La Guardia Civil es uno de los factores clave en el caso Leire, la supuesta trama del PSOE que buscaba entorpecer causas judiciales y policiales contra la formación, el gobierno español, Pedro Sánchez y su entorno. De hecho, es uno de los puntos en los que la policía instructora del caso, la Unidad Central Operativa, la UCO, más ha incidido en los principales atestados que han entregado al juez instructor de la causa, Santiago Pedraz, titular del Tribunal Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. De hecho, esta semana, la directora del instituto armado compareció en el Senado para negar que «jamás» ha influido en ninguna investigación de la UCO y quitó hierro a sus reuniones con Leire Díez, coordinadora de la presunta trama.
En todo caso, el atestado central de la instrucción, el 89/26 y el informe ampliatorio 98/26, intentan explicar cómo fueron las actuaciones de los imputados en el supuesto entramado socialista para convertir en «objetivos de interés» tanto a la UCO como a sus integrantes. Precisamente porque era la policía instructora en la mayoría de causas que acosan al PSOE. En cambio, es la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera, la UDEF, del Cuerpo Nacional de Policía, la encargada de la investigación de José Luis Zapatero y el caso Plus Ultra. Por eso, y siguiendo el mismo relato que comparte magistrado instructor, fiscalía anticorrupción y los investigadores, la estructura del PSOE habría dirigido sus actuaciones a desmontar las causas sobre fraude de hidrocarburos y sobre todo, a encontrar información concreta de operativos y mandos de la UCO para desacreditar investigaciones sobre el PSOE.
Precisamente, este segundo punto es el que ha aportado información más concreta sobre qué buscaba la trama socialista, a raíz de sus contactos con el comandante de la Guardia Civil, Ruben Villalba, investigado en el caso Koldo. Villalba declaró ante sus compañeros de uniforme el pasado 28 de mayo. La declaración, a la que ha tenido acceso El Món, admitió las reuniones con Leire y aportó «dos actas» donde especificaba su contenido. Dos documentos confidenciales que aportó a sus superiores y al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid que inició las pesquisas del caso. Los dos documentos son todo el programa de actuaciones que la supuesta trama tenía pensado llevar a cabo y que se ha convertido en oro para los investigadores.
Dos reuniones, dos actas
Villalba había sido jefe de información de la Guardia Civil en Intxaurrondo, uno de los cuarteles con una reputación discutida. Después trabajó en las Unidades Centrales Especiales (UCE 1 y 2) del instituto armado, la élite del servicio de información del cuerpo. Villalba tenía conexión con Koldo Garcia, asesor de José Luis Ábalos en el ministerio de Transportes y con el empresario Víctor de Aldama. De hecho, Villalba fue quien les dio los teléfonos móviles «seguros» que habrían utilizado para construir el fraude de las Mascarillas, por los que han sido juzgados por el Tribunal Supremo y están pendientes de sentencia.
La conexión con el comandante Villalba la hizo Leire Díez a través de Francisco ‘Fran’ Ortega, que habría conocido a la fontanera del PSOE durante su etapa en Correos, donde era adjunto a la dirección de Seguridad de la empresa. Ortega y Villalba se conocían de su etapa en Euskadi, cuando era escolta. Los contactos entre Díez, Villalba y Ortega habrían comenzado en febrero de 2025, apunta un whatsapp localizado en la investigación con fecha de 21 de febrero de 2025, donde Ortega le comunica que un contacto se ha encontrado con Villalba y que está «dispuesto» y le propone «dar forma». (página 258)
Finalmente, conciertan un encuentro el 10 de marzo de 2025, en la Sidrería El Embarcadero, un encuentro del cual hay fotografías. De este encuentro, el comandante levantó un acta de 45 puntos donde detallaba los asuntos que presuntamente habían tratado. Una nueva reunión, celebrada el 26 de marzo siguiente reforzó el interés de los encuentros. El comandante también elaboró un acta de la reunión estableciendo punto por punto el contenido de lo que se había discutido. Después de esta reunión, el oficial del instituto armado cortó cualquier contacto y, curiosamente, la información de los encuentros fue publicada en el diario El Mundo, una difusión que hizo saltar las alarmas entre Leire y Ortega.
«Desmantelar la Guardia Civil»
Los documentos aportados por el comandante Villalba detallan que estuvieron tres horas y media reunidos. «Se habló de intentar desmantelar la Guardia Civil y aquí es donde yo entraría», escribe el oficial del instituto armado. En este sentido, le proponen que explique información delicada sobre la Guardia Civil y de algunos mandos como el Teniente Coronel Antonio Balas, responsable del departamento de delitos económicos de la UCO y que instruyó las causas Koldo y el caso Hidrocarburos que ha generado buena parte de las investigaciones del PSOE.
En el paquete incluyen a Juan Vicente Bonilla, capitán de la UCO e investigador en los mismos casos, el coronel Rafael Yuste y el comandante Redondo, -exmarido de una potentísima exlíder de Vox, Macarena Olona, así como de Manuel Sánchez Corbí, retirado, histórico jefe de la UCO, del que la trama suponía que podía tener mucha ascendencia sobre la Unidad. Uno de los otros nombres del que reclamaban información era el de Francisco José Vázquez Aznárez, alias «Coronel Pape«, jefe de Información de la UCE-2, especialista en terrorismo yihadista y hombre que domina los resortes del instituto armado y que «fichó a Koldo y Aldama» como confidentes del poderoso Servicio de Información de la Guardia Civil. De hecho, ambos fueron condecorados. De la misma unidad de información también piden datos sensibles sobre el coronel Ismael Abad.
También le reclaman información sobre el Teniente coronel Basilio Luis Sánchez Portillo, involucrado en la operación Cataluña, sobre todo en la trama andorrana para encontrar datos financieros de los Pujol en la Banca Privada de Andorra. El documento indica que «tienen muchas pruebas contra la Guardia Civil» y que «se han planteado ir contra todo el cuerpo como un elefante en una tienda de porcelana» para «mover los cimientos de la institución» y «retirar los elementos subversivos».
Tres opciones
Según relatan los documentos aportados por Villalba, la supuesta trama que le pedía información comprometida de los mandos de la Guardia Civil sobre la persecución al PSOE o sobre la operación Cataluña, así como la connivencia con fiscales anticorrupción como José Grinda, le propuso tres opciones. En primer término reunirse con la fiscalía para «explicarles la dinámica de funcionamiento de la Prefectura de Información y de la UCO». En segundo lugar, le proponen ponerse a disposición del Cuerpo Nacional de Policía para «destapar todo lo que no está saliendo o explicando en todas estas causas judiciales y que también irán contra la Guardia Civil con toda la información que tienen más la que pueda explicar Villalba». Y en último lugar, ser la «mano derecha» de la directora de la Guardia Civil, para detallar «la dinámica» de estas unidades y poder «tomar medidas». A cambio, le devolverían su «reputación» y posiblemente podrían conseguirle un destino de oro en alguna embajada, como la de España en Roma.
La intención era «remover los cimientos de la Guardia Civil, de la Generalitat y del Servicio de Información para hacer limpieza». Leire le habría apremiado para poder abrir diligencias de investigación a finales de abril. Sobre todo, para reventar las actuaciones de la UCO en el caso Hidrocarburos que harían caer el resto de causas y de la Operación Cataluña, porque hasta ahora parecía que el instituto armado hubiera quedado al margen. Finalmente, Villalba le hizo llegar un mensaje a Leire para que «nunca más volvieran a contactar» porque «no ofrecían ninguna propuesta clara más allá de presionarme para que les diera información sobre mandos de la Guardia Civil, hecho al cual me negaba».
