A la espera de que el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, declare la próxima semana, las sesiones de esta semana del juicio del caso Mito, donde se le juzga por blanqueo, han terminado favorablemente para su defensa. Precisamente, la jornada del jueves concluyó con una de las declaraciones más esperadas tanto por la fiscalía como por buena parte de las defensas, la de Manuel Puentes Saavedra. Un imputado clave que gracias a sus cambios de declaración, casualmente coincidentes con su salida de prisión, la fiscalía pudo procesar a Boye y, de rebote, imputar blanqueo a buena parte del banquillo que desde hace semanas se sienta en la Audiencia Nacional, con José Ramon Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, a la cabeza en el marco de una macrocause por narcotráfico.
Su declaración, sin embargo, fue un absoluto contraste con las manifestaciones que había hecho durante la instrucción porque aportó hechos nuevos y datos que chocan, incluso, con las pruebas periciales de la policía. De hecho, su declaración obvió lo que se conoce como el Principio de Billing: el silencio es una de las cosas más difíciles de refutar. Un error clamoroso que se veía venir por el historial de esta polémica figura procesal, la del imputado que consigue la libertad a pesar de la contundencia de los cargos de los que se le acusa, a cambio de involucrar a los otros investigados a quienes la fiscalía les tiene jurada. Como no pudo mantener el silencio, su testimonio fue fácil de refutar o restarle credibilidad.
Un testigo único para acusar
Puentes Saavedra inició su declaración con un turno de pregunta y respuesta de la fiscalía más guionizado que una sitcom. Tan guionizado que, a menudo, el declarante respondía antes de la formulación completa de la pregunta, lo que hacía levantar las cejas a los miembros del tribunal. La condición de declarante de la fiscalía impedía, al menos por cortesía con las garantías procesales, que no respondiera a las defensas, a la vista de que es un imputado con el que la fiscalía justifica la acusación de blanqueo, sobre todo a Boye.
Los abogados ya le esperaban, con el delantal, la chaira y el cuchillo. Las incongruencias y el hecho de que consiguiera la libertad, a pesar de estar imputado en una causa de homicidio, tan pronto declaró a la fiscalía después de hablar con la policía en prisión, era munición para unos abogados con ganas de gresca y de poner las cosas en su lugar. Tanto fue así que, incluso el presidente del Tribunal, Félix Guevara, se arremangó para corregir, ayudar y enmendar los interrogatorios, con una paciencia que se podría calificar de insólita en su carácter profesional.
No hay más preguntas
Puentes Saavedra, con gorro de lana y todo, ha acabado reconociendo al tribunal que recibió visitas de la policía y de la Guardia Civil en prisión. Visitas que le preguntaban por «cosas genéricas» sobre el conocimiento de algún delito. Una tesis que no se ha tragado el abogado de Boye, Eduardo García, reclamando que explicara con calma qué quería decir exactamente que la «policía lo fue a ver, varias veces, para hablar de cosas genéricas». Una pregunta que ha recibido el apoyo del presidente del tribunal y que el imputado ha defendido con resignación.
La siguiente pregunta ha sido clave cuando ha reconocido que el 14 de julio de 2019 —dos años después de ser arrestado— cambió la declaración para incriminar a Boye y el cinco de agosto salió de prisión, a pesar de también estar imputado en una causa por homicidio. «No hay más preguntas, señoría», ha pronunciado con rigor y relajación la defensa. Puentes Saavedra justificó su cambio de relato con el argumento de que «quería decir la verdad».
Contradicciones flagrantes
Antes del turno de las defensas, sin embargo, el fiscal Angel Bodoque, protagonizó el interrogatorio que casi parecía un examen tipo test. Puentes Saavedra explicó hechos nuevos y diferentes de los de la instrucción de la causa y, además, incurrió en varias contradicciones con las pruebas periciales que se han evaluado esta semana. Así, sobre la contratación a mediados de febrero de Boye para intentar recuperar el dinero confiscado en Barajas ha contradicho las pruebas policiales —escuchas y geolocalizaciones— que sitúan a Sito Miñanco en Algeciras y Marbella en esas fechas, Puentes Saavedra ha aseverado que el principal procesado de la causa estaba en el despacho de Boye.
En cuanto al origen del dinero, volvió a cambiar la versión y ha dicho que el dinero intervenido en Barajas era propiedad de Luis Enrique García Arango, quien tenía, según sus palabras, la intención de jubilarse y pasar el resto de su vida “pensionado” en Colombia. Un dinero que Manuel González Rubio, cliente de Boye, admitió y reconoció tanto en vía administrativa, como en instrucción y en la vista que eran suyos. Uno de los detalles más curiosos de los interrogatorios ha sido sobre los supuestos documentos falsos firmados para recuperar el dinero. Puentes Saavedra, para sorpresa de todos, reconoció que no los había visto ni leído y no sabía qué decían. Documentos fundamentales para la acusación de la fiscalía. Incluso, se equivocó ostensiblemente de número, porque si bien dijo que serían «cuatro» documentos, en realidad, eran más de veinte. Y como colofón, tuvo que narrar que vio cómo los firmaba Manuel González Rubio, quien asegura ser el propietario del dinero. De hecho, es quien la policía sorprendió en el aeropuerto. Lunes, Boye.
