver que no podría entrar en el Parlamento sin ser detenido, desapareció y consiguió volver a Waterloo sin que ni la policía catalana ni la española lo pillaran. Puigdemont tiene pendiente una orden de búsqueda y captura en el estado español por el 1 de Octubre, puesto que el Tribunal Supremo considera que no se le puede aplicar la amnistía. En su informe, los Mossos admitían “errores” en el dispositivo, pero aseguran que la aglomeración de gente a Arc de Triomf desaconsejaba detener Puigdemont allí mismo. Llarena, sin embargo, no se acaba de creer la versión de los Mossos.
“Los informes no reflejan impedimentos para que el dispositivo policial pudiera abordar la detención del procesado rebelde durante su tránsito hacia el lugar donde se unió a aquella aglomeración de personas que lo esperaban, ni la imposibilidad de abordar con efectividad su posterior seguimiento y captura, hasta el punto que se materializó su fuga del territorio nacional”. Según el juez Llarena, los documentos que le han enviado los Mossos y la Guardia Civil no permiten “excluir la participación otros responsables no aparentes en los delitos previstos en los artículos 408 y 451.3b del Código Penal”, que se refieren básicamente a la omisión de la obligación de perseguir delitos por parte de funcionarios o al encubrimiento y colaboración en la fuga del responsable de un delito.
