El mismo día que la sala penal del Tribunal Supremo ha ordenado ejecutar la sentencia contra el ya exfiscal general del Estado, Álvaro Garcia Ortiz, la misma magistratura ha condenado a otra fiscal por un caso similar. En concreto, la sala tercera del Tribunal Supremo, la contenciosa administrativa, ha ratificado la sanción de 800 euros que el mismo fiscal general, ahora condenado, le impuso el 13 de diciembre del año pasado por una infracción disciplinaria grave por haber filtrado un borrador de sentencia a un medio de comunicación.
La resolución, de 25 páginas y a la que ha tenido acceso El Món, desestima el recurso impuesto por la fiscal sancionada, que alegaba infracciones en el procedimiento disciplinario. Los magistrados consideran que se actuó correctamente y que la sanción fue proporcionada y de acuerdo con el Estatuto Orgánico del ministerio público.
Según los hechos probados de la sentencia, la fiscal comunicó por teléfono a la acusación particular el sentido del borrador de sentencia del sumario penal 15/2020, seguido en la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona por un delito de agresión sexual cometido sobre un hombre, y, posteriormente, lo filtró a un medio de comunicación.
«Sabía que era un borrador»
Los magistrados remarcan que la fiscal había obtenido la resolución mediante una consulta solicitada a una funcionaria, que le imprimió una copia y le advirtió que no estaba firmada ni notificada a la Fiscalía y al procurador. La noticia sobre el contenido del borrador fue publicada por el diario, y después de haberse conocido la publicación, el órgano judicial tuvo que dictar providencia manifestando a las partes que aún no se había dictado sentencia definitiva en el procedimiento. De hecho, el borrador fue borrado del sistema informático. El Supremo considera que hay suficientes indicios para justificar la declaración de responsabilidad que recogió la resolución disciplinaria del ministerio público.
