Laura Borràs no piensa dimitir como presidenta del Parlamento después de haber sido condenada a cuatro años y medio de prisión y a 13 años de inhabilitación por el fraccionamiento de contratos en la Institución de las Letras Catalanas (ILC). La presidenta de Junts, que está pendiente de la resolución de la Junta Electoral Central para saber si puede conservar su escaño, ha ido más allá y ha reclamado a los partidos independentistas que le levanten la suspensión del cargo. “Me tendrían que restituir”, ha dicho en una entrevista en
Borràs ha recordado que la presidencia del Parlamento vive una situación de interinidad por culpa de un artículo del reglamento –el que se usó para suspenderla después de la apertura de juicio oral– que es “inconstitucional y vulnera derechos humanos”. La presidenta de Junts ha defendido que la “sentencia dice que no ha habido ningún enriquecimiento económico, y este artículo habla de corrupción lucrativa, cosa que la sentencia desmiente totalmente”. Por eso considera que tiene que ser restituida y avisa que una nueva intromisión de la JEC sería una “barbaridad”.

La presidenta de Junts se ha mostrado “indignada” con aquellos que utilizan los “ataques del Estado” en beneficio propio y ha cargado, sin nombrarlos directamente, contra Pere Aragonès, el Gobierno, ERC y la CUP por hacerle el juego a la justicia española. «Estoy indignada con este independentismo que colabora con el Estado del que se quiere independizar y, en cambio, atropella derechos y libertades que reclama por algunos pero que ya le va bien que aparquen a rivales políticos”.
Borràs podría tener los días contados en el Parlamento
Después de saberse que Borràs había sido condenada, el PP y el resto de partidos de la derecha anunciaron que si la diputada no abandonaba inmediatamente su escaño en el Parlamento recurrirían a la JEC. Con los precedentes del expresidente Quim Torra y del exdiputado de la CUP Pau Juvilla, que fueron obligados a dejar el escaño a pesar de que la sentencia no era firme, el futuro de Laura Borràs en el Parlamento podría tener los días contados. Y más cuando ni ERC ni la CUP parecen dispuestos a moverse para intentar salvar a la presidenta suspendida.
Borràs, que mantiene que no ha “cometido ningún delito”, ha dejado claro que piensa luchar e incomodar a todo el mundo hasta el último momento, puesto que la pena de 13 años de inhabilitación es una “invitación a la jubilación política” porque cuando se levante ya tendrá 65 años. “Siempre he dicho que me han podido suspender de mis derechos y deberes pero no de mi responsabilidad y sentido institucional. Hoy en día, la presidenta del Parlamento se llama Laura Borràs, porque no hay otra”, ha insistido.