Despliegue de toda la fuerza jurídica de los procesados por la operación Judas en la sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para la vista oral de las cuestiones prejudiciales presentadas por la Audiencia Nacional. Una vista protagonizada por Vox y la Asociación de Víctimas del Terrorismo que son acusación popular en un procedimiento abierto por terrorismo. Esta sala la Gran Sala ha prestado atención a los abogados defensores de los 12 CDR investigados que fueron detenidos tres semanas antes de la sentencia del Procés.
Las prejudiciales contenían preguntas como si era contrario al derecho de la Unión Europea poder amnistiar delitos de terrorismo y si la ley tenía un componente discriminatorio. El argumentario de las defensas ha sido en bloque: la ley de amnistía no pone en riesgo la lucha antiterrorista ni en España ni en Europa, y no discrimina, porque también se ha aplicado a policías y personas no independentistas.
En definitiva, los letrados de los procesados han argumentado que la amnistía solo supone la exención temporal y concreta de la normativa española y europea antiterrorista, pero no su «derogación total». De hecho, es un argumento bastante similar al que ha defendido el Tribunal Constitucional en la sentencia que avala la ley del olvido penal por el independentismo. Los abogados han aprovechado para repartirse las cartas del argumentario aprovechando la oportunidad de que son doce procesados y les permite tener más intervenciones. Todo ello en el marco de que a ninguno de los acusados se les atribuye ninguna violación de los derechos humanos, no causaron ninguna víctima y en el procedimiento no se ha personado ninguna acusación particular ni hay pendiente ninguna responsabilidad civil.
«Jurídicamente legítima»
El debate aportado por las defensas también ha incluido la legitimidad de la ley. Así, Xavier Monge ha enfatizado que el debate en el TJUE no es sobre la oportunidad política de la ley de amnistía o su efectividad para resolver el conflicto político catalán, sino simplemente sobre si jurídicamente es legítima. Una legitimidad que los abogados defienden. En el mismo sentido, el letrado de Alerta Solidària ha recordado que la ley no discrimina porque se han amnistiado policías y guardias civiles que poco tienen que ver con el independentismo.
Uno de los otros argumentos lo ha esgrimido el abogado David Aranda. En resumidas cuentas, Aranda ha insistido en que la amnistía deroga parcialmente y temporalmente el Código Penal español. Por tanto, no se puede aplicar teóricamente la normativa europea a los posibles amnistiados. De hecho, para el letrado el derecho europeo debe transponerse al derecho español y, en este caso, no se habría hecho. Al fin y al cabo, ha recordado que la Comisión Europea no inició ningún procedimiento contra la amnistía por posible incumplimiento de la normativa europea antiterrorista. Para este letrado, la amnistía «es una decisión política».
Por otro lado, el abogado Carles Perdiguero, ha señalado que «el efecto útil de la directiva europea no se ve afectado por la amnistía», ya que la ley antiterrorista sigue en vigor. En síntesis, destaca que es una ley singular que no cambia la normativa europea. Una razón que también ha apoyado Eva Pous que ha negado el concepto de autoamnistía. Montserrat Vinyets ha dicho que la ley de amnistía solo puede ser revisada por el Tribunal Constitucional y ya lo hizo hace unas semanas. Además, asegura que la legislación antiterrorista española es mucho más amplia que la europea.
