«La Ley orgánica 1/2024 ha sido aprobada por una mayoría parlamentaria libremente elegida, dentro del marco constitucional, y su finalidad es pacificar un conflicto institucional, reparar a sus víctimas y hacerlo mediante una solución estrictamente jurídica y democrática». Así comenzó su explicación Gonzalo Boye, el abogado del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, procesado y embargado por el Tribunal de Cuentas en el marco del Proceso y el referéndum del Primero de Octubre.
Esta ha sido la alfombra de entrada a las alegaciones argüidas por las defensas de la treintena de víctimas de un proceso de responsabilidad contable orquestado por Sociedad Civil Catalana y el Tribunal de Cuentas, en la vista oral de las cuestiones prejudiciales presentadas por la entidad españolista en la ofensiva contra la ley de amnistía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Los letrados, entre los que se contaban Marc Marsal o Francesc Homs, han defendido a capa y espada jurídica que la amnistía no vulnera la legislación europea y forma parte del camino de «reconciliación».
En el mismo sentido, se han desgañitado defendiendo que no afecta los intereses financieros europeos, no se trata de una autoamnistía y no vulnera ni la independencia judicial ni los derechos de las partes personadas. En esta línea, han definido muy bien lo que se entendía por malversación y las diferentes interpretaciones que el Tribunal Supremo ha llevado a cabo para esquivar la amnistía. En todo caso, la línea argumental central ha sido que la ley del olvido penal para el independentismo «desjudicializa» el ‘procés’ y supone el inicio de un «reconocimiento mutuo entre las partes». «Es una solución estrictamente jurídica», han concluido.
Ninguna autoamnistía
En sus intervenciones, y siguiendo el relato de la abogacía del Estado y de la fiscalía española a favor de la amnistía, los letrados defensores han brandado la sentencia del Tribunal Constitucional que hace dos semanas avaló la ley, solo con tres matices, teniendo en cuenta la normativa europea. De hecho, era parte del entramado del argumentario. En esta línea, han subrayado su posicionamiento en contra del posicionamiento de SCC que tildaba la ley de autoamnistía.
La respuesta ha sido jurídica alegando que se amnistían hechos, no personas, producidos en un plazo temporal concreto. «Sin cambio de régimen, controlado por jueces, aprobado por el Congreso, por partidos diferentes y sin ningún legislador afectado», adujo Marsal. Para remachar el clavo, recordó que la ley se ha aplicado proporcionalmente a más policías que a independentistas. De esta manera hizo números remarcando que se ha aplicado a un centenar de policías acusados de golpear votantes el 1-O, además de decenas de manifestantes que no pertenecen a ningún partido político, y en cambio no se ha aplicado a ningún dirigente político independentista en ejercicio de cargo público.
En su turno, Boye también añadió que la jurisprudencia internacional establece que las autoamnistías exoneran a los autores de crímenes de guerra o contra la humanidad, impiden la investigación de los crímenes o no tienen un control jurisdiccional efectivo. En el caso de Cataluña, la amnistía justamente excluye los crímenes dolosos, ningún legislador se ha beneficiado y se hace una aplicación individual. «La amnistía no es una amenaza para Europa, sino una promesa hecha ley, aprobada por una mayoría parlamentaria libremente elegida, y que tiene por finalidad pacificar un conflicto, reparar a las víctimas y buscar una solución jurídica y democrática», sentenció. «No borra delitos, pero repara fracturas, no da impunidad ni privilegios, sino que hace un reconocimiento entre partes para reconstruir», añadió. «La amnistía no es silencio, sino diálogo, y todas las partes están aquí», concluyó.
