La sentencia del Tribunal Supremo que obliga al MNAC a devolver las pinturas a la sala capitular del Monasterio de Vilanova de Sixena, en la Franja, pone entre la espada y la pared al gobierno de Salvador Illa. Por un lado, los informes y estudios elaborados por los expertos en restauración advierten que trasladar las obras de un espacio a otro provocaría daños irreparables para las pinturas, que quedaron muy dañadas después de un gran incendio en 1936. Es decir, cualquier intervención en estas obras tendría efectos muy negativos para el patrimonio. Por otro lado, sin embargo, el PSC siempre se ha mostrado contrario a desobedecer las sentencias judiciales. Estos dos escenarios, pues, dificultan al ejecutivo catalán salir bien parado de la sentencia del Supremo que obliga al museo -controlado por un patronato donde están representadas todas las administraciones- a restituir las pinturas a Sixena. O se obedece la sentencia y se dañan las obras, o se desobedece. Y ninguno de los dos escenarios es plato de buen gusto para el gobierno de Illa.
Este miércoles por la tarde, a raíz de la sentencia, la consejera de Cultura, Sònia Hernández, ha comparecido brevemente ante la prensa para dar explicaciones sobre la sentencia del Supremo. Una comparecencia en la que la titular de la cartera ha defendido que la «prioridad» del Gobierno es «la preservación del patrimonio», pero ha evitado dar más detalles sobre cómo pretenden hacerlo y, al mismo tiempo, obedecer la resolución del Supremo. De hecho, a preguntas de la prensa, la consejera se ha limitado a decir que «los servicios jurídicos» de la administración catalana están analizando el contenido de la resolución y, en esta línea, ha avanzado que las decisiones finales las tomará el patronato del MNAC. Teniendo en cuenta que la consejera ha marcado la preservación del patrimonio como una prioridad, pues, ahora el gobierno de Salvador Illa se encuentra contra las cuerdas, ya que siempre se han mostrado partidarios de obedecer las sentencias judiciales que les impongan, pero los informes de los expertos advierten que eso provocaría daños en el patrimonio cultural.
El peso de la batalla política
El caso de las obras de Sixena arrastra mucha cola política. La demanda fue interpuesta por el Gobierno de Aragón, en manos del Partido Popular, y se adhirió al Ayuntamiento de Sixena, encabezado por José Jaime Castellón Bonet (PSOE), que se personó como demandante. Un consorcio que alimentaba la batalla política por el arte de la Franja después de que la Guardia Civil expoliara el Museo de Lleida aprovechando la aplicación del artículo 155. En el proceso fueron demandadas la Administración General del Estado y el MNAC, y se personó como interviniente, en calidad de demandada, la Generalitat de Cataluña. Ahora, esta sentencia del Supremo ratifica la sentencia dictada por la Audiencia de Huesca, que ya confirmaba la sentencia de primera instancia. Es precisamente por este motivo que el exconsejero de Cultura Lluís Puig, el cual había sido acusado de un delito de desobediencia, ha defendido que todas las resoluciones de la justicia «han sido a favor de Aragón».
