La fiscalía ha solicitado al Tribunal Constitucional (TC) que mantenga vigentes las órdenes de detención -dictadas por Pablo Llarena- contra el presidente en el exilio, Carles Puigdemont, y el exconsejero Toni Comín. El fiscal Pedro Crespo ha enviado dos escritos de 14 páginas -recogidos por Europa Press- en los que señala que la decisión final del Tribunal Constitucional sobre si se aplica o no la amnistía a Puigdemont y Comín no depende de la situación procesal de los políticos catalanes (en la situación actual de libertad para moverse por toda Europa sin entrar en el Estado español, en libertad, o en prisión preventiva). Según Crespo, que se mantengan las órdenes de detención contra el presidente en el exilio y el exconsejero no tiene ninguna afectación y no provoca un perjuicio irreparable a los dos políticos, argumentando que tanto Puigdemont como Comín siguen en el extranjero porque quieren.
Por su parte, el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, no prevé que el tribunal español pueda haber resuelto los recursos de amparo -por la decisión del Tribunal Supremo (TS) de no amnistiar la supuesta malversación del 1-O a Carles Puigdemont y Toni Comín- hasta pasadas las fechas navideñas, y argumenta que las recusaciones de magistrados -que fueron tumbadas por parte del tribunal español- que han planteado las defensas de los políticos catalanes han hecho que se retrasen los plazos para la resolución de estos recursos.
La defensa de Carles Puigdemont aseguraba que la medida cautelar era «no solo procedente sino imprescindible para garantizar la efectividad del recurso de amparo», ya que la orden de detención que hay contra el presidente en el exilio causa «una afectación inmediata e imposible de reparación del derecho fundamental a la libertad» y una afectación al «derecho a la participación política al tratarse de un parlamentario electo».
El fiscal, al ataque
Crespo se ha centrado en destacar que la orden de detención hacia los dos políticos catalanes no tiene ‘importancia’ para su día a día. El fiscal asegura que se trata solo de «una hipotética afectación de su derecho a la libertad que su efectiva –y en todo caso futura– realización depende además en buena parte, como notoriamente ha quedado acreditado a lo largo de los años, de su propia voluntad, por más que su argumentación pretenda desenfocar o invertir la realidad jurídica de su situación».
El fiscal acusa a Puigdemont de hacerse la víctima alegando «una coerción que le impide entrar en territorio nacional lo que, en términos jurídicos, no es más que el fruto de su propio temor –no susceptible de tutela cautelar– a ser privado de libertad en virtud de una resolución judicial que a su vez es consecuencia de su propia conducta procesal, concretada en la decisión de eludir la acción del tribunal que la adoptó» y asegura que «se mantiene voluntariamente fuera del radio de acción de la Justicia española».
