Los expertos en series de televisión distinguen dos fases históricas. En primer lugar, las primeras telenovelas que tenían una trama clásica de fondo y cada capítulo un inicio y un final, con una limitación de los personajes que acompañaban al protagonista. Los formatos de los últimos veinte años han transformado esta idea a través de un guion abierto, con muchos personajes que entrelazan diversas historias individuales a lo largo de varias temporadas y que se reencuentran en diferentes escenarios. La España politico-judicial contemporánea ha superado el formato de la histórica Curro Jiménez y ha entrado de lleno en Joc de Trons.
Venezuela es un ejemplo. La ofensiva de la administración de Donald Trump contra el país del Caribe implica a España por la histórica y tortuosa relación entre los dos estados, y es aquí donde se mezclan los personajes y los hechos. Es un caso el de la larga estancia, a veces clandestina, del exjefe de los espías venezolanos en España, el general Hugo Carvajal, alias Pollo Carvajal, esperanza blanca de la derecha española. El Pollo, ahora encarcelado en EE.UU., está pendiente de una vista oral que la derecha extrema y extrema derecha española esperan rezando al cielo para intentar implicar al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en asuntos venezolanos punibles.
Pero otro de los casos es el asunto Delcy o Delcygate. Hubo una larga polémica por la visita al aeropuerto de Madrid-Barajas de la entonces vicepresidenta venezolana y ahora presidenta interina de Donald Trump, Delcy Eloína Rodríguez, cuando la Unión Europea había emitido una orden de prohibir el paso por territorio europeo a cualquier dirigente del régimen de Nicolás Maduro. Una reunión de veinte minutos, con varias versiones, con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que terminó en la mesa del Tribunal Supremo. El caso fue archivado por la sala penal con un diligente auto del magistrado Manuel Marchena. Ahora, la intervención estadounidense en el país caribeño y el caso Koldo vuelven a poner el foco sobre el Delcygate, con el descubrimiento por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) de las relaciones entre Delcy, el empresario Víctor de Aldama y el tándem formado por Ábalos y Koldo García.
Un avión Falcon y una reunión
Según recoge la causa especial 20084/2020 del Tribunal Supremo, el caso se remonta al 20 de enero cuando un Falcon LX de la aviación venezolana aterrizaba en Barajas procedente, tras nueve horas de vuelo, del aeropuerto de Maiquetía, en Caracas. El avión llevaba una pasajera clave en la estructura institucional de la república bolivariana, su vicepresidenta. De la prueba recogida en el sumario, que impulsó una querella de Vox y del Partido Laócrata, se desprende que Delcy entró en el espacio aéreo español a las 23.27 horas del 19 de enero y aterrizó en la pista 33R de Barajas.
A continuación, cuando pasaban cinco minutos de las doce y media de la noche, un vehículo se acercó. Era el entonces ministro Ábalos, que admitió el encuentro. De hecho, cambió varias veces de versión sobre cómo se había celebrado la reunión, unas explicaciones que dio a raíz de la presión mediática que apuntaba que Delcy Rodríguez llevaba maletas llenas de paquetes de dinero que provenían de fondos irregulares de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), la empresa estatal de petróleos. Rodríguez permaneció varias horas en la sala VIP de la terminal ejecutiva de Barajas.
Una especulación que reforzaría la tesis de los partidos de extrema derecha, según la cual el PSOE se financiaba irregularmente a través de dinero que provenía del tráfico de petróleo de Venezuela a través de una trama de blanqueo internacional. De hecho, este caso lo investigaba el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Como recoge el Supremo, en su auto de archivo de 26 de noviembre de 2020, este asunto generó un «impacto político» de primer orden y un ruido mediático ensordecedor. Finalmente, Marchena convenció a sus compañeros de toga de cerrar el expediente del caso, alegando que no se había cometido ningún delito por la entrada a España y posterior entrevista del entonces ministro Ábalos, a pesar de la prohibición «política» de Bruselas. Entendía que ni había prevaricación ni un delito de omisión del deber de perseguir delitos y que no le correspondía al poder judicial controlar una decisión política de entrevistarse con un dirigente internacional a pesar de que la Unión Europea lo prohibiera políticamente.
Renacimiento con el caso Koldo
La disputa mediática por este caso duró días. Ahora, con la entronización de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela, el panorama político se ha desconcertado. Básicamente, porque ha sido el nombre elegido por Trump para dirigir el país y, por otra parte, aparece en los jugosos informes de la UCO sobre las actividades de De Aldama, el delator que ha llevado a prisión al exministro Ábalos y al exnúmero tres del PSOE y firmante con Carles Puigdemont del acuerdo de Bruselas, Santos Cerdán. De hecho, la UCO relaciona a De Aldama, a través del caso Hidrocarburos, con Delcy Rodríguez por los asuntos de la compra de Globalia y el rescate de una deuda con Air Europa de doscientos millones de euros.
De esta manera, De Aldama mantenía, siguiendo el relato de la UCO ahora en manos del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, conversaciones a través de la aplicación Threema, donde el empresario actuaba como interlocutor de Ábalos, en el sentido de que era el negociador entre España y Venezuela por Air Europa y Globalia. Además, la Guardia Civil sospecha que en 2019 Delcy Rodríguez y De Aldama tenían entre manos una operación de compra de oro clandestina, por valor de casi 69 millones de dólares, que se traficaría a través de Moscú y Zambia. Una investigación que se ha desdoblado en el caso Mascarillas, a punto de ser juzgado, y en el caso Cerdán de presuntos cobros de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. De hecho, los agentes de la UCO, que califican de «relación de complicidad» la que tenían Delcy y De Aldama, quien habría organizado el encuentro en Barajas.
