La fiscal Sonia Gandolfo, de la sección quinta de la fiscalía provincial de Madrid, ha sido una pieza clave en la admisión a trámite de la querella de Sandro Rosell contra miembros de la policía patriótica. Según ha podido saber El Món, la fiscal Gandolfo registró el pasado 6 de febrero un escrito, de fecha 20 de enero, al Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, que lleva la instrucción del caso, con el cual informaba favorablemente en la investigación a pesar de las diversas causas abiertas por las acciones encubiertas del comisario de inteligencia jubilado José Manuel Villarejo.
En este escrito, la fiscal hacía un análisis procesal de la macrocausa Tándem, o diligencias 96/2017, que investiga a través de unas cuarenta piezas separadas las operaciones que dirigió Villarejo o que formó parte, con miembros de la conocida como policía patriótica. Así detalla que la querella presentada por el expresidente del FC Barcelona es absolutamente asumible por un juzgado de Instrucción de Madrid que califica de «perfectamente competente». De hecho, era el mismo juez quién pidió el posicionamiento a la fiscalía de Madrid a la vista de las dudas procesales que se podían generar.
Sin conexión
En concreto, el informe de fiscalía hace un estudio de la documentación aportada a la personación que Rosell presentó en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en el marco de la causa Tándem. Una querella que fue rechazada en una interlocutoria del magistrado Manuel García Castellón, el pasado 19 de septiembre, al entender que los hechos que se alegaban para la personación no guardaban ninguna conexión con los investigados en la macrocausa. Entonces, Rosell defendía, igual que ahora, que fue una víctima de la policía patriótica aportando los audios y los documentos difundidos por El Món.
En esta línea, el juez razonaba que los hechos investigados en las diligencias de la Tándem versaban sobre contrataciones de carácter privado de servicios a Villarejo a través de su entramado de empresas del grupo Cenyt. Unos servicios que teóricamente no podía llevar a cabo por su «condición de policía en activo y a menudo con medios de investigación restringidos en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado». Así mismo, recuerda que las investigaciones de la Tándem se hacían a través de encargos o proyectos, con un presupuesto y el abono de un precio por una actividad que el juez instructor considera «ilícita». Por lo tanto, y según la fiscal, son unos hechos que «nada tienen que ver con el que denuncia Rosell«, puesto que alude a otros personas además del comisario Villarejo, «sin ninguna conexión» con los hechos seguidos en las diligencias que ahora el juez instruirá.
