El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado aplicar la sentencia que anula buena parte del decreto que blinda el catalán en las escuelas catalanas. Según recogen diferentes agencias, el tribunal ha admitido un recurso de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que pedía aplicar la suspensión –que dictó el mismo TSJC en septiembre del año pasado– de forma inmediata, a la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo (TS).
Esta sentencia considera que el decreto elaborado por Educación, que regula el régimen lingüístico del sistema educativo catalán, “contraviene” tres artículos de la Constitución española. En total, el dictamen anula una decena de puntos que fijaban el catalán y el aranés como lenguas vehiculares y de aprendizaje y establecían, también, el catalán como lengua habitual de la actividad docente y administrativa. El tribunal también considera que el catalán no puede ser la lengua única de acogida del alumnado recién llegado sin prever mecanismos que lo equilibren con el castellano. La Generalitat ha elevado la decisión al Supremo, que aún tiene que pronunciarse.
En un comunicado, la AEB ha instado al Gobierno a cumplir la sentencia de forma inmediata y «dictar instrucciones claras a los centros educativos». La entidad también ha pedido a los centros que revisen los proyectos educativos, «eliminando cualquier cláusula de exclusividad del catalán y garantizando el respeto a los derechos lingüísticos tanto de los alumnos como del profesorado». En este sentido, alega que sancionar docentes por dar las clases en castellano puede contravenir la normativa. «Cualquier intento de hacerlo carecería de base legal, al apoyarse en normas que han sido anuladas por el Tribunal», apunta el escrito.
El Gobierno impulsó estas normativas con el objetivo de blindar el sistema de inmersión lingüística ante las resoluciones judiciales que lo obligaban a establecer un mínimo del 25% de las enseñanzas en castellano en algunos casos.
Los sindicatos critican la sentencia
Los sindicatos educativos, que estas semanas plantan cara al departamento con diferentes huelgas y protestas, han pedido a los consejeros de Presidencia y de Política Lingüística, Albert Dalmau y Francesc Xavier Vilà, “una declaración pública” hoy mismo en la que se comprometan “de manera clara” con la “defensa y el blindaje del catalán como lengua vehicular del sistema educativo”. Así se ha expresado la USTEC-STEs (IAC) en un comunicado en el que también apuntan que los servicios jurídicos están analizando “posibles vías de respuesta”.
La Intersindical también ha cuestionado el nuevo movimiento judicial contra el catalán, argumentando que es una sentencia “no compartida por la mayoría” de los docentes que deben ejecutarla. “La Intersindical continuaremos trabajando en el marco de la plataforma Pública y en Catalán para dar una respuesta mayoritaria de la comunidad educativa a los ataques judiciales contra la escuela catalana”, comentan en un primer comunicado breve.
Òmnium Cultural también ha lamentado la nueva decisión judicial. «Están obsesionados con la escuela catalana», ha tuiteado en las redes. «Ya avisamos que este 2026 tocaría defender la escuela catalana. La nueva orden del TSJC contra el catalán en la escuela da un paso más en la pretensión del tribunal de decidir sobre el uso de las lenguas, al margen de los criterios de la comunidad educativa y de la soberanía del Parlamento de Cataluña», ha añadido el presidente de la entidad, Xavier Antich.
