Después de años y años de instrucción, casi 14, y un embrollo jurídico sobre la personación del Ayuntamiento de Tarragona, la Audiencia de Tarragona ha fijado fecha para la vista oral del caso Inipro. Es decir, el caso sobre las irregularidades del consistorio cuando el alcalde era el histórico socialista, Josep Fèlix Ballesteros. El sumario, según concluye el ministerio fiscal, demostraría la conspiración entre los nueve acusados, cargos socialistas y el mismo exalcalde, que consistiría en utilizar el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSST) –la entidad municipal que vela por las personas más vulnerables– para adjudicar fraudulentamente a la empresa Inipro un contrato sobre la “potenciación del asociacionismo entre la población recién llegada” que servía para “hacer clientelismo político a favor del PSC”.
Así, la Audiencia ha programado la vista preliminar, es decir, las cuestiones previas, el día 18 de septiembre. En cuanto a la vista oral, los magistrados prevén 18 jornadas. En concreto, los días 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de octubre. Un juicio largo y lleno de prueba documental y de testigos que buscan condenas por los delitos de prevaricación, malversación, fraude, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil. De hecho, el juicio llegará siete meses antes de las elecciones municipales y tendrá las acusaciones del ministerio fiscal, y de la CUP. Aún resta por decidir la personación del Ayuntamiento de Tarragona, que se retiró, y que ERC impugnó y que ahora vive un juicio derivado en la vía contenciosa administrativa. Por otro lado, el PSC está acusado por el ministerio público de partícipe a título lucrativo del entramado y, de hecho, ha pagado la responsabilidad civil de un importe de 276.157 euros.
Ballesteros, en el centro
En su escrito de acusación, la fiscalía destaca que el “clientelismo» denunciado «se hacía a cambio de dinero público” y estaba destinado “especialmente a captar votos y a mejorar la imagen del alcalde Josep Fèlix Ballesteros” a través del ciberactivismo con el grupo PSC Ciberactivistes Ballesteros. Además, el ministerio público destaca que una vez se agotaron los fondos presupuestados, “meses antes de que se hubiera consumido el tiempo licitado”, los acusados continuaron gastando recursos con la misma campaña.
De hecho, esta continuidad se llevó a cabo “a pesar de saber que [la empresa adjudicataria] no prestaba el servicio que inicialmente le había sido adjudicado”. Así, concluye que “ampararon durante meses el pago con dinero público de las facturas que giraba, prescindiendo de toda norma y procedimiento legal y con evidente perjuicio para el ente público”. Es decir, todos concertaron dedicar dinero destinado a servicios sociales a hacer propaganda electoral para el PSC de Tarragona, en especial para el entonces alcalde Ballesteros.
La instrucción del caso ha servido para construir un relato a partir de las comunicaciones internas de los acusados –Antonio Muñoz, Gustavo Cuadrado, Victòria Pelegrín, Enriqueta Aznar, Alejandro Caballero, Enric Manuel Miró y José Gallet, además de Ballesteros y su mano derecha en el consistorio Begoña Florià– que se han aportado a la causa. En concreto, el ministerio público reclama a Ballesteros 13 años y 8 meses de prisión desde la acusación particular, y fiscalía le rebaja a cinco años y ocho meses. A Antonio Muñoz le reclaman cinco años y diez meses de prisión y seis años de inhabilitación y 8280 euros de multa; a Gustavo Cuadrado también cinco años y diez meses de prisión; a Victòria Pelegrin, cinco años y cinco meses de prisión y a Floriá, cuatro años y diez meses de prisión. El resto de acusados tienen peticiones desde cinco años a dos años de prisión.
