Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han abandonado la sede del PSOE en la calle de Ferraz de Madrid alrededor de las 14:30 horas de este viernes, después de tres horas en el edificio para clonar el correo electrónico del hasta la semana pasada secretario de organización de los socialistas españoles, Santos Cerdán. La UCO ha entrado tras el nuevo auto del magistrado de la Sala Penal Leopoldo Puente, instructor de la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra el exministro y diputado José Luis Ábalos, y del exdiputado socialista Santos Cerdán. La resolución del magistrado, de 46 páginas y a la que ha tenido acceso El Món, el magistrado va al grano. Así autoriza a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a investigar cuentas y productos bancarios de los investigados y sus comunicaciones desde el correo corporativo tanto de Ábalos como de Cerdán, tanto del partido como del gobierno o institucional.
En el paquete también se incluyen los cinco empresarios señalados en el informe de la UCO que supuso la dimisión del ya exsecretario de organización del PSOE. Una investigación ingente porque podrían llegar a 500 cuentas bancarias con las que trabajaban los apoderados de las empresas investigadas. Puente, que retiene el caso por el aforamiento de Ábalos, concluye que hay suficientes indicios para considerar que Cerdán podría haber participado, actuando de manera común con el aforado, en la percepción de premios económicos a cambio de concesiones irregulares de obras públicas». De hecho, apunta que podría haber sido Santos Cerdán el encargado de cobrarlas. El juez rechaza aportar el original del contrato de compraventa de acciones que la defensa de Cerdán ha reclamado.
Más declaraciones y más investigados
El instructor también ha acordado citar entre el 4 y el 7 de julio, con la condición de investigados, a cinco empresarios (Antonio y Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino Vera, José Ruz Martínez y Joseba Antxon Alonso Egurrola), como personas que, “en su condición, al menos, de administradores de hecho de determinadas adjudicaciones a favor de estas de concretas obras públicas a cambio de precio”.
El magistrado también resalta los indicios consistentes contra Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF y Herrero, exdirector general de Carreteras, pero, al ser «instrumentales», deben ser investigados por un tribunal ordinario. También requiere a ADIF y a la dirección General de Carreteras documentación relativa a la licitación de cinco obras en ADIF (Sant Feliu de Llobregat, El Mayor, Murcia, Monforte y Asturias) y de seis en la Dirección General de Carreteras (Logroño, Sevilla, Asturias, Úbeda, Teruel, Camino de Santiago).
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