El juicio contra la familia Pujol Ferrusola ha llegado a la adolescencia. Este miércoles se ha celebrado una interesantísima decimoquinta jornada. Un día que le ha costado un disgusto al fiscal Fernando Bermejo por la manera de formular sus interrogatorios a los testigos. En concreto, sobre las supuestas transferencias que se hacían entre clientes de cuentas corrientes de la Banca Reig de Andorra, sin que se enteraran los titulares y donde aparecían supuestos traspasos de dinero de Jordi Pujol Ferrusola. Es decir, el sistema de falsas compensaciones, un mecanismo habitual en el sector bancario andorrano de hace 30 años, de reparto de efectivo que llegaba al Principado.
La fórmula que hasta ahora utilizaba Bermejo era preguntar a los testigos directamente si habían recibido una transferencia del primogénito del expresidente Pujol o de la que entonces era su esposa, Mercè Gironès. Hasta que Cristóbal Martell, el abogado de Jordi Pujol Ferrusola, se hartó y pidió amparo al tribunal presidido por José Ricardo de Prada, que le dio la razón y obligó a Bermejo a cambiar el guion de sus preguntas porque las defensas estaban hartas de la intencionalidad y el objetivo tendencioso que conllevaban.
De hecho, un detalle interesante es el momento en que la defensa elevó la protesta al tribunal, cuando quedan solo tres testigos que aparecen como beneficiarios de supuestas transferencias. De esta manera no solo se desvirtuó la tesis del fiscal, de movimientos extraños de las cuentas en Andorra, sino que se pudo ver la trampa de cómo trabajaba la banca andorrana en el siglo pasado para captar fondos. Si algo enseña el juicio es que en Andorra no vivían ni del queso de bola, ni del azúcar, ni de la mantequilla.
«No es así»
La defensa de Jordi Pujol Ferrusola ha querido dejar claro al tribunal su desacuerdo con las preguntas con el comodín «¿usted recibió…?». «Con todo el respeto que me merece el señor fiscal, cada vez que dice ‘¿ustedes recibieron…?’, no es un hecho que se encuentre en las actuaciones», ha argumentado Martell. «No es así, y una y otra vez va haciendo la pregunta en estos términos y no es así», ha protestado el letrado.
La base de su reclamación es que Andorra remitió a la Audiencia Nacional unos boletines de transferencias escritos a mano de la Banca Reig, que luego no se reflejaban en los extractos bancarios de los clientes. Tal es así que muchos de los testigos, al enterarse de la existencia de las supuestas transferencias, no pidieron explicaciones al banco o sí que lo hicieron, como la testigo María Luisa Serrate, que admitió que «se lo había tomado a broma», porque nunca vieron reflejado aquel importe de millones en sus cuentas.
Un ejemplo que remacha el clavo de la falsedad de estos ingresos ha sido el testimonio de hoy del abogado Josep Romeu Bosch, que era letrado y asesor –según le hizo decir el tribunal– de Maria Reig, hija de los propietarios de la banca. Cuando se enteró de la existencia de estos boletines de transferencia, años después, ni siquiera preguntó a sus clientes qué habían hecho con su cuenta.
«Era para agilizar»
Por eso, Martell ha reclamado que, si el ministerio público quiere hacer afirmaciones de este tipo, presente soporte documental con indicios recogidos en el sumario, que tiene más de 70.000 folios. El presidente del tribunal ha defendido que la fórmula «utilizada por el ministerio fiscal se autoriza en el sentido de que es una afirmación que nos evita, en principio, tener que mostrar los documentos acreditativos de estas circunstancias». A continuación, sin embargo, ha añadido que si había algún «problema» correspondía «modificar la forma de interrogatorio». Así, con tacto, le ha ordenado al fiscal que «en lugar de hacer la afirmación ponga de manifiesto los documentos en función de lo que se haga».
Martell ha insistido en que la afirmación del ministerio fiscal «no tiene acreditación documental, no existe acreditación documental y no lo manifiesta en la sala». El fiscal no se ha tomado casi la crítica y ha recordado el número del volumen del sumario donde se encuentra la documentación remitida por las autoridades andorranas. Efectivamente, es el tomo 6 de la causa, solo están los boletines de transferencia, manuscritos, sin reflejarse en las cuentas corrientes de los testigos. Martell ha remarcado que también quería «facilitar la agilidad» del juicio, pero que igualmente pedía un mínimo de acreditación de las preguntas del fiscal. «Me basta con que el ministerio fiscal diga dónde él entiende que recibieron el dinero, luego ya lo veremos todos, porque el papel habla solo, si se recibieron o no, pero me basta por agilidad», ha defendido. La respuesta del presidente del tribunal ha sido clara: «Efectivamente, el tribunal tiene la obligación de evitar afirmaciones que se hagan al testigo que no tengan soporte, porque significa partir de un principio que no se debe tener por acreditado». El fiscal no volvió a utilizar la fórmula.
