Tenía que suceder y, finalmente, ha sucedido. Un testigo se ha dirigido al ministerio fiscal y al tribunal para espetarles: «Se han equivocado». Y nadie le ha querido formular más preguntas ante la evidencia que ha expresado el testigo número 45, José Antonio Gálvez, sorprendido por haber sido citado en el profuso e intenso juicio contra los Pujol-Ferrusola en la Audiencia Nacional. «No conozco a nadie, no tengo ni idea de por qué me citan», «no tengo ni idea de qué me están hablando», «yo no he trabajado nunca para estas empresas que me dicen»… han sido las respuestas a las primeras preguntas del ministerio fiscal y el tribunal, que se han dado por vencidos por la convicción, postura y tono del testigo, que parecía un vegano en una barbacoa de la patronal de los mataderos.
Ha sido una de las perlas de la sesión celebrada esta mañana, a la que se debe añadir que han esperado durante tres horas a un testigo que resultó haber muerto y otro interesantísimo, que ha declarado mientras fumaba un vapeador y que ha regalado una verdadera clase magistral sobre negocios inmobiliarios en ayuntamientos estrella del PSC. Son riesgos que se deben asumir cuando se supera con creces los 200 testigos.
Lo sabe bastante bien el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, que en cada jornada tiene un parecido más claro al actor Brian Cox en la serie Succession. Por ello, cada vez que pregunta al testigo –dentro de las «preguntas generales de la ley»– si tiene «algún parentesco, amistad o relación de cualquier otra clase con los acusados, el ministerio fiscal o la defensa», las caras de sorpresa de los interrogados, que preguntan «quién está» en esta lista, obligan al tribunal a una respuesta de protocolo irónica y resignada. Así, sonríen indisimuladamente y, con rostro caritativo, detallan: «Hay dieciocho acusados, como entenderá…».
Cuatro operaciones
En la jornada de hoy, en la inmensa sala de la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, solo llena de abogados defensores y con Jordi Pujol Ferrusola como único acusado presente físicamente, en la soledad de la primera fila, se ha centrado en una operación de ampliación de una refinería de Repsol, una compraventa de terrenos en Hospitalet de Llobregat, una inversión de Isolux en la Baja California (México) y la instalación de unos paneles solares en Alcázar de San Juan, en la provincia española de Ciudad Real.
En conjunto, operaciones en las que el entorno societario y comercial de Jordi Pujol Ferrusola habría tenido algún papel y habría cobrado comisiones. Curiosamente, inversiones de carácter privado y principalmente en uno de los feudos del PSC, el Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat, donde CiU era absolutamente irrelevante. El trabajo de la Fiscalía, y a remolque, de la Abogacía del Estado –escandalosamente ayudada por el presidente del tribunal– ha sido intentar acreditar que las comisiones cobradas no correspondían a ningún proyecto real y que había uso de información privilegiada. El intento no ha tenido éxito y la jornada la han ganado, por puntos, las defensas.
«Señor fiscal, no es un perito»
El primero en desfilar por la tribuna, siguiendo el criterio del tribunal de priorizar los testigos que se acercan a la calle Límite, –donde aún están los restos de los muelles de carga de los almacenes de la extinta Galerías Preciados–, ha sido Martín Sicilia, director de proyectos de Técnicas Reunidas. Un testigo que debía servir para aclarar cómo Pujol Ferrusola se enteró de un proyecto de ampliación de una refinería de Repsol a través de Copisa y pudo entrar en él. A la tercera pregunta del fiscal, Fernando Bermejo, el presidente del tribunal le ha recordado que tenía delante a un testigo y «no un perito», para que reorientara su interrogatorio sobre hechos en lugar de pedir valoraciones o explicaciones de sistemas de contratación entre empresas privadas.
Sicilia ha recordado con vehemencia al tribunal que la empresa para la que trabajaba era «más que una ingeniería» y que entregaba proyectos «llave en mano». El sistema de contratación de Técnicas Reunidas era, básicamente, solicitar ofertas técnicas y comerciales a una serie de proveedores y vendedores que tenían en una lista, que después se evaluaban, e incluso a empresas de fuera de la lista. En este caso, se trataba de una ampliación de la refinería de Repsol. Un proyecto «palpable» porque todo el mundo sabía, en el sector, que tenía que ampliar la instalación. De ahí que el testigo haya admitido que no le extraña que alguien del sector de la construcción o del sector energético se enterara de que buscaban una constructora.
El testigo, sin embargo, ha insistido que no conocía a Jordi Pujol Ferrusola ni a ninguna de las dos empresas que el fiscal entiende como puente para comisiones, IMISA y Project Marketing. De hecho, le ha mostrado una factura del año 2009, enviada a Copisa a través de Project Marketing, por un importe de 208.000 euros, la supuesta comisión para Pujol Ferrusola por haber conseguido el contrato de ampliación de la refinería. A preguntas del letrado del primogénito de Jordi Pujol, Cristóbal Martell, se ha remarcado que la operación era «absolutamente privada» y que el cliente final era Repsol, y no ninguna administración pública. Martell ha insistido en esta cuestión hasta que el magistrado Ricardo de Prada le ha hecho saber con una calculada sonrisa que «la respuesta había sido clara». Punto para la defensa.
Renovables
Justo después han declarado el resto de testigos -los que han podido declarar- por videoconferencia. Un sistema telemático que es un verdadero agujero negro del proceso judicial y que recuerda al botón de un juego con la divisa «¡Presione y pruebe suerte!». Así, por pantalla han aparecido testigos relacionados con la inversión en unos paneles solares por parte de Copisa en Alcázar de San Juan, un pueblo de la provincia de Ciudad Real famoso por su carnaval y por los molinos que se relacionan con el Quijote. Una compra de acciones a Adara Fotón SL, propietaria de la instalación y propiedad de dos personas que han testificado y han señalado que no conocían a Jordi Pujol Ferrusola.
Uno de los protagonistas de la operación, Manuel López, un hombre con aspecto de encargado de planta de El Corte Inglés, y uno de los responsables de la empresa Renovalia, que contactó con los propietarios de Adara para la venta a Copisa, ha admitido que coincidió una o dos veces con Pujol Ferrusola, en reuniones en un despacho profesional. Incluso, ha reconocido que conoció a su esposa, Mercè Gironès. Hecho que ha inquietado a Oriol Rusca, el abogado de Gironès, que trata de recordar siempre que su clienta está separada del principal acusado del juicio.
El testimonio ha tambaleado una parte de la acusación, en la que se especulaba con la posibilidad de que las dos facturas de 69.600 euros que pagó Copisa a Imisa, empresa de Jordi Pujol Ferrusola, tenían otros orígenes que las plantas fotovoltaicas. El hecho de que López admitiera que había conocido no solo al primogénito del expresidente sino también a su esposa ha dado plena cobertura a la tesis de la defensa, que considera que el dinero que percibía tenía origen en el trabajo de conseguidor de Pujol Ferrusola.
Un máster inmobiliario con vapeador
Un famoso meme de internet se basa en la sensación de libertad que se puede obtener cuando se disfruta de una buena jubilación. «El día que esté jubilado no diré nada… pero habrá señales», apunta el meme, aportando alguna imagen de un capricho, un lujo o simplemente, el hecho de haber perdido las manías. El ejemplo fáctico de este chiste se ha vivido en el testimonio número 38, Antonio Lodeiro, que, además de explicar con plasticidad cómo funciona el mercado inmobiliario, lo ha hecho fumando un vapeador con toda la comodidad, desde su casa, y escoltado por un cuadro de una barra de taberna.
Loderio era un testigo importante, representante de Comapa -promotora de Copisa- porque formaba parte de una operación que obsesiona a la Fiscalía, la compra de unos terrenos en la calle Sant Feliu en Hospitalet de Llobregat. Una operación inmobiliaria que implicó la compra de las fincas por parte de Novensaruro Inmuebles, otra sociedad de Copisa, a Focio, propiedad de Enrique y Laura Cutillas y de su padre. Imisa percibió por esta operación 226.576,93 euros de Novensaruro. Además, también habrían intervenido en la operación Mercè Riera, esposa de Ramon Gironès –padre de Mercè Gironès, ya muerto aunque hoy aún lo esperaban como testigo– y Xavier Corominas, urbanista y arquitecto. La Fiscalía entiende que, por esta transacción, Pujol Ferrusola habría cobrado solo por hacer «la extravagante gestión» de dar información sobre una posible venta.
Lodeiro ha negado esta versión de los hechos aprovechando para explicar al ministerio fiscal cómo funcionaban las cosas en el mercado inmobiliario. En este sentido, ha puesto como ejemplo estos terrenos, que ya había intentado vender una vez pero no lo consiguió porque «el Ayuntamiento de Hospitalet no podía ver a la familia Cutillas y no querían facilitar una recalificación de terreno de naves industriales a vivienda, como era lógico». Así, el trabajo de Gironès que, facturó a través de Riera, y de Coromines era de hacer «levantadores de suelo» y que iban a «comisión de éxito». Es decir, gente que busca terrenos para construir y lo proponen a las promotoras del sector. Incluso, ha expuesto la cifra de las comisiones que se cobraban por este tipo de operaciones: un 3%. La cifra ha corrido como un escalofrío en la sala por la mala fama del porcentaje. En todo caso, Ludeiro ha justificado que la operación funcionara porque Gironès conocía a Cutillas y al final lo convenció de aceptar las condiciones del Ayuntamiento para recalificar los terrenos y poder vender. Todo a través de Copisa, que fue avisada de la posibilidad de los terrenos por parte de Imisa. A las preguntas sobre quién gobernaba Hospitalet, Lodeiro, ha dado una calada y, desconcertado, ha sentenciado: «En Hospitalet siempre gobiernan los socialistas». No ha habido más preguntas.
