La Audiencia Nacional ha confirmado el archivo definitivo del caso abierto por terrorismo por la organización y financiación de la plataforma Tsunami Democràtic tras rechazar los últimos recursos pendientes. “Debe considerarse que en este caso los investigados no tuvieron oportunidad, antes del cierre de la instrucción, de defenderse efectivamente, lo que lleva inevitablemente al sobreseimiento de las actuaciones acordado en las actuaciones recurridas”, concluye la Sala Penal de la Audiencia Nacional en una resolución que ha adelantado El País y a la cual ha tenido acceso la Agencia Catalana de Noticias (ACN).
Òmnium, que tenía un miembro de su junta directiva encausado, ha celebrado la decisión de la Audiencia. “Hoy se confirma lo que la sociedad civil sabíamos desde el primer momento: protestar no es terrorismo”, ha dicho la entidad independentista en un breve comunicado. “Los años de persecución hacia el independentismo no pueden quedar impunes. Denunciamos las vulneraciones de derechos fundamentales ante las instancias internacionales y continuaremos protestando”.
Avui es confirma allò que la societat civil sabíem des del primer moment: protestar no és terrorisme.
— Òmnium Cultural (@omnium) March 13, 2025
Els anys de persecució cap a l'independentisme no poden quedar impunes. Denunciem les vulneracions de drets fonamentals a les instàncies internacionals i continuarem protestant. pic.twitter.com/lsVF95AjaD
Una decena de políticos y activistas independentistas investigados
El caso por terrorismo afectaba a 10 políticos, empresarios, activistas y periodistas independentistas, muchos de los cuales se exiliaron cuando se supo que se les investigaba: la exsecretaria general de ERC, Marta Rovira, Josep Lluís Alay, Oriol Soler, Xavier Vendrell, Marta Molina, Josep Capmajó, Jesús Rodríguez, Jaume Cabaní, Oleguer Serra y Nicola Flavio. En septiembre de 2024, el Tribunal Supremo ya confirmó el archivo de la parte del caso que afectaba al presidente en el exilio, Carles Puigdemont, y al diputado de ERC, Rubén Wagensberg, que por su condición de aforados no podían ser investigados por la Audiencia.
La Sala Penal ha desestimado los recursos de las acusaciones y confirma la resolución de la misma sala, que declaró que el magistrado Manuel García-Castellón había prorrogado fuera de plazo la instrucción a finales de julio de 2021, cuando aún estaba declarada secreta para las partes personadas, con la excepción del ministerio fiscal. García-Castellón no levantó el secreto hasta casi dos años después, el 8 de mayo de 2023.
La Audiencia recuerda que la ley prevé que “el secreto del sumario deberá levantarse necesariamente con al menos 10 días de antelación a la conclusión del sumario”, un plazo que el magistrado no cumplió. En julio del año pasado, el mismo García-Castellón se vio obligado a invalidar todas las diligencias realizadas a partir del 30 de julio de 2021 por orden de la Sala Penal por un defecto de forma, cerrando así una investigación de cinco años que se reactivó a finales de 2023, coincidiendo con las negociaciones de la ley de amnistía.
