Después de semanas de tensión en la Fiscalía del Tribunal Supremo se ha impuesto la tesis del fiscal antiterrorista de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo. La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha emitido un dictamen en el que descarta que los actos impulsados por Tsunami Democràtic puedan usarse para investigar a Puigdemont por terrorismo y considera que, en todo caso, solo pueden constituir un delito de desórdenes públicos graves. Así mismo, lo ha elevado a la junta de fiscales y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz después de una crisis sin precedentes en el ministerio público español en esta causa por las protestas postsentencia del Procés. El informe pide que la causa vuelva a la Audiencia Nacional.
En el dictamen, la número dos de la carrera fiscal comparte también los criterios expuestos por el fiscal del mismo Supremo Álvaro Redondo que, por turno de reparto, fue el encargado de escribir un primer documento, que el sector duro de la junta de fiscales tumbó hace dos semanas. La situación provocó que fuera la teniente fiscal del Supremo, la de más alto rango en la fiscalía española por debajo del fiscal general, quien recibió el encargo de emitir el dictamen definitivo con la opinión del ministerio público.
Ahora el documento será enviado a la sala de lo penal del Tribunal Supremo, que preside Manuel Marchena, pero el posicionamiento de fiscalía no es vinculante. Los magistrados son los que realmente tendrán que decidir si aceptan la causa que les quiere traspasar el titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. El juez instructor elevó el sumario al Supremo porque imputaba por posibles delitos de terrorismo al presidente en el exilio, Carles Puigdemont, que entiende que es aforado como actual eurodiputado.
Una batalla interna que el independentismo ha despertado
La crisis a la cúpula del ministerio fiscal se ha desatado en las últimas semanas a raíz del Tsunami y en medio del debate de la ley de amnistía. De hecho, paralelamente a la negociación política de la amnistía, el juez intentó forzar la aplicación de un delito –terrorismo– que no tiene cabida en la ley de amnistía. La decisión hizo poner el grito en el cielo a la fiscalía de la Audiencia Nacional, que se ha opuesto firmemente a la calificación como terrorismo de los hechos investigados a la causa. El juez, consciente de que el ministerio público le haría frente, permitió la entrada de dos
Finalmente, el juez trasladó el caso al Supremo, a través de una exposición razonada en la que pedía que se hiciera cargo de la causa con la petición de imputación del aforado Carles Puigdemont –así como una decena de personas más como por ejemplo la secretaria general de ERC, Marta Rovira, o el secretario de la mesa del Parlamento, Ruben Wagensberg. El Supremo remitió la interlocutoria del juez al ministerio público para que expusiera su parecer. Por turno de reparto, el fiscal Redondo estudió el asunto y remitió un primer borrador a uno de los dos jefes de la junta de fiscales de sala de lo penal del Supremo, Fidel Cadena, y este lo habría hecho llegar a otros fiscales de sala críticos con García Ortiz. En este primer borrador, el fiscal concluía que había argumentos para instruir el caso como terrorismo.
Guerra de borradores
La tensión se precipitó. Después de enviar el borrador, Redondo, que de la causa solo conocía la exposición razonada, el texto de García Castellón, descubrió más detalles del caso y llegó a otra conclusión: no había terrorismo y, a lo sumo, se podía interpretar que se habían registrado desórdenes públicos graves. Un posicionamiento que comentó a sus compañeros en la junta celebrada el 2 de febrero, a pesar de que no estaba en orden del día. Ahora bien, Redondo se había reunido minutos antes con el fiscal general, un encuentro donde le habría comunicado su decisión.
El sector duro desenterró el hacha de guerra y acusaron a Álvaro García Ortiz de «presionar» el fiscal. Justo al día siguiente, medios de comunicación afines a los fiscales más duros con el independentismo filtraron el primer borrador. El fiscal Álvaro Redondo se vio obligado, incluso, a difundir un comunicado de prensa dando explicaciones de cómo había ido la historia. El fiscal general, por su parte, advirtió que algunos fiscales habían sido «desleales» y incluso utilizó el concepto de «traición». Fue a entonces cuando se encargó el dictamen a la teniente fiscal del Supremo, de hecho, la primera del escalafón fiscal después de un cargo institucional como el del fiscal general del Estado.
