Sin fisuras y más después de la división en la sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad a la ley de amnistía. El pleno del Tribunal Constitucional ha inadmitido por unanimidad todas las recusaciones contra los magistrados conservadores Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías planteadas en los recursos de amparo del presidente en el exilio Carles Puigdemont, Toni Comín, y de los consejeros condenados por malversación Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull. También se ha desestimado la recusación de Vox contra el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido.
Las defensas pedían que no pudieran participar en las deliberaciones de los recursos de amparo contra la decisión del juez instructor de la causa del Procés del Tribunal Supremo, Pablo Llarena , de mantener las euroórdenes y de no aplicar la amnistía al delito de malversación. Es decir, sobre el levantamiento de las medidas cautelares. La decisión, sin embargo, afectará poco a la intencionalidad del Tribunal que formará tribunal con una mayoría de siete miembros progresistas y cinco conservadores.
Todos pueden deliberar
La tesis del TC ha sido respetar su jurisprudencia sobre las recusaciones y ha evitado apartar a cualquier magistrado, teniendo presente que Macias sí fue apartado del recurso de inconstitucionalidad sobre la ley de amnistía por haber firmado un documento contra la aplicación de la ley. Las recusaciones de los tres magistrados conservadores por parte del abogado Gonzalo Boye forzaron al TC a aplazar la admisión a trámite de los recursos de amparo presentados por Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig.
Por su parte, Enrique Arnaldo advirtió su incomodidad participando en la deliberación del recurso de Lluís Puig, cuando su imparcialidad estaba en duda por las dos personas que se encontraban en la misma situación, Espejel y Macias. En todo caso, una vez rechazadas las recusaciones, durante el primer pleno del mes de octubre el tribunal podrá aprobar la admisión del trámite de los recursos de amparo contra la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de mantener las euroórdenes y de no aplicar la amnistía.
