El juicio contra la familia Pujol Ferrusola exige un máster en diversas ramas de la economía, la sociología, la gerontología y el derecho para seguirlo. De lo contrario, cualquier espectador, aunque sea un iniciado, puede encontrarse más perdido que Tarzán en el Bonpreu. La decimosexta jornada del juicio ha sido un nuevo ejemplo del desorden que provoca una instrucción judicial a la que cada vez se le ve más el plumero de la prospección y del caos organizativo de testigos. Tanto es así que, una vez más, la fiscalía ha intentado sacar el caso Palau y, por otro lado, la financiación de CDC. Ha sido un buen intento, pero sin resultado. Al contrario.
En todo caso, este jueves, desde la sede de la Audiencia Nacional en la calle García Gutiérrez en Madrid, se ha podido viajar de Argentina a México, pasando por Andorra, dar una vuelta por Colombia y acabar en un despacho de la calle Bruc de Barcelona. Los criterios de las citaciones de los testigos de la acusación continúan sin tener una coherencia narrativa. Una circunstancia que podría tener una explicación más amable, como la dificultad organizativa de la Audiencia Nacional –poco verosímil–, o bien una más malpensada, que consistiría en hacer un batiburrillo enrevesado de varios negocios para poner más pan que queso en la actividad emprendedora del, de momento, principal protagonista del juicio, Jordi Pujol Ferrusola.
La virtualidad de los testimonios
A todo esto hay que añadir testimonios que superan con creces los 80 años, que deben asistir a la vista acompañados y que se conectan virtualmente. Unas conexiones que continúan siendo un agujero negro de la comunicación y que suponen unos preámbulos que hacen perder la paciencia. Cuando el problema no es que no se oye, es que se ve la imagen del testigo al revés; o, de repente, aparecen tres testigos en pantalla; o, como hoy, que uno de los testigos, al terminar su declaración, se ha vestido con una camisa de leñador de franela y se ha dispuesto a seguir el juicio como quien sigue una serie de Netflix, bebiendo y tomando pastillas; o bien solo aparece la imagen de los ojos o la frente o parte de los rostros absolutamente distorsionados como si estuviéramos en la atracción de los espejos fantásticos del Tibidabo.
La aparición en pantalla del primer testigo a distancia ha sido demoledora. Al ver su imagen –un hombre muy mayor, abrigado con un anorak enorme y un gorro de lana bien grueso y acompañado de un abogado–, el fiscal Fernando Bermejo ha tenido la decencia de renunciar a él. La expresión de los ojos del presidente del tribunal era de una comprensión absoluta. En otro caso, el testigo, afectado por un problema vascular gravísimo certificado por los forenses para no hacerlo salir a testificar, ha iniciado igualmente su declaración y, ante el hecho de que se ha bloqueado, han tenido que ser las defensas las que desistieran de hacerlo testificar, después de que las acusaciones se aprovecharan de la debilidad cognitiva con la tolerancia del tribunal. En algunos momentos, tanto la fiscalía como la Abogacía del Estado han mostrado una falta de profesionalidad sorprendente, hasta el punto de que el mismo letrado de la Moncloa ha tenido que autoenmendarse por haber tuteado a testigos, incluso a los de edad más que avanzada. Cabe añadir el caso de Eva, una maestra de la escuela pública que, tras avisar que su citación era efecto de una confusión, el tribunal le ha tenido que pedir disculpas.
El fiscal pierde en las máquinas de juego
El juicio ha comenzado, como es costumbre y tradición del presidente del tribunal, con el único testigo presencial de la mañana. Santos Esteban Aranda, un empresario de cabellos largos y chaleco grueso, propietario de la empresa Creaciones e Investigaciones Electrónicas, SL, que tiene como objeto social la exportación y la fabricación de máquinas recreativas y de azar. Es decir, un fabricante de máquinas tragaperras y sobre todo, de las mejores máquinas de pinball del mercado internacional, las bautizadas como máquinas «del millón«.
La tesis del fiscal es que el primogénito del presidente Jordi Pujol contactó con Santos Esteban para llevar máquinas de juego a México. Pero Santos Esteban ha levantado el brazo para corregir al fiscal. «Fui yo quien se lo propuse a él», ha sentenciado con vehemencia. Una interrupción que ha tomado por sorpresa a Bermejo, quien ha redirigido el interrogatorio para establecer que Jordi Pujol Ferrusola intentó hacer negocios en México cuando estaba investigado por la Audiencia Nacional y tenía prohibido mover su patrimonio. «Sí, y cuando quedaba con él me decía… cuidado que nos graban, y yo reía», ha replicado con desenvoltura el testigo. «Pero no tenía que esconder nada porque las licencias (de las máquinas) en México las publica el gobierno mexicano en una web oficial», ha argumentado el testigo.
La pregunta del fiscal, sin embargo, era una trampa para él mismo, porque cuando intentó hacer el negocio en México –que no prosperó– comenzaron en 2015 y se extendieron hasta principios del año 2017. Un detalle que no ha pasado por alto a las defensas, porque no fue hasta el 30 de junio de 2017 que la sala penal le impuso una fianza de tres millones para poder salir de la cárcel, donde estaba encarcelado desde el 25 de abril del mismo año, que «garantizaba la prohibición que se le imponía de gestionar por sí mismo o por personas físicas o jurídicas su patrimonio». Es decir, en el momento de llevar a cabo los negocios de juego en México tenía permitido hacerlo. De hecho, no salió de la cárcel hasta el 27 de diciembre y no fue hasta entonces que tuvo que firmar en la Audiencia Nacional el requerimiento apud acta impuesto como medida cautelar, que implicaba comprometerse a no mover su patrimonio.
El hospital en Argentina
Otro de los puntos fuertes de la jornada ha sido la declaración del exdirector del Instituto Catalán de la Salud, Jaume Roma, que también había sido consejero de Obras Públicas, aunque duró unos meses en el cargo por un presunto caso de tráfico de influencias que quedó archivado por la justicia. Roma ha detallado que hizo negocios con Jordi Pujol Ferrusola aprovechando sus «buenos contactos en Argentina». En concreto, Roma lideraba la auditora y consultora J.J NEW SEA, SL. Una empresa que pagó a la sociedad Project Marqueting, de Pujol Ferrusola, 131.478,76 euros en 2003, en dos facturas.
Roma ha dado los detalles. Su empresa acordó con el primogénito de Jordi Pujol aprovechar sus contactos para poder gestionar un hospital en Salta, en Argentina. Una institución histórica que el gobierno de Argentina quería reestructurar y gestionar de manera privada. La consultora de Roma consiguió el contrato y en «agradecimiento por el trabajo realizado» le pagó la comisión a Jordi Pujol Ferrusola. «Yo me comprometí con él que, si obteníamos [la gestión de] el hospital, le pagaría una comisión, y lo conseguimos y se lo pagué», ha remarcado con contundencia. Una «comisión a éxito» como las que se han explicado en varios proyectos más analizados en la sala de vistas.
El caso Palau y CDC
La sesión también ha servido para hacer desfilar a la tribuna virtual a exdirectivos y trabajadores de las empresas HISPART, ALTRAFORMA y WINNER GRAPH que habían trabajado para CDC en el material de campaña de la formación. Las tres abrieron una cuenta de descuento en la entidad FIBANC que, según la tesis del fiscal, fue a propuesta de CDC, para hacer «pagos opacos». Los directivos de estas empresas, de edad muy avanzada, han admitido que tenían muy buenas relaciones con CDC, pero han puntualizado que desconocían la mecánica de estas cuentas. Uno de estos testimonios incluso se ha enfrentado con el Abogado del Estado, quien le ha asegurado: «Esta firma es suya, ya se lo digo yo». Y el testigo lo ha negado. De hecho, ha trasladado la responsabilidad a la directora financiera de la entidad, que ya ha fallecido. El ministerio público aprovecha el nombre de Altraforma siempre que puede para recordar que fue condenada en el caso Palau, aunque la defensa recuerde que, en ese sumario, no había ningún Pujol implicado. Por otro lado, los testigos han admitido que no tenían ninguna relación con Jordi Pujol Ferrusola, que trabajaban con David Madí o Josep Caminal o los responsables logísticos de campaña.
Según la documentación y los testimonios de la instrucción, la explicación de esta cuenta vendría por el interés que tenía Jordi Pujol Ferrusola de trabajar con la agencia de publicidad multinacional J.D. Decoux -una de las dos grandes de publicidad exterior con ClearChannel-, que tenía relación mercantil con estas tres empresas del mundo de la propaganda y la comunicación. El contacto para intentar hacer negocios con esta agencia advirtió a Jordi Pujol Ferrusola que CDC no les había abonado aún el dinero de la campaña de 1999, la última de Jordi Pujol como cabeza de lista de CiU. De ahí que Pujol Ferrusola negoció con Fibanc una cuenta de descuento donde CDC iría ingresando dinero para saldar la deuda de la formación que las tres empresas ya habrían saldado gracias al descuento. Al fin y al cabo, era una línea de descuento que avalaba Jordi Pujol a través de su cuenta en Andorra. De esta manera, quedaba la puerta abierta para no enredar más la madeja y que el primogénito del presidente pudiera entrar a trabajar con JD. Decó. Tanto es así que, curiosamente, en la decimoquinta jornada del juicio, testificó el presidente y fundador de Fibanc, Carles Tusquest, y la fiscalía no le formuló ninguna pregunta, ninguna, sobre esta línea de crédito. Un detalle nada menor.
