Perplejidad en el grupo parlamentario de Junts per Catalunya en Madrid y también en Waterloo. La Moncloa, aunque haya sido por la puerta trasera o por descuido en la redacción de una respuesta a una pregunta parlamentaria, ha admitido negro sobre blanco que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) espió al jefe de la oficina del presidente Carles Puigdemont, y hombre de su máxima confianza, Josep Lluís Alay. Así se desprende de una sorprendente respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso El Món, sobre la intromisión con el software Pegasus en octubre de 2019 y julio de 2020 que los Mossos d’Esquadra encontraron encontraron en el móvil de Alay.
En concreto, se trata de una pregunta firmada por el diputado Josep Pagès que se registró en la cámara baja cuando la Unidad Forense Informática de los Mossos d’Esquadra emitió un informe que constataba la infección con un software espía en los dispositivos telefónicos de Alay que fueron confiscados por la Guardia Civil en el marco de la operación Volhov del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, ahora ya sobreseída. La respuesta del gobierno es directa y simple e incluso, ya identifica un culpable, sin que Junts haya puesto ningún presunto culpable sobre la mesa.
Una respuesta que lo dice todo
La primera pregunta, detallada y extensa, que se formulaba era si «alguno de los miembros del gobierno español (el presidente, Sr. Pedro Sánchez, el ministro del Interior, Fernando Marlaska, la ministra de Defensa, Margarita Robles o cualquier otro miembro del gobierno) ordenó o validó la orden de infectar el móvil de Josep Lluís Alay?». La segunda es «en qué momento el gobierno español (el presidente, Sr. Pedro Sánchez, el ministro del Interior, Sr. Marlaska, la ministra de Defensa, Sra. Margarita Robles o cualquier otro miembro del gobierno) tuvo conocimiento del espionaje al Sr. Alay?».
La respuesta no puede ser más clara. «En cuanto a la pregunta de referencia, se informa que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) actúa con plena sumisión al ordenamiento jurídico y con absoluto respeto a la legalidad vigente, así como con plena sumisión a los diferentes controles (económicos, judiciales y parlamentarios) previstos en la legislación, tal como establecen la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del CNI, y la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia», asegura la Moncloa. Es decir, que es el mismo gobierno de Pedro Sánchez el que justifica la acción del CNI sobre el teléfono de Alay, sin que el grupo parlamentario de los de Puigdemont ni siquiera apuntara en su pregunta si había sido el CNI. De hecho, ni lo mencionan en la pregunta registrada.
Sorpresa en Junts por el reconocimiento implícito del papel del CNI
Fuentes del grupo parlamentario no ocultan a El Món, la estupefacción por la respuesta y, en cierta manera, su «entusiasmo» por el reconocimiento implícito que supone responder apuntando directamente quién hace el espionaje. «Excusatio non petita, accusatio manifesta«, alegan. «¡Están diciendo que fue el CNI!», insisten. Una respuesta que refuerza las dos imputaciones que ya tiene la exdirectora de los servicios de inteligencia españoles, Paz Esteban, por el espionaje al presidente Pere Aragonès, el líder de ERC en el Parlamento, Josep Maria Jové y la eurodiputada Diana Riba.
Posiblemente, otras fuentes apuntan que aquí reside la madre del cordero. De esta manera, interpretan que cargar el muerto del espionaje a quien fue destituida como directora del CNI ya es «de gratis». Por tanto, distorsionan la posibilidad de que fuera el ministerio del Interior el que activara este tipo de software espía. De ahí la brevedad y contundencia de la respuesta del gobierno de Pedro Sánchez.
