La segunda jornada del juicio de la operación Kitchen ha comenzado con un aviso previo. El tribunal que preside la magistrada Teresa Palacios será estricto con todo aquel que quiera convertir la funcional sala de vistas de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares en un plató televisivo. Lo sabe bien, José Antonio Cabrera, el abogado del comisario José Manuel Villarejo, que lleva muchas horas de vuelo con la magistrada y conoce los límites y el delicado fuera de juego que practica la magistrada, incluso, con más destreza que Hansi Flick en el Spotify Camp Nou.
El certificado de que el tribunal de la Kitchen no es lugar para pasarse de la raya quedó claro en la primera jornada de la vista. Y eso, que ahora el juicio se encuentra en fase de audiencia previa, es decir, lo que antes se llamaba cuestiones previas donde se plantean cuestiones de competencia, peticiones de prueba o bien vulneraciones de garantías procesales o derechos fundamentales de los procesados en la operación clandestina policial para obtener los «papeles de Luis Bárcenas», extesorero del PP que contenían información delicada del financiamiento de la formación.
Esta segunda jornada ha servido para que las partes se respondan y repliquen sobre las cuestiones planteadas en la primera jornada, como la falta de competencia de la Audiencia Nacional para juzgar el caso, la expurgación de prueba como los audios confiscados en los registros en el domicilio del comisario Villarejo, o la suspensión para incrementar la lista de acusados, por parte de la acusación popular del PSOE, con la exministra de Defensa, Dolores de Cospedal, y su marido, Ignacio López del Hierro. El fiscal anticorrupción, César de Rivas, se ha opuesto a todas las cuestiones que desnaturalizaban la acusación así como a que el Tribunal admita como acusada a Cospedal porque, entre otros motivos, la ley ya no lo permite.
Primera esbroncada
La primera jornada estuvo marcada por los avisos y advertencias del tribunal. Palacios, amante de que los juicios sean un paradigma de la oralidad, ya tuvo trabajo en advertir a los abogados que no leyeran y «hicieran el favor» de hablar. Además, tuvo que recordar que no fueran reiterativos y, sobre todo, que en fase de audiencia previa, no se puede confundir con una fase de conclusiones e informe o de valoración previa de prueba. Pero, el clímax de la advertencia la recibió el abogado de Sergio Ríos, el chófer de Luis Bárcenas, Javier Ignacio Navarro.
El letrado no trabajó con decimales. Al contrario, cargó fuerte contra la fiscalía anticorrupción, haciendo saltar como un resorte a la magistrada Palacios y al fiscal De Rivas. «La fiscalía, a juicio de este letrado, actuó de manera muy tosca e incisiva», describió añadiendo que en las primeras declaraciones de su cliente «se le coaccionó» por parte del ministerio público. «No, no, no, no le consentiré», alertó la magistrada Palacios para reprocharle que hubiera dicho «cosas despectivas de la fiscalía anticorrupción, que como toda institución tiene sus defectos, pero no le consentiré». El letrado hizo una primera retirada afirmando que lo retiraba.
Subida de tono
Pero, con poca destreza continuó, remarcando que la fiscalía «amenazó con pena de prisión» a Ríos en una «causa secreta de la cual no tenía conocimiento». El fiscal interrumpió y pidió amparo a Palacios acusando al letrado de atribuirle delitos. La magistrada admitió que no había oído la expresión y le ordenó: «Haga el favor ahora mismo de repetir lo que acaba de decir». El letrado volvió a dar marcha atrás repitiendo que lo retiraba y evitando repetir lo que había dicho. Palacios, vieja zorra, no cayó en la trampa -un poco infantil- y le espetó: «Quiero que lo repita para que yo lo escuche». El abogado cambió el tono, el contenido y la forma asegurando que se dictó una resolución de prisión sin tener conocimiento de la causa. Palacios replicó «no lo ha dicho tan suave».
El letrado reiteró que retiraba la expresión y la magistrada se puso aún más firme. «Le ruego que guarde las formas». Y le recordó que «no le gustan los juicios donde se introducen expresiones o términos en los que la cosa no empiece bien». «Usted tendrá su criterio personal sobre a qué responde el origen de la investigación, pero de eso al salto cualitativo de la comisión de hechos delictivos hay mucha diferencia», sentenció advirtiendo que si veía cosas raras «lo podía denunciar a los tribunales». «Así que a otra cosa, letrado!», cerró. La reprimenda silenció la sala y terminó de marcar el terreno de juego con líneas precisas y bien gruesas.
Las acusaciones se oponen a las peticiones de las defensas
El fiscal ha aprovechado su larga intervención en la sesión de esta mañana para defender que la Audiencia Nacional es el órgano objetivamente competente» para juzgar el caso. Asimismo, ha asegurado que no se ha causado ningún «perjuicio real y efectivo a ninguno de los acusados por haber sido secreta la causa», ni siquiera las prórrogas del secreto. También ha defendido la validez de los audios confiscados a Villarejo porque si bien no son comparables a las grabaciones de la policía, no es una prueba «nula» ante su fiabilidad. La abogacía del Estado y las acusaciones de la familia Bárcenas se han sumado a los argumentos del ministerio público.
