«El abogado de la Comisión Europea ha actuado con un discurso político impropio de un letrado». Así definía Gonzalo Boye la intervención del abogado de la Comisión Europea, Carlos Urraca Caviedes, en las dos vistas orales en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las cuestiones prejudiciales presentadas por el Tribunal de Cuentas y por la Audiencia Nacional, a raíz de la aplicación de la amnistía. Según explican los defensores de los procesados por el Tribunal de Cuentas y por los encausados en el sumario de la operación Judas, los quince miembros de la Gran Sala del TJUE y el abogado general se extrañaban del profundo y desacomplejado sentido político del argumentario de Urraca expuesto en las vistas de este martes.
La beligerancia de Urraca aún cobró más fuerza en contraste con el posicionamiento jurídico de Andrea Gavela, jefa de la delegación de la Abogacía del Estado que defendía a capa y espada la legalidad de la amnistía y el respeto de la norma por el derecho europeo. Un posicionamiento muy diferente de la actitud más bien política que este mismo órgano estatal había mantenido hasta ahora en litigios relacionados con el Proceso en la justicia europea –las prejudiciales sobre el consejero Lluís Puig y los procesos sobre la inmunidad de Carles Puigdemont– y que este martes también compartía el representante del ministerio fiscal. La disputa entre Gavela y Urraca sorprendió a los presentes en la gran sala del TJUE.
De hecho, la decisión de elegir a Urraca para expresar la postura del servicio jurídico de la Comisión Europea hizo recelar a los habituales del tribunal porque es un experto en derecho de la competencia. Un campo en el que tiene cierto prestigio por sus actuaciones en temas de competencia energética y compañías de servicios digitales, como Google. Dos materias donde la Unión Europea ha sido bastante beligerante. Urraca ha participado en varios cursos, seminarios y estudios sobre esta materia en cumbres celebradas en instituciones y entidades como la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, la Universidad Complutense, la Bolsa de Madrid y el lobby Crisis y Contratación Pública. De ahí la extrañeza de que fuera designado para dirigir un asunto de derecho penal y garantías procesales, lejos de su terreno. Pero la situación política, cambios que se remontan a las últimas elecciones europeas, un entorno muy específico, la estrategia paradiplomática de la derecha española y un par de nombres lo explicarían.
Siempre en Bruselas
Es necesario partir del currículo de Urraca, que es miembro del Servicio Jurídico de la Comisión Europea desde 2006. En este destino, ha centrado su trabajo y agenda en el derecho de la competencia y las ayudas y subvenciones de los estados a las empresas privadas. En esta posición ha ejercido en los Servicios Jurídicos del Banco Central Europeo y ha sido letrado del TJUE en los gabinetes del Abogado General Dámaso Ruiz-Jarabo, que después fue uno de los jueces europeos de la demanda del empresario José María Ruiz Mateos, el famoso caso Rumasa, y que defendió la capacidad de la Unión Europea de imponer sanciones económicas a los estados que integran la Unión.
Urraca también fue la mano derecha del juez Marc Jaeger, luxemburgués, eterno presidente del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) y creador de la frase «en Luxemburgo no somos políticos, somos jueces y nos limitamos a aplicar el derecho comunitario». Y, antes de llegar a Bruselas, se licenció en derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra, y obtuvo un máster en leyes en el Colegio de Europa (Brujas).
Sorpresa por la beligerancia en la sala de vistas
El posicionamiento de Urraca, en representación de la Comisión Europea, ya se había puesto negro sobre blanco. De hecho, el gobierno español y las defensas conocían cómo podían ir las cosas, pero no preveían tanta virulencia como la que encontraron en la vista, cuando lo tuvieron cara a cara. Carlos Urraca ya había firmado el escrito de alegaciones contra la amnistía, junto con Céline Valero, otra letrada del servicio legal de la Comisión Europea, que, según el anuario Whoisho de la UE de este mes de julio, es la delegada en cuestiones Eurozona y asuntos económicos. Es decir, tampoco tiene ningún ascendente entre los letrados especializados en derecho penal o procesal penal ante la curia europea.
Los dos firmantes, sin embargo, tampoco fueron unos temerarios en su escrito, porque dejaron claro que la amnistía y los delitos de malversación o la responsabilidad contable de la que se acusa a los condenados por la sentencia del Proceso y por el caso ante el Tribunal de Cuentas «no afectaban los intereses económicos de la Unión Europea». Su faceta como especialistas en asuntos económicos no les habría permitido hacer una valoración diferente, aunque la sala presidida por Manuel Marchena afirmara que la malversación de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa sí que afectaba los fondos europeos.
A cambio, los dos letrados remitieron un informe el 9 de diciembre de 2024 posicionando a la Comisión Europea en las prejudiciales contra el contenido político de la amnistía. Es decir, reconvertían lo que debía ser un informe técnico en un alegato político de 36 páginas, siguiendo al pie de la letra los argumentarios de la biosfera política y mediática de la derecha española, incorporando conceptos como «autoamnistía» y calificando la ley de producto de un pacto político para una investidura que afectaba «el interés general». El informe hizo enfurecer al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que pidió explicaciones sobre el contenido del texto y apuntó a un nombre como responsable final: Daniel Calleja, que era quien había ordenado a Urraca y Valero firmar y elaborar el documento de alegaciones.
La Comisión Europea pide RECHAZAR la cuestión prejudicial contra la amnistía: NO AFECTA A INTERESES FINANCIEROS DE LA UE.
— Félix Bolaños (@felixbolanosg) June 10, 2025
Un exjefe de gabinete de dos comisarios del PP coló su argumentario en el escrito. Le han relevado de su puesto. Por lo que sea.https://t.co/QLHqGNI1iY
Calleja, un nombre a tener en cuenta
La conducta de Urraca en la sala de vistas es la última etapa de un largo proceso estratégico de la paradiplomacia españolista camuflada en altos funcionarios del Estado o en instituciones internacionales. En este caso, Calleja sería un punto clave para entender la contraofensiva a la amnistía desde los servicios jurídicos de la Comisión Europea. Daniel Calleja Crespo, ahora ya exdirector del servicio jurídico de la CE, es un veterano funcionario con más de 35 años de experiencia en la capital comunitaria y era el jefe de Urraca y Valero, con quien tiene mucha confianza, cuando se fijó la posición que ayer se defendió en la Sala Grande del TJUE. Calleja se habría aprovechado de un vacío de poder a raíz de las elecciones al Parlamento Europeo del verano de 2024, porque en diciembre los miembros de la Comisión Europea ya se retiraban y los actuales aún tenían que asumir las carteras. Momento que agarró con la guardia baja a los responsables políticos de la Unión, que ni se enteraron del informe presentado y firmado por los dos letrados de confianza de Calleja, Urraca y Valero.
Para entender el movimiento de Calleja, es necesario contextualizar su currículo. El funcionario comenzó su andadura como abogado en la multinacional Procter & Gamble, donde estuvo solo dos años, de 1984 a 1986, hasta que entró a trabajar como miembro del servicio legal de la Comisión Europea. Pero en 1992 hizo un cambio de rumbo, sin dejar de lado las instituciones comunitarias, para ir a ejercer, hasta el año 2004, como jefe de gabinete de los comisarios europeos del sector más derechista del PP, comenzando por Abel Matutes y continuando con el exministro del Interior Marcelino Oreja y Loyola de Palacio, vicepresidenta de la Comisión. Solo interrumpió su relación con el PP en Europa durante nueve meses, cuando, de enero a octubre de 1995 fue jefe de gabinete del presidente de la Comisión Jaques Santer, un europeísta moderado que tuvo que dimitir –y con él su gobierno europeo– entre acusaciones de corrupción, abuso de poder y fraude.
En 2020, Calleja fue nombrado director general de los servicios jurídicos de la Comisión, donde ejercía sin esconderse como un funcionario de la órbita del PP. Bolaños, cuando supo el contenido del informe, no pudo evitar señalar por Twitter a «un exjefe de gabinete de dos comisarios del PP», que acusó de haber «colado su argumentario en el escrito». El ministro también añadía que lo habían relevado de la dirección por el motivo «que fuera». Bolaños se refería al hecho de que Calleja fue relevado del cargo el pasado mes de mayo –cuando ya había colado el argumentario que al cabo de unas semanas se acabaría haciendo oficial– y destinado como director de la Representación de la Comisión Europea en España. En las nuevas funciones, actuará como representante oficial de la Comisión Europea en España, bajo la autoridad política de la presidenta Ursula von der Leyen, auspiciada por el sector más duro del PP. A nadie le extraña que fuera Bolaños quien provocara el relevo tan inmediato tras la elaboración del informe para cubrir de manera urgente un puesto que hacía dos años estaba vacante.
Un exmagistrado del TGUE en el mismo círculo
Urraca también tiene otras relaciones significativas. Por ejemplo, con otro excompañero de la curia jurídica europea. Con el cual, incluso, comparten cursos y seminarios en la influyente y poderosa Academia de Práctica Jurídica Europea. Se trata de Ignacio Ulloa Rubio, exmagistrado del Tribunal General de la Unión Europea (2013-2019) y uno de los artífices del manual de actuación para jueces y magistrados españoles para detener la amnistía. Por cierto, Ulloa fue el primer secretario de Estado de Seguridad, cuando era ministro del Interior, de Jorge Fernández Díaz, para quien la fiscalía pide ahora 15 años de prisión por el caso Kitchen. Una etapa en la que Ulloa propuso medidas de dudosa legalidad, como cambiar los funcionarios de prisiones por vigilantes privados.
Ulloa publicó un denso artículo en el diario La Ley –una especie de BOE muy influyente para los juristas– donde hacía una comparación entre el derecho de la Unión Europea y la ley de amnistía. Hacía un estudio de la distribución de competencias entre la UE y el parlamento del Estado español y afirmaba que la amnistía vulneraba el principio de seguridad jurídica y el derecho de la Unión. Además, esbozaba un esquema sobre el posible planteamiento de cuestiones prejudiciales, por parte de los tribunales españoles competentes en las materias anteriores ante el TJUE. El artículo es la base del posicionamiento de Urraca.
Ulloa fue el protagonista del acto de presentación del manual de combate jurídico contra la amnistía en un acto en la Sala de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Un evento organizado por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial para presentar una “guía para el planteamiento de cuestiones inconstitucionales y/o prejudiciales europeas sobre la ley de amnistía”. Al acto asistieron una treintena de personas entre las que se encontraban la exfiscal en jefe de Barcelona Ana Magaldi y José Domingo, uno de los próceres de Impulso Ciudadano. Ulloa fue el encargado de presentar el manual para asesorar a los jueces, fiscales y acusaciones para entorpecer la aplicación de la amnistía. A la vista de todo esto, todos los caminos del PP, ahora, llevan a Bruselas.
