Si fueran policías ya haría meses que estarían amnistiados, pero son académicos y juristas soberanistas. Solo así se explica la resistencia del titular del Juzgado Penal número 11 de Barcelona a aplicar la ley del olvido penal para los independentistas a los miembros de la sindicatura electoral del Uno de Octubre. Tanto es así que las defensas presentaron sendos escritos reclamando que se aplique de una vez la amnistía a la vista de que, a pesar de haber sido solicitada, duerme el sueño de los justos en la oficina judicial.
Ante la última petición, el juez ha dictado una nueva providencia de una sola página, a la que ha tenido acceso El Món, en la que lejos de rectificar se remite a otra providencia del 30 de septiembre de 2024. Una resolución que ha hecho levantar el grito a las defensas porque no tiene nada que ver con la amnistía ni con las dilaciones de la aplicación de la ley. De hecho, era un documento que solo proveía unos recursos de dos de los síndicos, Marc Marsal y Tània Verges, interpuestos el 13 de diciembre de 2023, muchos meses antes de que la ley de amnistía fuera aprobada.
Queremos que se cumpla
La defensa de los síndicos Josep Pagès y Jordi Matas exige al juez con un nuevo escrito que se resuelva la petición de amnistía de acuerdo con las previsiones y obligaciones de la misma ley. Un texto que entró en vigor el 11 de junio de 2024 y que establece un carácter preferente y urgente de aplicación, en un plazo máximo de dos meses. «No creemos, sinceramente, que se requiera ningún especial esfuerzo para comprender la literalidad de la norma y la conducta en la que evidentemente está incurriendo este Juzgado por razones que desconocemos, pero que podemos imaginar», aseguran los letrados Isabel Elbal y Gonzalo Boye. De hecho, el juez debe esperar a que se resuelvan las cuestiones de inconstitucionalidad registradas por otros tribunales y que el juez no ha presentado.
Los escritos son especialmente duros porque reprochan al juez que «no hay otra manera de interpretar la norma, sin violentarla» que aplicar la amnistía de manera preferente y urgente. «Hará un año y aún está sin resolver», lamentan los letrados recordando que la aplicación corresponde hacer de oficio, pero que además se ha instado de parte. «Es simplemente negarse a resolver», concluyen los letrados. Según la respuesta del juzgado, los abogados no descartan abrir acciones penales contra el juez por esta resistencia a aplicar la ley.
