Semana de reanudación del juicio del caso Mito, la macrocausa por una supuesta trama de narcotráfico y blanqueo que sería dirigida por José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco. Un caso en el que, en una de las derivadas, está acusado Gonzalo Boye, el abogado de Carles Puigdemont, por haber dirigido la recuperación en vía administrativa y judicial de casi 900.000 euros confiscados en el aeropuerto de Barajas. Un dinero que la fiscalía, gracias a la declaración tardía de uno de los imputados a cambio de la libertad provisional, asegura que eran de Miñanco y que procedían del tráfico de droga.
El lunes se reanudaron las sesiones tras una parada abrupta ordenada por el presidente del tribunal, Félix Alfonso Guevara, debido a un enfado de las defensas con la fiscalía y los magistrados por el orden de la prueba y por la baja médica de uno de los principales inculpados. Todo ello, porque el tribunal, contraviniendo un acuerdo de sala, quería tomar declaración a los acusados antes de practicar la importantísima prueba pericial y escuchar las grabaciones de la policía que sustentan la inculpación.
Terminada la polémica y con los ánimos calmados, esta semana la vista ha tomado buen ritmo y se han delatado los problemas técnicos de las grabaciones y las geolocalizaciones y los vacíos en las acusaciones según las declaraciones de los procesados. Uno de los momentos más intensos, sin embargo, ha sido la declaración de Miñanco, que incluso se atrevió a aconsejar al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, qué modelo de móvil debe comprar. En cuanto a Boye, ninguna de las conversaciones que se han escuchado en la sala corroboran o refuerzan la tesis del fiscal de que el dinero intervenido en Barajas era de Sito Miñanco. Ahora todo queda pendiente de la inminente declaración de Gonzalo Boye.
El sistema Egobox genera dudas sobre las grabaciones policiales
Uno de los protagonistas de esta semana ha sido el Egobox, un «sistema discreto de grabación de audio» que, según su licitación, se adjudica siempre a la misma empresa sin publicidad. Este sistema ha sido una de las estrellas del juicio porque muchas de las grabaciones que se han utilizado para elaborar el relato acusatorio se han registrado con este sistema que en el argot policial se denomina «chicharra«. Un micrófono de alta sensibilidad que graba por pistas de 30 minutos como máximo de duración y que, en principio, no se pueden editar por el sistema de trazabilidad que incorporan. Precisamente, en esta garantía ha estado el gran debate entre los peritos de las defensas y las acusaciones.
El hecho de que haya conversaciones de menos de cinco minutos divididas en cinco partes hizo poner un demonio en cada oreja a los abogados de las defensas. Además, son conversaciones privadas que, bien trabajadas, podrían ayudar a narrar la acusación de la fiscalía. La disputa entre peritos fue notoria y sonora, porque unos demostraron que se podrían manipular las grabaciones y los peritos de la acusación lo negaban. Uno de los problemas es que este sistema no guarda en su base de datos todo lo que graba. Es decir, que no hay originales, a diferencia de lo que tiene el sistema SITEL, el sistema de intervenciones telefónicas. El hecho de que no haya un servidor sino un disco duro, que no se supo decir de dónde salía, copia de qué era, ni cuándo ni por parte de quién se había hecho, complicó la vida al perito policial que defendía la integridad de las grabaciones. Al final, el problema es que solo hay una copia y técnicamente no hay originales. Un hecho que las defensas de los acusados de narcotráfico han exprimido como una naranja para debilitar las pruebas indiciarias que utilizó la policía para involucrarlos en una sola trama.
La propiedad del dinero confiscado en Barajas, clave del caso de supuesto blanqueo
La sesión del martes sirvió para concentrar la audición de las primeras intervenciones telefónicas practicadas por la policía durante la investigación. La más importante para la defensa de Boye, dirigida por Eduardo García, fue la de las conversaciones de Manuel González Rubio, a quien se le intervinieron los dineros en Barajas que ahora la fiscalía imputa a Miñanco y que sirven para acusar a Boye de blanqueo. Los audios, sin embargo, evidencian que los 890.000 euros intervenidos en Barajas eran de González Rubio. “El dinero que me requisó Hacienda”, afirmó al tribunal.
Las grabaciones muestran que González Rubio es un empresario con varios negocios, con sede fiscal tanto en España como en Colombia, sobre todo en empresas del sector de la seguridad y con facturaciones bastante elevadas. De hecho, su perfil se aleja de ser un «correo humano» de dinero, tal como insiste la tesis de la fiscalía. De hecho, González Rubio fue quien contrató a Boye para reclamar por vía administrativa el dinero intervenido en el aeropuerto y, posteriormente, ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Al final, la sala contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le recortó la sanción en un 50% siguiendo el recurso interpuesto por Boye. Un largo proceso administrativo y contencioso que las autoridades financieras nunca traspasaron a la fiscalía como posible blanqueo.
Las geolocalizaciones, en el punto de mira de los abogados defensores
Una de las otras debilidades del relato de la acusación son las geolocalizaciones. Un problema en relación con la mayoría de procesados, ya que a menudo en un seguimiento se les localiza lejos de donde se afirma en otros atestados que estaban geolocalizados con su móvil. En una de estas localizaciones erróneas es donde la defensa de Boye ha hecho fiesta mayor. Así, los peritajes aportados aseguran que Sito Miñanco nunca estuvo en el despacho de Gonzalo Boye ni en sus proximidades entre los meses de febrero y junio de 2017, cuando se tramitó la devolución del dinero. Los mismos peritos de la policía concluyeron que los datos de geolocalización obtenidos de los teléfonos de Prado Bugallo no lo sitúan en el despacho de Boye ni cerca en las fechas señaladas.
Además, los mismos expertos policiales admitieron que el hecho de que el teléfono de González Rubio estuviera apagado entre el 14 y el 22 de febrero, fechas en las que según la fiscalía tuvo lugar la presunta reunión donde se habría preparado el blanqueo en el despacho de Boye, es «compatible» con la posibilidad de que estuviera en realidad fuera de España. De hecho, una de las pruebas de la defensa, aceptada por el tribunal, es un registro migratorio oficial de las autoridades colombianas, donde se indica que González Rubio viajó a Colombia el 10 de febrero de 2017 y regresó el día 22 del mismo mes, por lo que tampoco pudo estar presente en la reunión a la que alude la fiscalía en su acusación. Respecto al análisis del teléfono del también acusado Manuel Andrés Puentes Saavedra, el testigo de cargo contra Boye de la fiscalía, los peritos de la policía aseguran que las geolocalizaciones lo sitúan en la zona de influencia de las antenas localizadas a 1,8 km del despacho de Boye. Con esta premisa admitieron que del análisis no se puede acreditar que estuviera físicamente en el bufete.
Miñanco contra Pegasus: un consejo para Pedro Sánchez
Uno de los puntos clave de la semana ha sido la negativa de Miñanco a declarar ante el tribunal hasta que no se practicaran las periciales y el firme mantenimiento de esta posición. Una postura que había suspendido el juicio sine die, hasta que se resolvió el conflicto y se reanudó el lunes. El magistrado Guevara sabía que alargar más la situación podría provocar la repetición de la vista. Un lujo que este caso, que el mismo juez considera «muy importante», no se podría permitir.
Por eso, Guevara quiso avanzar rápidamente y, una vez hechas las periciales, comenzaron las declaraciones de los acusados, con Sito Miñanco como protagonista, que mantuvo la posición negando que hubiera intentado introducir cuatro toneladas de cocaína en España. «Soy totalmente inocente», remarcó siguiendo la línea de defensa que mantiene, no tenía nada que ver con el barco Toran, intervenido por la policía gracias a una información de las autoridades policiales colombianas. «El fiscal dice 314 veces que trafiqué con drogas, pero no ubica ni la venta de un solo gramo», advirtió, no sin una ironía del espionaje con Pegasus a Pedro Sánchez.
Miñanco, que se encontraba en tercer grado penitenciario -régimen abierto- en la época de los hechos, explicó que se dedicaba a gestionar aparcamientos y vender teléfonos móviles encriptados, embarcaciones y motores. De hecho, residía en Algeciras, en Cádiz, y aprovechando su situación penitenciaria trabajaba como encargado de zona de una empresa que gestionaba aparcamientos. Los viajes a Chiclana, Marbella o Torremolinos eran de «trabajo», para repartir y entregar la recaudación de aparcamientos. Además, se dedicaba a vender teléfonos con un holandés, también imputado, quien comenzó a vender móviles encriptados que les proporcionaron importantes ingresos, ya que costaban unos 2.000 euros. «Si el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, hubieran tenido teléfonos encriptados no les habría pasado lo que la prensa dice que les pasó», comentó como quien no quiere la cosa, haciendo referencia al supuesto espionaje con Pegasus que investiga la Audiencia Nacional.
