El gran apagón del 28 de abril, que dejó a todo el país sin luz durante un día, es la herramienta que ahora intenta utilizar el Ayuntamiento de Tarragona, en manos del PSC, para intentar esquivar la protección de un informante de la Oficina Antifraude de Cataluña y buscarle las cosquillas para tratar de expulsarlo de su cargo. En concreto, se trata de la figura del gerente de la Empresa Municipal de Medios de Comunicación de Tarragona-Tarragona Ràdio (EMMCT), Xavier de Gispert, que desde diciembre de 2023 es persona protegida como informante de presuntos delitos de corrupción “de acuerdo con la ley 2/2023, reguladora de la protección de personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción”, por contratos poco claros de la radio municipal en los años anteriores a su nombramiento, que se produjo en la etapa de Pau Ricomà (ERC) como alcalde.
La maniobra del Ayuntamiento, ahora con el socialista Ruben Viñuales a la cabeza –junto con los comunes, el PP y un exconcejal de Vox– es intentar responsabilizar a De Gispert del hecho de que, durante el apagón, Tarragona Ràdio tuvo que dejar de emitir porque no tenía un sistema alternativo de alimentación eléctrica. Una excusa chocante para destituir al gerente, teniendo en cuenta que Tarragona, a raíz del apagón, dejó de suministrar agua a más de 4.000 usuarios. El argumento de quienes quieren la cabeza de De Gispert es que en un entorno como Tarragona, de riesgo químico, una radio de servicio no puede dejar de emitir y debería haber tenido una alternativa.
De Gispert fue nombrado por el anterior gobierno municipal, que lideraba ERC, con Ricomà al frente, porque se buscaba un perfil técnico para organizar Tarragona Ràdio. Una de las primeras decisiones fue contratar una auditoría externa para aclarar un balance contable que no era claro. El estudio financiero encontró 60.000 euros en partidas poco justificadas y subvenciones encubiertas. Con el cambio de gobierno de 2023 y la llegada a la alcaldía de Rubén Viñuales, del PSC y exmilitante de Ciudadanos, la situación dio un giro: la auditoría no gustaba nada a los nuevos dirigentes del consistorio, ya que los mandatos anteriores a Ricomà, los investigados, eran también del PSC.
Los comunes entran en juego
Según ha podido saber El Món, el próximo 19 de junio se ha convocado el consejo de administración de la empresa municipal de la radio. Una reunión donde se comunicarían las responsabilidades de De Gispert por las consecuencias del apagón y que justificarían, según la mayoría del consejo de administración, gracias a la abstención del PSC, cesarlo de sus funciones, a pesar de estar protegido por ley.
La situación comenzó con un comunicado del grupo municipal de los comunes, que tienen el ojo puesto en el gerente y emitieron un comunicado cargando contra el hecho de que Ràdio Tarragona dejara de emitir el día del apagón. El comunicado llevaba un mensaje al gerente del ente. “Sin embargo, toda esta respuesta ejemplar contrasta con un hecho muy grave: la desconexión total de Tarragona Ràdio, el medio municipal que forma parte del Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de Tarragona (PLASEQTA) como canal oficial de información en situaciones de emergencia”, aseguraba el comunicado para comparar la respuesta de otras entidades municipales como Protección Civil con la radio municipal.
“Este plan establece que la ciudadanía debe ser alertada a través de sirenas, avisos a los móviles y medios como Tarragona Ràdio”, aducía el comunicado. “El PLASEQTA se activó en fase de prealerta mientras se seguía la evolución del incidente, y Tarragona Ràdio debería haber estado operativa para cumplir este rol crítico”, añadía. “Su inoperatividad representó una grave vulnerabilidad en el sistema de seguridad local”, recriminaba el texto a los responsables de la emisora. En este contexto, apuntaba directamente al gerente: “Cuando más se necesitaba información clara y veraz, la radio no pudo emitir”. “No se trata solo de un problema técnico: los trabajadores se vieron desconectados y sin los recursos necesarios y, lo más grave: la presidenta de la empresa municipal de medios no consiguió tener contacto con el gerente durante la jornada. Este hecho nos parece lo suficientemente grave como para exigir explicaciones inmediatas y la depuración de responsabilidades”, concluía el comunicado.
Junta de portavoces extraordinaria
El 30 de abril se convocó una junta de portavoces extraordinaria en la que se incidió en el apagón de la radio. Según el acta de la reunión, a la que ha tenido acceso El Món, el apagón de la radio fue mencionado expresamente por el alcalde. El acta también recoge que Viñuales afirmó que no le constaba que «el gerente de Tarragona Ràdio intentara ponerse en contacto» con los responsables municipales ni intentara «solucionar el problema o bien buscar alguna alternativa, para poder emitir e informar a la ciudadanía de la situación”. Una opinión que recuperaba lo que habían dejado entrever los comunes en su comunicado. Así, Viñuales ya apuntaba la ofensiva que se llevaría a cabo desde el Ayuntamiento.
Según este documento, el concejal de los comunes, Jordi Collado, y la portavoz del PP, María Mercè Martorell, replicaron a las consideraciones de la portavoz de ERC, Maria Roig, que defendía el ente público y evidenció que nadie había hablado con el gerente para conocer su versión. Martorell y Collado acusaron a Tarragona Ràdio de no “preocuparse de buscar ningún tipo de solución para intentar llegar a los ciudadanos”. De hecho, Collado acusó al gerente de haberse limitado a hacer “salir a los trabajadores a la calle para ver si podían enterarse de lo que estaba pasando”.
La situación es ahora por ahora inquietante. De hecho, “el coste de la radio” es una de las quejas del alcalde Viñuales remarcadas en la junta extraordinaria de portavoces. Con la excusa del apagón, día de emergencia nacional, el consejo de administración hace números y calcula que con la propuesta de Comunes, PP y Vox y la abstención del PSC podrían acordar el cese de De Gispert el próximo 19 de junio, a pesar de la protección de Antifraude.
