Cuenta la leyenda que Philip Merilees, un reconocido meteorólogo, propuso a su ilustre colega Edward Norton Lorenz que titulara su conferencia sobre la sensibilidad de la atmósfera en unas condiciones determinadas con un comprensible ¿El batir de las alas de una mariposa en Brasil puede provocar un tornado en Texas?. La idea, sintética y gráfica, se convirtió en una de las frases científicas que más éxito ha tenido en la cultura popular. De hecho, la idea de Lorenz, resumida por Merilees, es aplicable a todas las atmósferas y, en especial, a las siempre complejas biosferas políticas. Y si hay un caso que demuestra esta máxima es la operación Cataluña. De hecho, es un paradigma.
La prueba es que el juicio contra los Pujol Ferrusola en la Audiencia Nacional ha resonado con fuerza en Andorra e incrementado la actividad judicial e investigadora en las causas vivas relacionadas con el caso en los tribunales del principado. Es decir, la querella interpuesta por el Institut de Drets Humans de Andorra y Drets –donde constan como investigados Mariano Rajoy y sus ministros del Interior y de Hacienda, Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro–, las causas abiertas contra la gestión de la Banca Privada de Andorra (BPA) –la entidad donde los Pujol tenían el dinero oculto del fisco español– y la causa Anacleto, es decir, la causa abierta para ayudar a Rajoy y que se dirige contra los propietarios de la BPA y el comisario ahora jubilado José Manuel Villarejo.
Las declaraciones de miembros de la policía patriótica en las últimas jornadas del juicio contra los Pujol en la Audiencia Nacional han vuelto a abrir la caja de los truenos. Todo a raíz del reconocimiento de las operaciones clandestinas en Andorra por parte de miembros de la policía patriótica, que han quedado recogidas en el acta del juicio oral. Además, se ha incorporado la declaración de Villarejo del pasado 4 de noviembre en los juzgados andorranos, que reforzó el contenido de los documentales aportados y que ha hecho mover la causa contra el comisario en Andorra.
Una declaración, clave
Los abogados de Higini Cierco, copropietario de la BPA, y su CEO, Joan Pau Miquel, han registrado un denso escrito en el juzgado que investiga la trama andorrana de la operación Cataluña, al cual ha tenido acceso El Món, donde aportan la declaración del 11 de marzo, como testigo, de Celestino Barroso, inspector del Cuerpo Nacional de Policía y ex agregado de Interior en la embajada de España en Andorra.
Una declaración en la que el policía reconoció, ante el tribunal de la Audiencia Nacional que preside el magistrado José Ricardo de Prada, que en el año 2014, mientras era el encargado de la política de seguridad en la legación diplomática española en el principado, contactó con Cierco y luego con Miquel, a quienes presionó con el fin de que se reunieran con un tal Félix Rodríguez, que en realidad sería el entonces comisario de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía, Marcelino Martín Blas.
El escrito recuerda que Barroso afirmó que le encargaron que «dijera que el Banco Madrid tenía problemas y que si se entrevistaban podían ayudar a solucionarlos». Una manifestación que los letrados de Cierco y Miquel califican «de especial relevancia, porque corrobora, de manera directa, la existencia de un acercamiento orientado a obtener un encuentro y a trasladar a los querellantes un mensaje de clara presión, vinculado a la situación de Banco Madrid y a la oferta de una eventual intervención favorable condicionada a aquella entrevista».
Impulsar la causa por un hecho corroborado
La declaración de Barroso en la Audiencia Nacional ha sido recibida por los querellantes de la causa contra Rajoy y su cúpula de Interior como agua de mayo. Así, recuerdan que el 4 de octubre de 2017 se aportó en el mismo juzgado instructor una grabación de la conversación mantenida el 2 de junio de 2014 entre Joan Pau Miquel y Celestino Barroso en el despacho del CEO, en la sede de la BPA. También se añadieron todos los detalles de los mensajes que, vía SMS, Barroso remitió a Miquel alrededor de los meses de junio y julio de 2014 en el contexto de aquella grabación.
Consideran que, con la grabación y los SMS, ya quedaba acreditado no solo el hecho de que «el Estado español por vía de sus emisarios contactó con quien era en aquellos momentos CEO y accionista de BPA, sino también la voluntad persistente de insistir en este contacto con la finalidad de obtener información, y esto mediante amenazas y coacciones». Pero defienden que la declaración de Barroso remacha el clavo. De hecho, los encuentros también fueron certificados por Martín Blas en su declaración en la Audiencia Nacional, donde dio más detalles que en su declaración al sumario de Andorra.
Así, los querellantes sostienen que estos «documentos constituyen, por sí mismos, un principio de prueba sólida, directa y singularmente relevante de los hechos denunciados, en la medida que permiten acreditar de manera objetiva, no solo la existencia de contactos, sino también su contexto, contenido y sobre todo la finalidad perseguida». En este sentido, concluyen que se confirma «principalmente el carácter coactivo e intimidatorio de las actuaciones descritas, el contexto en que se produjo y la finalidad buscada». En consecuencia, reclaman dar «un impulso efectivo a la investigación, evitando más dilaciones y promoviendo con la máxima celeridad las diligencias que sean pertinentes para el esclarecimiento de los hechos». Este movimiento ya ha tenido repercusión en Andorra, ya que ha activado la fiscalía, el resto de partes en el mismo procedimiento y las esferas políticas, que aprietan los dientes ante las evidencias que han salido en el juicio de los Pujol y cuando la primera condena de la BPA está pendiente de recurso.
Villarejo, obstaculizado
Por otro lado, hay otra declaración en el caso Pujol que también es bidireccional en Andorra. El hecho de que el comisario Villarejo lanzara balones fuera en la vista de la Audiencia Nacional ha revivido la causa Anacleto, que en 2022 se abrió contra los hermanos Cierco, Alberto Pedraza y Villarejo por un delito contra el prestigio de las instituciones, asociación ilícita y blanqueo de capitales. Una causa por unos supuestos encargos de los Cierco a Villarejo para elaborar las notas de inteligencia que habrían servido para documentar la querella andorrana contra Rajoy.
Esta instrucción remitió una comisión rogatoria internacional (CRI) al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, comandado entonces por Manuel García-Castellón, que instruía la causa Tándem. La CRI pedía todo tipo de información como indicios para recoger la causa. El 8 de febrero de 2023, el magistrado García Castellón denegó las peticiones porque, entre otros motivos, había información clasificada. De hecho, en esta causa ya habían declarado los hermanos Cierco y aún quedaban por declarar Villarejo y Pedraza.
Como no se han recogido pruebas, las defensas de Cierco pidieron el archivo de la causa el 31 de julio de 2025. La fiscalía andorrana, sin embargo, se opuso, en un escrito del 9 de septiembre. La explicación se entendió después. Al saber que Villarejo declaraba el 4 de noviembre en la causa contra Rajoy, lo citó. Ahora bien, la jueza instructora de la causa Anacleto desconocía que Villarejo declaraba como testigo y no como imputado, y por tanto ahora la citación por parte de las defensas de Cierco, se interpreta como una «intimidación judicial contra un testigo antes de declarar». Un hecho que aún ha enredado más la situación. Por eso, la discreción de Villarejo en el juicio de los Pujol que intenta eludir la causa andorrana contra él una vez dio todos los detalles y pistas sobre la trama andorrana en su declaración testimonial del 4 de noviembre. Una situación que neutraliza una causa, la Anacleto, orquestada para contrarrestar el sumario andorrano que mantiene como imputado a Rajoy, Fernández Díaz, Montoro y la cúpula de Interior durante su gobierno. Paralelamente, Fernández Díaz está procesado en el caso Kitchen –que estos días se juzga en Madrid– y Montoro es investigado por un juzgado de Tarragona por una trama para defraudar Hacienda.
