La Fiscalía Superior de Cataluña no se sale del guión. Siguiendo la resolución del pasado lunes dictada por la Sala de lo penal del Tribunal Supremo que revisa la pena de los condenados por el juicio del Proceso, aplican en puridad la interpretación de la alta magistratura del nuevo tipo penal del delito de malversación. Así fiscalía, en un escrito de 49 páginas al que ha tenido acceso El Món, pide prisión para el actual presidente del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové, y para Lluís Salvadó, exsecretario general de Hacienda y actual presidente del Puerto de Barcelona, en el juicio por su relación con el Primero de Octubre de 2017. En concreto, reclama 7 años de prisión, 32 de inhabilitación y 30 mil euros de multa a Jové; a Salvadó le piden 6 años de prisión, 27 años y 3 meses de inhabilitación y una multa de 24.000 euros. A la actual consejera de Cultura, Natàlia Garriga, lereclama un año de inhabilitación y 28.000 euros. Así mismo, añade una responsabilidad civil de 754.920 euros.
Los fiscales Francesc Bañeras y Pedro Ariche firman un escrito de calificación contra Jové y Salvadó registrado este viernes ante la Sala de lo civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que los tiene que juzgar en su condición de aforados. El escrito, al que ha tenido acceso El Món, llega después de que precisamente los fiscales catalanes pidieran a los magistrados ampliar un mes el plazo para presentar la acusación. Una demora solicitada a la espera de la interpretación que haría la Fiscalía General del Estado y la Sala de lo penal que preside Manuel Marchena sobre la reforma del delito de malversación y la derogación de la sedición pactada entre PSOE y ERC. El TSJC solo los otorgó diez días.
Relación de confianza con Junqueras
El escrito de los fiscales resalta que «eran personas de la máxima confianza de su superior«, el vicepresidente Oriol Junqueras, y «de larga trayectoria en la asunción de responsabilidades relevantes al partido ERC». El ministerio público lo arguye aportando el currículum de los dos y de los cargos que ejercían el Octubre de 2017 tanto en la Generalitat como dentro de la formación. «De forma que los tres procesados se encontraban plenamente comprometidos con el programa electoral redactado por la coalición de partidos que formó gobierno», añaden. Sobre Jové, Fiscalía carga con el mochuelo y le acusa de ser el autor del documento ENFOCATS -una hoja de ruta independentista- y de la famosa Moleskine donde se recogían supuestas reuniones con otras organizaciones y portavoces independentistas. Para sustentar la malversación, la fiscalía aporta varios expedientes contractuales que le relacionan con la organización del referéndum del Primero de Octubre. Incluso, la famosa licitación a Unipost con la que Manuel Marchena justifica perseguir por malversación al consejero Lluís Puig.
Nada de malversación atenuada
Según el escrito, los fiscales consideran que la reforma del delito de malversación que contiene el artículo 433 no es aplicable porque los dos habrían participado de la estructura para revestir de carácter oficial a unos gastos destinados a un referéndum que fue declarado ilegal. Un hecho que el ministerio público transforma al considerar que se destina dinero público a un hecho prohibido y, por lo tanto, sujeto a pena. En esta línea, entienden que los dos fueron autores de un plan para aplicar fondos públicos de la Generalitat a la financiación de una consulta popular que desbordaba el marco competencial de los que la promovían.
Así mismo, remarcan que salieron adelante con el gasto después de requerimientos reiterados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia para evitar el referéndum. En el mismo sentido, interpretan que orientaron fondos públicos a un proceso secesionista que no llegó a tener virtualidad, que nunca se podría considerar una aplicación pública diferente de aquella a que estaban presupuestariamente adscritos los fondos. En definitiva, los fiscales creen que no se podrá entender que se trató de una actuación ausente de ánimo de lucro y, por lo tanto, no se puede aplicar la versión atenuada de la reforma de la malversación.
Malversación, desobediencia y prevaricación
Las acusaciones contra Jové y Salvadó se centran en la malversación, la desobediencia y prevaricación. De hecho, esta fue la acusación por la cual se los imputó en la macrocausa del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona que investigaba el referéndum del Primero de Octubre. En el mismo caso también se añade a la actual consejera de Cultura Natàlia Garriga, por desobediencia y malversación de fondos públicos cuando era directora de servicios de la consejería de Vicepresidencia, Economía y Hacienda. Su acusación se basa en la instrucción que dio para construir uno
