Teresa Duerto, la cofiscal del juicio a la presidenta suspendida del Parlamento, Laura Borràs, ha sido la responsable de replicar a las defensas sobre las cuestiones previas planteadas. De entrada, ha negado cualquier vulneración de derechos fundamentales alegados por parte de los letrados de Borràs, y de los otros dos acusados, Isaías Herrero y Andreu Pujol, que también responden por los delitos de prevaricación y falsedad documental. Pero ha hecho especial énfasis en el hecho que, sin duda, ha sido el protagonista de la jornada: un posible acuerdo de conformidad con los otros dos acusados que aislaría a Borràs. «El juicio se celebra aquí, no en la calle», ha expresado Duerto para dejar claro que lo que explican los medios no forma parte del proceso interno del juicio.
En todo caso, Duerto no ha negado que haya habido conversaciones para un acuerdo con Herrero y Pujol, pero en ningún caso que este pacto esté cerrado. «La presunción de inocencia se acaba si hay una sentencia que condena», ha recordado. En este sentido, ha defendido la categoría y estatuto de acusados de los tres y ha defendido la legitimidad de llegar a un acuerdo en el ejercicio del derecho a la defensa en todo su alcance. Así mismo, el ministerio público ha defendido la extracción de datos informáticos y de comunicaciones que las defensas deslegitiman. La fiscal también ha tenido una cortesía con la defensa al no oponerse a que el consejero de Cultura en el exilio, Lluís Puig, haga de testigo en la vista.
Fiscalía evita entrar en la guerra
El ministerio público ha decidido pasar de puntillas en la guerra abierta entre las defensas a raíz del posible acuerdo. Ahora bien, sí que ha incidido en la permisividad de la ley con los pactos de conformidad como un sistema de defensa de los acusados. En todo caso, que haya conversaciones sobre un posible acuerdo es, para la fiscalía, legítimo y legal. Es decir, que en ningún caso se vulnera el derecho a la defensa de los otros acusados si hay conformidades parciales.
La fiscal ha sido bastante hábil para explicar al tribunal que preside Jesús Maria Barrientos que ha habido relaciones para llegar algún tipo de acuerdo. En este marco, sin embargo, ha remarcado que hoy por hoy el juicio es el que es y más allá de lo que se pueda haber filtrado o pueda ser difundido por los medios de comunicación, el juicio ha empezado con los tres acusados por los delitos de prevaricación y falsedad documental. De aquí que haya evitado entrar en el fragor de la batalla entre letrados que ha supuesto una petición de dispensa en el Colegio de Abogados de Barcelona para recoger información, y una suspensión del juicio, y poder acreditar la rotura de la unidad estratégica de las tres defensas.
