Primera reacción oficial a la querella presentada por el escándalo de la extinta Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Según ha podido saber El Món, la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona ha remitido una diligencia, con fecha 29 de diciembre y a la que ha tenido acceso El Món, en la que pide a los impulsores de la querella «precisión» de los hechos que se imputan a las personas que solicitan investigar. Una resolución que se entiende como una respuesta a la petición de impulso procesal que ha presentado la entidad firmante de la querella, la asociación Guardianes de la Inocencia, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la protección de los derechos de los niños y la lucha contra el abuso infantil.
El 17 de diciembre, los servicios jurídicos de la entidad, dirigidos por el abogado Octavio Candela, presentaron un escrito reclamando que se impulsara la querella y que se trasladara al ministerio fiscal. La razón de fondo era que la querella estaba registrada y abierta como expediente en el juzgado desde el primero de julio. Ahora la jueza, Alejandra Gil, ha enviado una diligencia a los abogados de la entidad para centrar el asunto.
En concreto, avisa que, de «manera previa a admitir a trámite, si procede, la querella, así como resolver sobre la personación, como acusación popular y previa fianza, de la parte querellante», les requiere para que en el plazo de cinco días aclaren los términos de la querella. Así, reclama «concretar qué hechos -narración de los hechos, así como tiempo y lugar- se imputan a cada uno de los querellados. Es decir, a los exconsejeros Chackir El Homrani y Violant Cervera, el exsecretario general de Derechos Sociales, Josep Ginesta, y la exdirectora de la DGAIA, Ester Cabanes.
Un retraso que «no es normal», según los querellantes
La petición ha sorprendido a la asociación que presentó la querella. Su presidente, Julián Peribáñez, considera que «lo que está ocurriendo es formalmente correcto, aunque es inusualmente lento». «Un retraso de admisión a trámite de más de seis meses no es normal, aunque puede ser debido, obviamente, a las implicaciones políticas y mediáticas del caso», comenta en declaraciones a El Món. «En este caso, al tener vinculaciones con la administración, la admisión puede retrasarse deliberadamente bajo apariencia de celo formalista», apunta Peribáñez. En este sentido, indica que los abogados ya tienen el escrito, porque «hace tiempo que tienen el trabajo hecho con la información que han recogido hasta ahora».
«Técnicamente, todavía no podemos hablar de una dilación indebida, porque el procedimiento no ha sido admitido, pero sí de una posible dilación injustificada», razona. «Como me decía un prestigioso abogado penalista: Cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana, y esto lo he vivido yo en mi propia actividad profesional otras veces», añade en respuesta a la petición de la jueza. «Sí que es verdad que no dejaremos estar nuestro afán y, si transcurre un plazo excesivo de más de ocho meses, valoraremos interponer un recurso por inactividad o dilación indebida ante la Audiencia Provincial o el Consejo General del Poder Judicial», avanza Peribáñez.
