La funcional sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, en Madrid, será de nuevo este lunes el escenario de otra operación de estado contra el independentismo. El edificio que había sido almacén de Galerías Preciados, los grandes almacenes que expropió el gobierno de Felipe González al extravagante empresario José María Ruiz Mateos, hace las funciones de la sala de vistas donde se juzgará a Gonzalo Boye, el abogado del presidente en el exilio, Carles Puigdemont. La Fiscalía le pide 9 años y 9 meses de prisión para Boye por el supuesto blanqueo de casi 900.000 euros del narcotráfico y también le atribuye un delito de falsedad documental. Además, de la petición de la pena de prisión, el ministerio público pide que lo condenen a pagar dos multas que, sumadas, ascienden hasta los 3,1 millones de euros.
Un juicio, que se alargará hasta febrero que llega a raíz de la macrocausa Mito, con más de 50 procesados. El juicio tiene como principal encausado a Sito Miñanco, el alias de José Ramon Prado Burgallo, por tráfico de drogas, organización criminal y blanqueo de capitales. En realidad son cinco juicios en uno. Precisamente, uno de ellos será el caso de blanqueo donde el fiscal Ignacio de Lucas, ahora promocionado a la fiscalía europea, y la magistrada titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, Maria Tardón, han dirigido la instrucción contra el letrado del exilio.
Un contexto de acusación prospectiva
Ha sido una investigación con perfume de prospectiva –porque la operación de supuesto blanqueo fue avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y por el Sepblac, el Servicio de Prevención y Blanqueo de Capitales del Banco de España–, con dos robos en el despacho profesional de Boye, con testigos clave que han obtenido beneficios penitenciarios tras declarar contra Boye y con anotaciones posteriores en las actas de los registros. Todo ello contra un letrado que ha sido uno de los objetivos más codiciados por el espionaje con Pegasus.
Además, la acusación llega después de que en el año 2020 la Audiencia Nacional cambió diametralmente de doctrina, con una maniobra que hizo poner las manos en la cabeza a magistrados y fiscalía, sobre las prescripciones de las responsabilidades civiles de las condenas por terrorismo para embargar al abogado a raíz de una condena de hace más de 30 años por el secuestro de Emiliano Revilla. Además de esta causa, Boye está investigado, con la instrucción detenida por la Audiencia de Barcelona, por un delito de traición en la causa delirante sobre la trama rusa del Proceso en el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona.
Vulneraciones de derechos
La defensa de Boye ha planteado el caso como una vulneración flagrante de los derechos y garantías del investigado. De hecho, en su escrito de defensa aportaba una multitud de vulneraciones de derechos y de garantías procesales que tenían el objetivo de poder acusar a Boye por un caso de recuperación de 889.620 mil euros confiscados en el aeropuerto de Barajas el seis de febrero de 2017. Un encargo profesional de otro de los acusados del caso, Manuel González Rubio.
De hecho, recuperó buena parte del dinero con el aval del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la sala del contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en ningún caso detectaron delito alguno. Es más, el TSJM obligó a devolver el 50% de la multa impuesta en primera instancia. Todo un caso que estaba dado y bendecido, porque ni Hacienda, ni la policía, ni el Sepblac consideraron sospechoso el origen del dinero. Pero una declaración cambió las cosas, curiosamente.
Un testigo de cargo que sale muy beneficiado
El Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional seguía el caso por narcotráfico contra Sito Miñanco, donde Boye aparecía de soslayo por su participación profesional en la recuperación de estos dineros confiscados. Ahora bien, una extraña declaración de uno de los investigados, Manuel Puentes Saavedra, el 24 de julio de 2019, abrió el caso contra el abogado, cuando ya había obtenido notorias y decisivas victorias judiciales en defensa del exilio. Esta declaración, según los abogados del letrado de Puigdemont, “provocó que el procedimiento se dirigiera contra Boye, por lo cual se dictaron en la pieza separada de blanqueo de capital, que entonces estaba secreta, dos actuaciones de entrada y registro tanto en su domicilio particular como en su despacho profesional”.
Según el equipo de defensa, esta oportuna declaración de Puentes Saavedra provocó un “cambio relevante y sustancial en su situación personal, porque se decretó su libertad a los pocos días de acusar a Boye”. Y el 21 de octubre de 2019 se dictó la interlocutoria de entrada al despacho y al domicilio del abogado de Puigdemont. Sería la primera entrada oficial al despacho y la vivienda del abogado. Una entrada que permitía y reclamaba, según la resolución judicial, “el descubrimiento de nuevos expedientes en que pudiera haber participado para justificar la procedencia de dinero de origen ilícito que hubieran sido intervenidos por la Secretaría General del Tesoro”. Comenzaba una investigación que la defensa de Boye califica de «prospectiva de manual», porque “se solicitó que se registrara su vivienda, el despacho profesional, sus dispositivos electrónicos y su teléfono móvil para averiguar en qué otros procedimientos o expedientes había intervenido como letrado ante la Secretaría General del Tesoro, aunque no tuvieran nada que ver con el caso Mito».
Se suma la UDEF
En todo este escenario, hizo entrada la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía. Una unidad que últimamente ha quedado tocada tanto por el caso Anodino como por la operación Cataluña a raíz de los informes y audios presentados en el Congreso por el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, que retratan esta unidad como una de las piezas clave de la policía patriótica y la cloaca del ministerio del Interior.
Así, los abogados de Boye recuerdan, y lo insistirán en la vista oral, que los agentes de esta unidad fueron los que encontraron en los registros dos documentos. Uno titulado Contradicciones de la declaración de Manuel Puentes Saavedra, que analiza las contradicciones de Puentes Saavedra con un trabajo a doble columna donde se incorporan los chats de WhatsApp con el cliente de Boye, Manuel González Rubio, que es quien lo contrató para recuperar el dinero. El otro es un “Informe jurídico sobre blanqueo de capital”, sobre doctrina y jurisprudencia de este hecho delictivo. Dos documentos que los letrados del abogado remarcan como documentos de trabajo sobre la estrategia de su defensa. Además, la UDEF, el 20 de diciembre de 2019, emitió otro informe para combatir la línea de defensa del abogado.
Un nuevo juicio político
El juicio se prevé largo, pero conciso a la vista del hecho de que el presidente del tribunal es el magistrado Félix Alfonso Guevara, -el mismo que juzgó los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils. Decenas de testigos y un buen grueso de prueba documental para casos que, a veces, pueden parecer inconexos: un barco holandés con droga, un tiroteo en un club de tiro, la pieza de blanqueo, el tráfico de drogas y un caso importado de Colombia. Todo un revoltijo que pone los pelos de punta a muchas de las defensas.
Ahora bien, a la vista de todo ello, el hecho de sentar a Boye en el banquillo de los acusados tiene una lectura política indiscutible por su papel en la defensa del exilio independentista. Con una instrucción orientada a imputarlo por unos hechos paralelos a la gran causa que instruía la Audiencia Nacional alrededor de la actividad de Sito Miñanco. Incluso, organizaciones de abogados europeos perciben el olor a juicio político a Boye, escondido en un caso de blanqueo, reinterpretando unos hechos que ya pasaron por todos los controles administrativos y judiciales.
