Si no quieres caldo, dos tazas. El titular del Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, no podía faltar el día antes de la aprobación por el Congreso de la ley de amnistía. Este lunes ha dictado una nueva interlocutoria con que ha acordado de seis meses más de la instrucción de la causa de Tsunami Democrático. El argumento es la carencia de diligencias para practicar, que todavía resto pendiente el recurso ante la sala de lo penal de apelación y también la decisión del Tribunal Supremo en cuanto a la exposición razonada elevada por el instructor, que el ministerio fiscal ha impugnado. De hecho, el juez remarca en su interlocutoria que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de terrorismo según interpreta con la Directiva europea de terrorismo.
En la resolución, el magistrado no solo insiste, sino que subraya su hipótesis que Tsunami Democrático fue una «organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a cargo suyo». «La finalidad esencial de las cuales era subvertir la orden constitucional, desestabilizar económicamente y políticamente el Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva», apunta el magistrado.
Por otro lado, el juez hace un nuevo recálculo de los plazos y aprovecha para rechazar la expiración del plazo alegada por Josep Lluís Alay. Así contempla que fue el 29 de julio cuando podía prorrogar la instrucción, sin perjuicio de las prórrogas sucesivas por periodos de seis meses o inferiores que pudieran acordarse si procede antes de la finalización de este plazo. Por lo tanto, por el juez está dentro del plazo de la instrucción. En la interlocutoria envuelve también directamente en Òmnium Cultural, en la acusación de delitos de terrorismo.
«Comprometer en España»
Resiguiendo el relato del juez, Tsunami fue «fruto de una planificación efectuada por diferentes personas para la ejecución de acciones de gran envergadura». Así mismo, asegura que tenían «vocación de permanencia, capaces de movilizar una masa de personas de forma que comprometieran la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España«. En este sentido, pose como punto de partida oficial el 28 de agosto de 2019, cuando se presentó en las redes, a pesar de que la planificación «se gestaba desde tiempo atrás».
En este marco, el juez, implica Òmnium de manera desacomplejada en el entramado de Tsunami. «Destaca que Òmnium informara directamente el presidente Puigdemont». «Se puede considerar de acuerdo con la información facilitada por la Guardia Civil que tanto esta fundación como el presidente Puigdemont podrían haber participado en la aparición de la organización», especula el juez al añadir que son hechos que «se tendrán que aclarar en la investigación».
El instructor recuerda que la investigación ha resultado compleja y ha requerido actuaciones fuera del territorio español con la emisión de comisiones rogatorias y Órdenes Europeas de Investigación en los Estados Unidos, Suiza, Canadá, Países Bajos que necesitaron sucesivas ampliaciones, cosa que ha llevado periodos más largos para su ejecución. En esta línea, recuerda que todavía queda pendiente una petición de auxilio internacional, en Francia -la declaración de los familiares del muerto a la terminal 2 por un infarto- y una en Suiza para aclarar la financiación de la organización.
