Diez años de instrucción, una multitud de entradas y registros, unos extrañísimos confidentes, un montón de informes de la Guardia Civil y un número ingente de clonados para acabar absolutamente destrozados en una sola ronda de preguntas de un grupo de abogados que se han preparado mucho más el juicio que no la confabulación entre el ministerio fiscal y la Guardia Civil. La sesión de este jueves, la segunda, del caso 3%, pieza de Infraestructuras, fue el paradigma. Incluso, el presidente del Tribunal, Joaquín Hervás Ortiz y sus compañeros de toga, se cruzaron de brazos y miraban los interrogatorios con esa actitud de quien de repente mira la tele, se engancha a una película y hace callar a su alrededor.
Tanto es así que terminó la sesión rápidamente, cortando preguntas y cribando las preguntas y su objetivo para separar la carne del hueso. Al fin y al cabo, el magistrado ya ha dejado bastante claro en sus emboscadas a las partes y a los testigos que quien valora, argumenta y comprueba la prueba es el tribunal. Como aviso, invitó a renunciar a testigos, y cuando el presidente del tribunal invita, no se puede rechazar. En resumen, ya se han renunciado a cuatro testigos de la Guardia Civil.

Huecos clamorosos en la investigación
El protagonista del día fue el guardia civil que coordinó la investigación y que había quedado a medias la primera jornada. El TIP L18420D que insistió a preguntas del ministerio fiscal, en la existencia del cartel Núria Bofill a través del cual varias ingenierías pactaban concurrir a concursos y conseguían adjudicaciones con connivencia de Gestión de Infraestructuras, SA (GISA) y, posteriormente, Infraestructuras, cuando estaban bajo dirección de Josep Lluís Quer y Josep Antoni Rosell. La tesis básica de los investigadores y la acusación es que pactaban los precios a la baja porque así quien mandaba la adjudicación era la parte técnica que era más subjetiva.
Un método enrevesado que incluso el presidente del Tribunal detuvo el interrogatorio para aclarar exactamente cómo sospecha la Guardia Civil que manipulaban las adjudicaciones. De hecho, el magistrado formuló un pequeño interrogatorio ante la mirada sorprendida y permisiva de la fiscal del caso, Virna Alonso Fernández. Al fin y al cabo, a la fiscal que lleva el caso le ha venido el paquete por parte del binomio Fernando Bermejo y José Grinda que lo iniciaron. Tras el interrogatorio del ministerio público, fue el turno de las defensas que fueron a desmantelar la tesis incriminatoria y el contenido de los indicios aportados en los informes evidenciando los errores clamorosos y datos misteriosos de los documentos clave aducidos al sumario, interpretaciones más que subjetivas, falta de diligencias de investigación para completar sus conclusiones y sobre todo, destruir la práctica habitual de muchos investigadores de querer vender clavos en casa del herrero.

Unos correos que no pueden ser
El primero en interrogar fue Josep Riba, el abogado de Josep Lluís Quer. Con su estilo habitual, muy parecido al famoso teniente Colombo, con buena cara, tono de apariencia inofensiva pero con un timbre que recuerda a Rick Astley y con mucha serenidad, comenzó sus preguntas sobre la importancia de los correos que han servido para construir la acusación. Una vez el agente reafirmó la gran importancia de los correos, Riba, manteniendo la calma y dando pequeños sorbos de agua, sacó la artillería, de manera silenciosa pero extraordinariamente contundente. El Guardia Civil admitió que la información la sacaron de un disco duro que «trajo Joan Jaume Homs» al Juzgado de Instrucción de El Vendrell que investigaba el caso el 13 de junio de 2017. El agente reconoció que no sabía de dónde lo había sacado y que en ningún caso, podía afirmar que la información que pudo utilizar provenía del ordenador personal de Quer. «No le preguntamos de dónde provenía ni de dónde sacó el disco duro», dijo resignado el testigo. El silencio se hizo notar en la funcional sala de vistas de San Fernando de Henares.
Después de una pausa dramática, Riba continuó el interrogatorio repasando los correos. La sorpresa fue en el primero que era un correo del año 2008 electrónico con la dirección @gisa.cat a nombre de Quer, pero Quer no se integró en Gisa hasta el 2011. El segundo correo, exactamente igual con el nombre secanell@gisa.cat, cuando Josep Secanell, uno de los 17 acusados, que nunca ha prestado servicios a Gisa. Exactamente igual, para el caso de Albert Palou, que aparece un correo a su nombre, cuando nunca ha trabajado para la empresa pública. La respuesta de la Guardia Civil, tras tragar saliva, fue «no sé a qué responde», «no tengo ninguna explicación». En resumen, el arquitecto universal de la investigación encontró «inexplicable» estas direcciones electrónicas de una empresa cuando aún los titulares no trabajaban allí.

«Usted no está aquí para decir probablemente»
Con este preámbulo prosiguió el interrogatorio sobre la venta de la participación de Quer sobre la empresa Auding donde trabajaba antes de pasar a dirigir la entidad pública. El abogado le preguntó qué motivo daba para considerar un indicio delictivo. La respuesta comenzó con un «probablemente». A partir de este adverbio, el presidente del tribunal saltó como un resorte: «Usted está aquí para explicar lo que ha visto o ha oído, no para decir probablemente, decir probablemente es no saberlo». El silencio en la sala se pudo cortar con un cuchillo. A continuación, le inquirió por la composición del «cártel Núria Bofill», es decir, el grupo de correos con el que supuestamente se repartían las adjudicaciones, que depende de la época era 92, 95 o 114.
En este sentido, el abogado le pidió si se comprobó si todas las empresas habían conseguido una licitación. La respuesta también fue negativa. Tampoco habían comprobado si las otras administraciones otorgaban el 30% de la valoración a la oferta económica y el 70% a la técnica, como hacía GISA y la mayoría de entidades públicas que contrataban. Un sistema que las defensas recordaron que utilizaban generalmente todas las administraciones. También tuvo que admitir que en las nueve adjudicaciones con las que han construido la acusación no participó Quer. Por su parte, Olga Arderiu, la abogada del otro principal coacusado, Josep Antoni Rosell, también se divirtió con los correos. De hecho, el principal correo incriminatorio aportado por un tal Infraworker -un denunciante anónimo- que sacaron de un «maletín» que aportó Joan Josep Homs. Un correo que la Guardia Civil interpretaba que era del 2011 cuando era del 2013 y solo en el texto del correo se hacía una referencia al año 2011.
Arderiu continuó presionando sobre las diligencias que habían llevado a cabo los investigadores para dar cobertura a su tesis más allá de los correos de origen dudoso. La respuesta del coordinador de la investigación se limitó a admitir que no analizaron las auditorías internas, que no revisaron los casi cien correos de la cadena donde se podía constatar la funcionalidad informativa de las ingenierías o el trabajo que hacían los técnicos para entender las condiciones de la licitación o cómo pasaron por alto los avisos y las recomendaciones de los consultores y los auditores internos. «No lo recuerdo», «no lo reconozco», «podría ser» o «no lo sé» fueron las respuestas de manual hasta que Arderiu concluyó a modo de advertencia al tribunal: «Han sacado conclusiones sin estudiar el material que tenían». Solo faltó el abogado Juan Carlos Alferez, defensor de Francisco Javier Minguillon, directivo de la consultora Ayesa, que le mostró que incluso, el Colegio de Abogados de Barcelona estaba en la cadena de correos. Un detalle nada menor para acreditar que el objetivo del grupo no era desfalcar la Administración pública.

Dos guardias civiles más
Terminada la declaración del coordinador de la investigación, subió al estrado el guardia civil G04797R que nada más comenzar ya recibió por parte del tribunal que le prohibió mezclar el caso con el del 3% sobre financiación irregular de CDC. También le recordó que no utilizara el adjetivo «relevante» para hechos, porque eso es función del tribunal y que no le hablara «de indicios» sino de «datos». El agente expuso los gráficos de sus informes donde recogía reuniones de directivos de ingenierías que relacionaba con donaciones a la Fundación de CDC, la Catdem, y las adjudicaciones.
Pero con la llegada del turno de las defensas, la fiabilidad del investigador se debilitó. A preguntas de Riba no pudo concretar ningún contenido de las conversaciones, ni si los directivos de las ingenierías tenían otras licitaciones en marcha. «No lo sabemos», señaló. Solo pudo certificar el supuesto contenido de una reunión porque encontraron una anotación en una agenda -hallada en el disco duro de dudoso origen- donde participaba el presidente de Asinca, la patronal de las ingenierías, Narcís Arderiu, donde se leía 8 contratos de infraestructuras que se debían adjudicar con empresas con «NIF catalán». Sin ninguna concreción más. Las defensas encontraron una vía de agua y aprovecharon para vaciar la acusación obligando al policía a admitir que las ingenierías tenían otras adjudicaciones y podían tener otros contratos con otras adjudicaciones.

Mezclar churras con merinas
El último guardia civil, E66991N, fue el encargado de calcular el perjuicio económico del cartel. En resumen, su informe informaba que el perjuicio patrimonial de los 9 expedientes investigados en un rango de entre 494.000 euros y más de 1,1 millones de euros. La diferencia entre el importe inicial licitado y el finalmente adjudicado era de unos 500.000 euros, un 8,85% de diferencia. Las defensas también se beneficiaron revisando los contratos con los que, según la información que han estudiado, mezclaba churras con merinas.
Es decir, que el estudio comparativo de contratos de GISA con Fomento, Adif o AENA confundía tipos de contrato y que el cálculo del perjuicio utilizaba los precios de adjudicación en lugar de los importes finalmente ejecutados o cobrados. Además, le reprocharon que no analizara las ofertas hechas por empresas que no estaban en el cartel. Una falta de comparativa que el presidente del Tribunal ha dejado saber que entendió la pregunta y su intención. El lunes testificarán dos guardias civiles más que deben defender el origen del disco duro y la cadena de custodia. El juicio ha comenzado bien para las defensas.

