Carles Puigdemont es una «autoridad incuestionable» en el independentismo. No lo dice su partido, Junts per Catalunya sino un juez de la Audiencia Nacional española. El magistrado Manuel García Castellón, titular del juzgado central de instrucción número 6 y encargado, al menos hasta hoy, del caso del Tsunami Democrático, necesita pasar por esta frase que parecería un reconocimiento si no fuera una acusación, para justificar su imputación por terrorismo por la actividad de la plataforma para convocar protestas contra la sentencia del Procés del otoño del 2019. Puigdemont ya hacía dos años que estaba en el exilio, pero, según García Castellón, era el «vértice más alto de la organización» de Tsunami Democrático. El juez añade que su posición de presidente al exilio y «líder desde Bruselas del independentismo le atribuye una posición de autoridad incuestionable».
Esta argumentación forma parte del escrito de 101 páginas, al cual ha tenido acceso El Món, que el magistrado que hasta ahora instruía la causa ha dirigido al Tribunal Supremo para pedirle que se haga cargo del caso porque dos de los doce imputados, Carles Puigdemont y el diputado de ERC en el Parlamento Ruben Wagensberg, son aforados. Con esta maniobra, García Castellón intenta sustraer el sumario a las limitaciones a los excesos del magistrado que intentan poner tanto el jefe de la Fiscalía Antiterrorista de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, y el presidente de la Sala de lo penal, Alfonso Guevara, que también le estaba cortando las alas, en una guerra entre jueces que acaba de estallar.
Mensajes de móvil de Alay y tuits de Puigdemont
Como indicios que probarían la tesis que Puigdemont comandaba Tsunami, García Castellón menciona mensajes de móvil entre el jefe de la oficina del presidente al exilio, Josep Lluís Alay, y el periodista Jesús Rodríguez, de
Una vez situados los personajes, García Castellón despliega todos sus argumentos destinados a presentar Tsunami como una organización terrorista para intentar impedir que los encausados en este sumario –entre los cuales hay también la secretaria general de ERC, Marta Rovira, exiliada en Ginebra– se puedan acoger a la amnistía que se tramita en el Congreso. En este sentido, destaca «las graves consecuencias que podía haber tenido para la seguridad del tráfico aéreo» si «la acción pretensa» hubiera tenido éxito. «Si Tsunami hubiera conseguido su objetivo de impedir el cambio de turno de los controladores aéreos de la instalación, esto no solo habría provocado daños económicos, sino que podría haber tenido un resultado catastrófico de consecuencias imprevisibles para las personas que en aquel momento se encontraban a vuelo a bordo de las aeronaves al área objeto de control, con el evidente riesgo y peligro para sus vidas», advierte.
Reclama que se investigue la muerte por ataque de coro de un turista al Prat
Aun así, como que el mismo juez habla del que habría podido pasar y no pasó, intenta collar los imputados con la muerte de un turista francés al aeropuerto del Prat, por un ataque de corazón. El magistrado reclama averiguar si el colapso del aeropuerto pudo provocar esta muerte. «Se trataría de descartar que la muerte se podría haber evitado», aclara. «Especialmente relevante resultará aclarar si entre los lisiados hubo usuarios del aeropuerto (viajeros, tripulación de vuelo, acompañantes o familiares de viajeros o personal del aeropuerto), para concretar el riesgo que para la integridad física de las personas que supuso la acción organizada por Tsunami», remarca.
Sobre la calificación de terrorismo, que le discute el mismo fiscal antiterrorista de la Audiencia Nacional, el magistrado resalta que la protesta del aeropuerto del Prat del 14 de octubre del 2019 era «ilegal» porque no había sido comunicada y porque, según él, testigos de los Mossos indican que se usaron artefactos, sustancias y armas por parte de los manifestantes. Menciona «piedras de grandes dimensiones provenientes de arrancar el mármol y el granito del suelo, con aristas cortantes; hierros de 2 metros de largo proveniente de la valla del edificio; vidrios provenientes de la rotura de las estructuras del edificio; pirotecnia de gran potencia, extintores vacíos, carros portamaletas, maderas, vidrios, vallas, palés y piezas metálicas».
El último deseo: que se juzguen los hechos en Suiza o Bélgica si en España no se sale
En un salto más, García Castellón plantea que los hechos serían enjuiciables con los convenios internacionales en la mano y «dado que varios de los investigados en este procedimiento se encuentran fuera de España, concretamente en Suiza y Bélgica, países que han firmado los convenios señalados». Por si no se pudiera hacer el juicio en el estado español, el juez dice al Supremo que «podría quedar fuera de peligro la posibilidad de enjuiciar los graves acontecimientos acontecidos al aeropuerto del Prat en alguno de los países mencionados, si se hace uso de los mecanismos de cooperación judicial oportunos por parte de la Sala Segunda».
