La Audiencia Nacional casi podría abrir una copistería debido a la cantidad de resoluciones idénticas sobre la inexistencia de la famosa trama rusa del Procés. Por tercera vez, la sección tercera de la sala penal ha vuelto a cerrar la puerta a investigar una supuesta influencia del Kremlin en la dirección civil e institucional del Primero de Octubre de 2017. Además, los magistrados Francisco Javier Viera, Eduardo Gutiérrez y Carlos Fraile lo han hecho con una delicada pero vistosa reprimenda a los policías que intentaban reabrir el caso, a Sociedad Civil Catalana y a Vox.
La resolución, de apenas cuatro páginas y a la que ha tenido acceso El Món, vuelve a tumbar un recurso de apelación presentado por los dos policías heridos en el marco de las protestas postsentencia al que se unieron SCC y los ultraderechistas. Una apelación que viene de lejos. En concreto de una providencia de 12 de marzo de 2025 del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional por la cual se desestimaba el recurso de reforma interpuesto contra otra providencia, de 19 de febrero de 2025, que denegaba la incorporación a las actuaciones de un informe policial llamado “operación Troya”.
Un atestado elaborado por miembros de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía que involucraba a personas como Josep Lluís Alay, Xavier Vendrell, Oriol Soler, Jesús Rodríguez, el presidente en el exilio Carles Puigdemont, Marta Rovira o Marta Molina. Este informe servía a los policías para intentar reabrir por un delito de traición una vez se archivó el pasado mes de julio el caso del Tsunami Democràtic, donde eran acusación, porque el juez había prorrogado la instrucción fuera de plazo. Así, las tres acusaciones apelaban a la sala al entender que la Operación Troya relataba unos «hechos que podrían ser constitutivos de un delito de terrorismo en la modalidad de “urbano” y de un posible delito de traición al haber podido participar en los hechos potencias extranjeras». En este contexto, los policías, Vox y SCC aseguraban que estos hechos eran nuevos y, por lo tanto, no se trataba de abrir un caso nuevo, sino de investigarlo en el mismo procedimiento.
Ni procesalmente, ni materialmente
Los tres magistrados deniegan la pretensión al razonar que no hay ningún motivo ni procesal ni material para incorporar el informe y continuar investigando un delito de traición en base a la trama rusa. En primer término, la sala recuerda que los dos casos judiciales donde se ha investigado la trama rusa -el juzgado de Instrucción 1 de Barcelona y el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional- se han archivado. Además, los jueces se muestran sorprendidos de que el Juzgado de Instrucción 1, que recibió el informe Troya, «no dedujera testimonio» a la Audiencia Nacional, ni tampoco lo solicitaran los perjudicados o acusaciones. Los togados reprochan que ahora quieran continuar el caso y no lo solicitaran cuando los procesos judiciales estaban vivos. «Es ciertamente complicado a efectos procesales», ironizan los jueces.
En cuanto a los argumentos materiales, los magistrados recuerdan que la Audiencia Nacional ya cerró en el año 2020 una investigación sobre una supuesta trama rusa, basada en recortes de prensa y un testigo protegido que nunca se ha aclarado quién era. Fueron las diligencias 86/19 que se abrieron y cerraron sin que nunca se levantara el secreto. Por otro lado, la sala penal recuerda la resolución de la Audiencia de Barcelona por la cual se reafirmó el archivo de la trama rusa que se seguía en el juzgado de Instrucción 1. Una decisión con una evidente bofetada al juez instructor por intentar enredar a un tribunal superior y saltarse el archivo abriendo una réplica del caso que la Audiencia ordenaba cerrar, con el truco de la «clonación procesal». Ahora todo queda cerrado sin ningún cabo suelto para intentar reabrir un caso mucho más que superado.
